Más de 20 empresas europeas serán enjuiciadas en Lima, del 13 al 14 de
mayo en la segunda Sesión sobre Empresas Transnacionales Europeas en
América Latina y Políticas Neoliberales del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP), por violaciones a los derechos humanos en América Latina.
Esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos se realiza en el
marco de Enlazando Alternativas III, la Cumbre de los Pueblos convocado
por la Red birregional Europa, América Latina y Caribe “Enlazando
Alternativas”, en paralelo a la V Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europa – América Latina y el Caribe (UE-LAC). La UE
pretende avanzar en las negociaciones de acuerdos bilaterales de libre
comercio comerciales con las diferentes regiones latinoamericanas
(América Central, Comunidad Andina de Naciones y MERCOSUR) y, así,
garantizar nuevos mercados para las empresas europeas.
En nombre de la competitividad, la estrategia comercial de la UE «Europa
Global : Competir en el mundo» promueve una mayor desregulación social,
laboral y medioambiental. Una de las prioridades de la UE es eliminar
las restricciones de las inversiones para el acceso a los recursos
naturales, y sobre todo energéticos. Además, el comercio internacional y
el modelo agro-exportador son unas de las mayores causas del Cambio
Climático, ahondarlo aun más supone el incremento de emisiones de
carbono y de sus impactos globales. Totalmente contradictorio con las
supuestas pretensiones de la Cumbre UE-LAC en Lima.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue constituido en el 1979
en Italia, tres años después de la adopción de la Declaración Universal
de los Derechos de los Pueblos (Argel, 4 de Julio 1976). Las recientes
sesiones en América Latina revelaron una situación de violaciones
sistemáticas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y graves
delitos ambientales. En 2006 la red birregional “Enlazando Alternativas”
convocó una sesión del TPP en Viena (Austria) donde se expusieron los
casos de 25 empresas transnacionales de la UE. Testimonios vivos,
acusaciones jurídicas e investigaciones exhaustivas revelaron el impacto
de las compañías en sectores como servicios públicos, infraestructuras,
energía, recursos naturales, finanzas y alimentación. Las denuncias
evidenciaron las consecuencias negativas de sus operaciones sobre el
medio ambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos.
En esta segunda sesión que se realiza en Lima, sentadas en el banquillo
de los acusados estarán gigantes como Majaz-Monterrico Metals y Vale do
Rio Doce en el sector de minería y Siderurgia, Roche y Boehringer en la
industria farmacéutica, Shell y Repsol YPF en el sector de petróleo,
Botnia y ENCE en el complejo forestal-papelero, Syngenta en los
agronegocios, Skanska y Thyssen Krupp en la construcción de
infraestructuras, ETI-Telecom en las telecomunicaciones, Unión Fenosa y
Suez en el sector de electricidad, Aguas de Barcelona y Proactiva
(Veolia-FCC) en el sector de agua, Unilever, Camposol, Cermaq Mainstream
y Marine Harvest en el sector de agroalimentación, Bayer por sus
agroquímicos, y el sector bancario representado por BBVA, HSBC y
Santander.[1]
El Tribunal pretende no sólo mostrar los impactos de las empresas
europeas, sino también visibilizar el entramado que sustenta dicho
régimen de impunidad ; es decir los instrumentos (militares, políticos,
jurídicos, financieros) desarrollados y los actores que configuran este
escenario (Gobiernos de la UE y América Latina, organismos
internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y
Organización Mundial del Comercio, etc.).
El Tribunal es una estancia política-ética muy pertinente para ayudar a
evidenciar el doble discurso de la UE, “sacar la mayor partida al
crecimiento económico” (Barrosso) y “luchar contra la pobreza y el
cambio Climático” al mismo tiempo. Las verdaderas prioridades e
intenciones de la UE ha marcado el Comisario de Comercio de la UE, Peter
Mandelson, cuando dijo : “Queremos garantizar que las empresas europeas
competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, deben
poder ganar acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con
seguridad. Ésta es nuestra agenda.”
La sesión del TPP denuncia la no existencia de mecanismos legales
efectivos para avanzar hacia un modelo económico y político en cual las
transnacionales tengan obligación legal para responder ante sus
crímenes. El TPP es un instrumento de justicia muy importante para la
búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las
víctimas.[2]
La audiencia de Lima contribuye además a la visibilización de los
movimientos sociales y las luchas ciudadanas en respuesta a las
violaciones a los derechos humanos de las empresas transnacionales en
ambos continentes.
Notas :
[1] Información más detallada se encuentra en :
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php ?rubrique=3
[2] El TPP esta integrado por cerca de 130 miembros, nombrados por el
Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la
Liberación de los Pueblos ; quienes son personas de una alta reputación
moral absolutamente indiscutible ; en situación de ejercer la función
judicial a un alto nivel, o bien ser hombres de ciencia o personalidades
del mundo artístico, religioso, político, abogados, escritores ; expertos
en derecho internacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario. La base de los juicios del TPP son las convenciones de
derechos humanos, convenciones internacionales y se realizan sin las
ataduras que crean los poderes políticos ; esta por fuera de las
estructuras judiciales de los países y representan de alguna manera la
conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.
Fuente: Ecologistas en Acción
