Cuando la XVI Conferencia Internacional sobre el Sida celebrada en Toronto toca a su fin, Amnistía Internacional emite un llamamiento urgente a los gobiernos y a la comunidad internacional para que sitúen los derechos humanos en el centro de las respuestas al VIH/sida.
Cuando la XVI Conferencia Internacional sobre el Sida celebrada en Toronto toca a su fin, Amnistía Internacional emite un llamamiento urgente a los gobiernos y a la comunidad internacional para que sitúen los derechos humanos en el centro de las respuestas al VIH/sida.
Después de 25 años de epidemia, no se puede seguir pasando por alto durante más tiempo la necesidad de enfoques del VIH/sida basados en los derechos humanos. Los debates que han tenido lugar durante la conferencia -cuyo lema era «Es tiempo de cumplir»- han puesto de relieve hasta qué punto los enfoques de derechos humanos son inseparables del éxito de las políticas de salud públicas. Amnistía Internacional y otras entidades defensoras de los derechos humanos han llamado la atención sobre ciertas áreas en las que el incumplimiento por parte de los gobiernos de sus compromisos en materia de derechos humanos está socavando la eficacia de las respuestas a la pandemia. Estas áreas incluyen :
Pruebas de VIH. La presión para ampliar las pruebas corre el riesgo de eludir principios consolidados en relación con el consentimiento informado, el asesoramiento y la confidencialidad. Aunque muchos proveedores de servicios apoyan el carácter voluntario del asesoramiento y de las pruebas, algunos responsables políticos y profesionales de la salud influyentes, entre ellos representantes gubernamentales y profesionales de la práctica médica, promueven enfoques que pueden privar a las personas del derecho a tomar su propia decisión informada. Es necesario extender las pruebas del VIH para lograr el acceso universal a tratamiento, atención y apoyo para todas las personas y para contribuir a estrategias de prevención más eficaces. La ampliación de las pruebas del VIH no puede implicar el menoscabo del derecho de las personas a la confidencialidad, el asesoramiento y el consentimiento informado. Las decisiones relativas a las pruebas deben seguir potestad exclusiva de la persona afectada.
Derechos de las mujeres. La ausencia de empoderamiento social, sexual y político de las mujeres y la falta de acceso de éstas a los recursos económicos aumenta la vulnerabilidad de las mujeres al VIH. La violencia por motivos de género, tanto en el ámbito familiar, en la comunidad y en los conflictos armados como a manos del Estado, es una pandemia estrechamente relacionada que incrementa el riesgo de las mujeres a la infección del VIH. Para abordar con eficacia el VIH/sida, es preciso respetar, proteger y realizar los derechos de las mujeres, a fin de permitirles protegerse del riesgo de infección del VIH y fortalecer su capacidad para decidir libremente sobre asuntos relativos a su sexualidad sin ser objeto de coacción, discriminación y violencia.
Infraestructuras de salud. En muchos países, sobre todo en el África subsahariana, numerosos profesionales de la salud mueren a causa del sida o abandonan su país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. La ampliación de las pruebas y del tratamiento requerirá la mejora de la formación de los profesionales de la salud y la intensificación de su compromiso. Los gobiernos deben aplicar estrategias que garanticen el derecho a la salud de su población manteniendo un sector de la salud competente y dotado de personal adecuado.
Marginación social. Las personas que ejercen el sexo como profesión, las que se inyectan drogas, la población reclusa y los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres siguen haciendo sufriendo exclusión, discriminación y criminalización, así como a falta de acceso a las condiciones que permiten a las personas protegerse de la infección de VIH. Es necesario hacer más para garantizar el acceso pleno de todas las personas a las herramientas de prevención y a los tratamientos actualmente disponibles. Las niñas y los niños huérfanos necesitan el compromiso de los gobiernos de garantizar su educación, seguridad y acceso a los servicios de salud.
Cuando más de 30.000 delegados regresan a sus respectivos países desde Toronto para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, la necesidad de que la política de salud pública se inspire en enfoques basados en los derechos humanos es más evidente que nunca. Sólo el respeto de los derechos humanos podrá garantizar el éxito de una ampliación equitativa del acceso universal a tratamiento, atención y prevención.
Fuente: Amnistía Internacional
