La esfera mediática convencional vuelve a plantear el debate del embargo de armas a Israel desde la reciente noticia, aplaudida por determinados sectores de la “izquierda”, del “acuerdo” entre la mayoría de fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados para debatir la reforma de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, que contiene la exigencia de poner fin al comercio de material bélico con Israel. Para ello, se han puesto de acuerdo PSOE, Sumar, Podemos, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG, frente a la oposición de PP, UPN y la extrema derecha de VOX.
Se trata de una “exigencia” de años realizada por grupos sociales y organizaciones pro-palestinas que tiene el respaldo de una inmensa parte de la población civil y que fue presentada el pasado 11 de julio de 2024 en la Cámara Baja de las Cortes Generales. Con esta reforma se pretende poner fin a la venta de armas a países o Estados señalados por cometer crímenes de guerra.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ya dejó clara su postura hace diez meses, cuando la responsable de la Acción Social, Carmen Arnaiz, declaró ante las puertas del Congreso que como organización antimilitarista, la CGT estaba escandalizada con el aumento salvaje del presupuesto para el comercio de armas destinadas a conflictos bélicos en otros lugares del planeta, a la vez que se mantenía a la población trabajadora sumida en la precariedad laboral y sufriendo recortes en servicios públicos esenciales para la vida.
En relación con la masacre que Israel comete en Gaza, Carmen Arnaiz exigió el fin del genocidio y el apartheid del pueblo palestino, recordando que no solo se les estaba asesinando con balas y bombas, sino también se les estaba abandonando y dejándoles morir por enfermedades y hambre.
En cuanto a la reforma de esta Ley, la secretaria de Acción Social de CGT dejó claro que apoyaban la propuesta de modificación aunque ya existe suficiente legislación a nivel internacional que permitirían al Estado español no estar vendiendo armas a genocidas ni ser cómplice en matanzas donde solo un puñado de empresas son las únicas y grandes beneficiadas.
CGT no olvidó mencionar la sospechosa publicidad que se le está dando a este conflicto por parte de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales: “Asustan las infinitas imágenes que tenemos de esta matanza mientras en el mundo hay alrededor de 60 conflictos armados activos de los que no sabemos absolutamente nada, y a pesar de ello se continúa ignorando el sufrimiento de miles de personas y asistimos en directo al asesinato de otras miles”.
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Desde CGT indican si es posible preguntarse si esta “buena intención” que ahora se ha reflejado con los votos favorables de las fuerzas políticas que están de acuerdo en el debate de esta reforma de la Ley 53/2007 tardará mucho en hacerse realidad y cuántas vidas más tendrán que desaparecer en la franja de Gaza para que el Estado español abandone por completo cualquier tipo de relación con un Estado criminal. En este sentido es importante tener claro que, de momento, lo único en lo que se han puesto de acuerdo estas formaciones políticas es su tramitación parlamentaria.
En CGT saben que la voluntad política es nula cuando de verdad importa o es urgente posicionarse ante unos determinados hechos. Desde el 7 de diciembre de 2023, fecha en la que dio comienzo la actual matanza de seres humanos indefensos en Palestina, Israel ha asesinado a más de 55.000 personas, de las cuales muchas han sido menores. Además, quienes han sobrevivido a los indiscriminados bombardeos se enfrentan en estos momentos a una hambruna sin precedentes por el bloqueo de la ayuda humanitaria: aquellos que no hayan fallecido a causa de las balas lo harán por la falta de alimentos básicos o de medicamentos necesarios.
Desde CGT se preguntan qué más hace falta para que un Estado, para que su Gobierno –en el caso del español “el más progresista”-, abandone su política exterior de colaboración y complicidad con la muerte de inocentes. ¿Tiene el Estado y el propio sistema mecanismos políticos para mostrar una verdadera voluntad de no colaboración con un régimen genocida? Al parecer sí, a través de un Real Decreto, “una norma de rango superior” que el Gobierno, en su Consejo de Ministros”, puede aprobar o adoptar ante una situación o un hecho concreto. ¿Qué más tiene que pasar en Gaza para que PSOE-SUMAR den el paso que las movilizaciones ciudadanas están exigiendo desde hace meses en las calles? Para la organización rojinegra, “los gestos no son suficientes, son necesarios hechos y acciones, una verdadera voluntad de poder y querer dar el paso a no colaborar más con países cuyos ejércitos arrasan ciudades, pueblos y terminan con vidas inocentes gracias a su superioridad económica y militar”.
CGT considera que la tibieza del Estado español ante el sufrimiento del pueblo palestino es vergonzosa, así como la de sus representantes, los mismos que han gritado NO a “otras guerras” pero supeditan sus promesas y argumentos electorales a los intereses partidistas nacionales y supranacionales.
CGT exige el fin inmediato de las relaciones con Israel y el desbloqueo de las fronteras que permitan ayudar y paliar el sufrimiento de miles de personas en Gaza.
¡Viva Palestina libre!
Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT
Fuente: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
