La Presidenta de la patronal del seguro privado (Unespa), Mirenchu del Valle, aseguraba en una entrevista que…” una mayor colaboración público-privada para acometer cambios en las coberturas por el cambio climático y mejorar las información del seguro (privado, claro)…”. Y las medidas que propone son variadas, pero siempre desde la lógica capitalista de ganar lo privado, sobre lo público.
Primera “regla fiscal” racionalizadora: que el estado eleve la cantidad de “ahorro” del ciudadano asalariado, que pueda dedicar a un plan de pensiones individual, o dicho en lenguaje sencillo: que no se pongan límites fiscales a la cantidad de dinero que la persona asalariada quiera dedicar a un plan de pensiones privado o de empleo, lo cual le daría seguridad a su futuro y sería la persona quien decidiera “su pensión”.
Segunda “regla fiscal” racionalizadora: que el estado informe a las personas trabajadoras (asalariadas) sobre la “certeza” de su pensión segura, para así de esa manera estas personas “diseñen su futura pensión privada” en la inversión más óptima del seguro privado.
Tercera “regla fiscal” racionalizadora: que se fomente los planes de empleo de pensiones, a través de la negociación colectiva, de manera más acelerada y se eleven los límites fiscales, es decir las exenciones fiscales, a los empresarios y al “asalariado/a”.
Cuarta “regla fiscal” racionalizadora: la colaboración público-privada, es decir los dineros que pone el estado (luego todos y todas), aumente en toda la cadena del negocio del seguro privado.
La presidenta de Unespa (seguros privados), no hace sino que reflexionar sobre lo que es un hecho evidente en materia fiscal: Miles de millones públicos deben ser gestionados por el mercado privado, para cualesquiera de las coberturas de riesgos que la población tenga como necesidad: pensiones, sanidad, medioambiente, cuidados, etc.
Esta lógica, se encuentra en las antípodas de lo que es la justicia social, donde los estados vienen obligados a garantizar Derechos Esenciales, como derechos garantizados y subjetivos de las personas: pensiones suficientes, sistemas de salud que garanticen la misma; sistema educativo público para todos y todas en todos los ciclos de educación; sistemas públicos de cuidados que garanticen la dignidad y la buena vida de las personas dependientes, etc.
La colaboración pública-privada, se constituye en una injusticia social, pues los estados (contraviniendo la constitución), trasladan a los individuos, a las personas individualmente todos los riesgos, convirtiendo sus necesidades (pensiones, salarios, salud, educación, cuidados, etc.), en “problemas” individuales, que la persona debe resolver por sí misma a través o por medios mercantiles, siendo el “seguro privado” quien les dará certeza, cuando tengan que cubrir cualesquiera de las necesidades que hasta este momento eran Derechos Esenciales, que estaban cubiertos por lo público.
Es un buen ejemplo la práctica y la política fiscal que el estado español viene desarrollando sobre los 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos de Reconstrucción, que entre otros condicionantes para recibirlos, Bruselas fijo que se desarrollaran los Fondos Privados de Pensiones, a través del vehículo de la Negociación Colectiva y la participación de los agentes sociales (CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME)
Los Fondos Europeos de Reconstrucción se encuentran en la misma lógica que el Pacto Verde Europeo o Green New Deal como salvador del planeta (emisiones 0 en torno al 2050)1.
Las grandes inversiones previstas para reverdecer antiguas industrias (extractivistas, aeronaúticas, constructoras, automoción, etc.) o para abrir nuevos mercados mantienen el dominio de la propiedad privada, garantizando así los beneficios capitalistas frente a las rentas de trabajo.
Nada se dice en dichos fondos sobre la nacionalización -al menos- de las industrias beneficiadas o la necesidad de regular los oligopolios en los sectores energéticos o tecnológicos, que serán los grandes beneficiados de esas inversiones, lo cual nos lleva directamente a plantearnos el tema clave: se relanza la solución público-privada y la deuda que se genera (especialmente para las economías del sur), o como hemos mantenido siempre, se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios.
Pero la financiación privada no es más que un traslado del riesgo a fondos públicos, garantizando a los inversores las ganancias, es decir, la U€ asumirá deuda2 encubierta con fondos dirigidos a fines públicos, privados y público-privados. Una deuda que no pagarán los oligopolios energéticos, sino el total de los contribuyentes.
La lógica neoliberal, la lógica capitalista, responsable del cambio climático, de la destrucción de la biodiversidad, de las sequías, de las mayores desigualdades sociales, de los horrores y catástrofes humanas y ambientales…se construye sobre el paradigma de la eliminación de lo común y lo suficiente (no más) para todos y todas.
Una política fiscal que se base en la Justicia Social tiene que impedir que el capital (expresado en patrimonios, beneficios, rentas, salarios), siga creciendo en la expropiación y extracción de los comunes: la fuerza de trabajo, los alimentos, la energía y las materias primas.
Así que Señora Mirenchu del Valle, en CGT estamos en las antípodas de sus ideales capitalistas y siempre vamos a apostar por una justicia social real, una justicia social que piense mas en el colectivo, en lo común, en lo público y no en lo privado, una justicia social que nos encamine a una sociedad menos consumista, una justicia social que nos encamine hacia un futuro más verde y ecológico, una justicia social que nos lleve a un reparto del trabajo y de la riqueza, a una reducción de la jornada laboral manteniendo el mismo salario; en definitiva, apostamos por una justicia social que anteponga por encima de todo a las personas y al planeta.
1La Comisión Europea estima que alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 requiere al menos 1 billón de euros de inversió n pública y privada durante la próxima década. Pero según avanza el marco de aplicación concreta, las previsiones apuntan a un 75% de financiación pública y un 25% privada.
2 Los Fondos de Recuperación, más de 750.000 millones de €, se obtendrán con “eurobonos” emitidos por la U€.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
Gabinete Confederal de Estudios y Formación
Fuente: Secrerariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
