El abogado Joan Recasens, en la presentación del informe del despacho de Jiménez de Parga, ha destacado que «el Plan de Saneamiento presentado por la SEPI y la Dirección General del Ente, por su carácter fuertemente centralizado, imposibilita el cumplimiento de las obligaciones constitucionales para las que este medio de comunicación público fue creado».
El dictámen recuerda que la Constitución establece «la garantía de la libertad de expresión y la promoción y protección de las lenguas y culturas del Estado, además de garantizar el acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación».
El informe hace referencia también a la doctrina del Tribunal Constitucional que afirma que, en el caso particular de Cataluña, el Estado está obligado a expresarse no sólo en catalán a través de TVE y RNE, sino también a promocionar esta lengua independientemente de los canales audiovisuales de la Generalitat.
En el informe del gabinete Gay&Vendrell se asegura que «las reestructuraciones en el Ente RTVE no deben hacerse en ningún caso en contra de los principios que inspiran el actual modelo de radiotelevisión pública», y que son el reflejo de los principios constitucionales.
El letrado de esta firma Xavier Campá ha advertido además que el proyecto de ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal que se encuentra en tramitación parlamentaria «no puede contravenir en ningún caso los principios constitucionales que inspiran el actual modelo de RTVE», pese a expresar su convencimiento de que éste busca preparar el camino para la aprobación del Plan de Saneamiento.
El Plan de Saneamiento, anunciado por la SEPI, prevé el cierre de Radio 4, la única de las emisoras de radio de RTVE que emite exclusivamente en catalán, y la reducción de las desconexiones en catalán del centro territorial de TVE en Sant Cugat, entre otras medidas, lo que supondrá el despido de unos 4.000 trabajadores.
El decano en funciones del Colegio de Periodistas de Cataluña, Francesc Triola, ha subrayado que «las teorías economicistas imperantes no pueden ser excusa para recortar, mutilar o suprimir servicios a los ciudadanos como el que presta el ente RTVE, considerado legalmente a todos los efectos como un Servicio Público Esencial».
Triola ha lamentado que «las reconversiones hechas con mentalidad neoliberal y que afectan a los servicios esenciales como el que hoy nos ocupa, o como pueden afectar mañana a la agencia EFE o a otros canales públicos autonómicos, nos plantean un futuro con un sistema democrático descabezado y con unas libertades ciudadanas cada vez más testimoniales». El Colegio de Periodistas ha acordado difundir los dos informes jurídicos y ponerlos en conocimiento de los grupos políticos por si pueden influir en la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto de RTVE o en la paralización del plan de saneamiento.
Fuente : periodistas-es.org
Fuente: CGT-RTVE
