Artículo publicado en Rojo y Negro nº 383 de noviembre
Las palabras también engañan. A veces valen por lo que ocultan y desmerecen por lo que muestran. Algo así pasa con los términos para «nombrar» la economía de proximidad. La «econonuestra», la del antiguo «oikos». Ese magma alfanumérico con que se envuelve todo lo que hace referencia a lo más necesario existencial. En este sentido, un signo de los tiempos regresivos que corren aflora en la saga que nos ha llevado de hablar ayer del Estado de Bienestar a hacerlo de Escudo Social hoy, tras chapotear por crisis y pandemias. O sea, de considerar los elementos básicos que determinan el pulso vital de una sociedad como algo inherente a la condición de ciudadano, a devaluarlo con un concepto que nos retrotrae a calendas de la Beneficencia, pero con redoble de resistencia militante. Como si la igualdad ante la ley que prescribe el artículo 14 de la Constitución fuera un oropel que se puede conllevar con la precariedad sistémica.
Viene esto a cuento de la reciente publicación del «Informe AROPE sobre riesgo de pobreza y exclusión social», precisamente cuando se cumple la mitad del mandato de la Agencia 2030. Ese organismo intergubernamental, suscrito el 25 de octubre de 2015 por 195 países, marcaba en un plazo de tres lustros un total de 17 objetivos para culminar un desarrollo global sostenible, justo y equitativo. En su paso del ecuador, el estudio en cuestión revela que la cuarta potencia económica que es España en el conjunto de la Unión Europea (UE), al mismo tiempo es un adefesio computado por sus índices de riesgo de pobreza y exclusión social. En la comparativa de la UE los datos AROPE sitúan a nuestro país en los primeros puestos de desigualdad de los veintisiete. A pesar de algunas mejoras en partidas concretas durante los últimos años, las cifras son casi intolerables. Veamos.
Una destaca negativamente del Informe: un 47,8% de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone 2,9 puntos más que en 2021. Estado de Malestar que se abisma con otro guarismo de clara emergencia social: la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social afecta al 32,2% de los niños y niñas, 2,6 millones de menores de 18 años. Y dado que a nivel general la ratio de este capítulo llega al 26% de la población (800.000 personas menos que en 2021, aunque 1,8 millones más de lo que deberíamos tener para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030), cabría deducir una discriminación añadida sobre los más jóvenes en los hogares vulnerables. En este marco es donde conviene resignificar las otras magnitudes del trabajo realizado por el indicador AROPE, la Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión Europea.
Por ejemplo, la enorme desigualdad existente a nivel territorial, con un claro diferencial norte-sur. Así, mientras País Vasco y Navarra obtienen los mejores baremos, con un 15,7% y un 14,5% de riesgo de pobreza y exclusión social respectivamente, las autonomías de los «derechos históricos» se sitúan a enorme distancia de poblaciones como Melilla (41,32%), Ceuta (40,2%), Extremadura (36,9%), Canarias (36,2%) y Andalucía (35,8%). Por ejemplo, que el gasto dedicado a la vivienda entre gente en situación precaria equivale al 39% de sus ingresos (España es el tercer país de la UE con costes de alquiler más altos a precio de mercado). Por ejemplo, que existe también una brecha entre el mundo rural y el urbano, siendo la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social casi dos puntos desfavorables al primero respecto al segundo (27,6% y 25,8%). El sesgo norte-sur, el rural-urbano y el edadismo semaforizan la flagrante disparidad de clases.
Todos estos registros, con su dramática elocuencia, adquieren una perspectiva más incisiva si los comparamos con los índices que existen en el espacio común de los estados miembros de la Unión Europea (UE), que como nosotros también han sufrido las calamidades provocadas por la crisis financiera de 2008 y la gestión de la pandemia de la COVID-19. Pues bien, la cuarta potencia económica por PIB en ese ranking pasa a ser el quinto país con mayor riesgo de pobreza y exclusión social de los veintisiete, con 4,4 puntos de diferencia sobre la media de toda la UE (21,6%). Por encima, y en peor situación que España, solo están Rumanía, Bulgaria, Grecia (tres veces rescatada) y Estonia, mientras economías menos dotadas como nuestra vecina Portugal ostentan mejores posiciones (20,1%).
Estas son las estadísticas que reflejan los efectos de las políticas estatales macro sobre la realidad social micro. Pero cabe hacer otra lectura aunando responsabilidades en causas y consecuencias que facilite una evaluación de ese tránsito que nos ha llevado desde el Estado de Bienestar al actual Escudo Social de magra intendencia. Y lo primero a consignar es la función distributiva de las Administraciones Públicas: «si no existieran transferencias públicas (incluidas pensiones) casi la mitad de la población española estaría en riesgo de pobreza» (AROPE 2023). Lo que ocurre es que el salvavidas de Papá Estado revela a la vez la incompetencia social de nuestro sistema productivo (cuarta economía de los veintisiete y quinta en precariedad de sus ciudadanos). O sea, que el crecimiento económico por sí solo (las grandes cifras) no reduce el riesgo de pobreza en la misma proporción. Mientras el PIB creció un 19% en el lapso 2014-2019, la tasa AROPE solo bajó en un 1,5%. De suyo, entre el 2007 y el 2022, España ha reducido su convergencia en Europa en 18 puntos (del 103% de renta media comunitaria medida en paridad de poder de compra al 85%), según Javier Elorza, ex embajador ante la UE entre 1994 y 2000.
Hasta aquí el mapa del oprobio. A expensas de que representantes y representados, y sobre la sociedad civil organizada y activada, pongan el interés general en el centro de sus agendas. Disparar los gastos en Defensa; rebajar las penas por malversación de caudales públicos; seguir liderando el paro (el doble de la media UE); mantener la escalada de pisos turísticos y de permisos de residencia a especuladores inmobiliarios (la Golden Visa), no ayudan a luchar contra la precariedad. Especialmente cuando en 2024 retrocedemos al rigor financiero y presupuestario de funesto recuerdo. Tampoco contribuye a la equidad ahondar en la fractura regional existente. Como ha escrito el jurista progresista Luigi Ferrajoli, «la secesión catalana es peor que la del Brexit, porque es una secesión de los ricos respecto de los pobres» (El País, 1/10/2023).
Rafael Cid
Fuente: Rojo y Negro
