La Iglesia católica acaba de calificar como pecado «acumular excesivas riquezas». Pero la jerarquía eclesiástica no renuncia a utilizar los instrumentos financieros precisamente de los millonarios, como las polémicas sociedades de inversión de capital variable (Sicav), con una fiscalidad más que atractiva. Estas sociedades, gestionadas por profesionales, tratan de rentabilizar en Bolsa parte de los fondos de la institución católica sin guiarse por otros criterios que los meramente financieros. Lo que no excluye, por ejemplo, comprar acciones de empresas farmacéuticas aunque fabriquen anticonceptivos.
El dinero de la Iglesia es motivo de polémica desde hace tiempo. En primer lugar, por el modelo de financiación de la propia institución, que combina aportaciones privadas de sus fieles con fondos públicos que proceden de los contribuyentes. Además, parte de sus ahorros se han visto seriamente mermados al vincularse con algunas de las mayores estafas recientes del país (AVA, Gescartera, Afinsa, entre otros). Ahora surge el debate acerca de si sus inversiones corren el riesgo de caer en contradicción con la moralidad que pregona el Vaticano y si las sociedades que utilizan para sacarle rédito a sus ahorros podrían atribuirse precisamente a esa nueva categoría de pecadores : los ricos.
Para explicar qué ha empujado a los curas a buscar el milagro bursátil con el que sustentar su economía o confiar sus ahorros a entidades de dudosa reputación, es necesario observar primero cuáles son sus fuentes de financiación. Una de ellas tiene su origen en el acuerdo que firmaron el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos el 3 de enero de 1979. Este acuerdo, que reconocía ayudas públicas pero que también preveía la sustitución progresiva de éstas para ir hacia la autofinanciación de la Iglesia -cosa que no se ha producido-, ha sido modificado en dos ocasiones. La primera en 1987, con el Gobierno de Felipe González, y la última hace dos años, bajo la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Los cambios de esta última modificación entrarán en vigor el próximo mes de mayo cuando arranque la campaña de la renta y los ciudadanos tengan que hacer la declaración del ejercicio 2007.
Este año la Iglesia católica recibirá por primera vez el 0,7% de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de aquellos contribuyentes que tachen la casilla correspondiente, en lugar del 0,5239% que había recibido en los últimos 20 años. A cambio de este incremento, que se fija por tiempo indefinido, el clero dejará de percibir dinero con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico y renuncia a la exención por IVA en la adquisición de bienes inmuebles.
El presupuesto de las 68 diócesis españolas ronda, según datos oficiosos, los 1.300 millones de euros, sin contar las órdenes religiosas y sus colegios, residencias y centros eclesiásticos. En el periodo 1997-2006 la Iglesia ha recibido del Estado 2.200 millones de euros en virtud de los acuerdos anteriormente descritos. En 2006, por ejemplo, la combinación del IRPF y la partida presupuestaria complementaria supuso unos ingresos de 144 millones, cantidad que, sin embargo, cubriría poco más del 10% de los gastos eclesiásticos. El resto se sufraga con las rentas de patrimonio, las actividades económicas y, sobre todo, con las aportaciones de los fieles.
La elevada dependencia del famoso cepillo es problemática en la medida que la sociedad española empieza a emitir señales de una creciente secularización. En 1998, el 83,5% de los españoles se definía como católico, mientras en 2007 la cifra había bajado hasta el 77%, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sólo el 15,8% de los que se reconocen en la actualidad como católicos asiste a misa todos los domingos. Además, el número de contribuyentes que marca la equis en la declaración de la renta ha caído 10 puntos en menos de una década.
Con esta poca fidelidad por parte de los feligreses, no es de extrañar que en los últimos años la Iglesia española haya buscado vías alternativas de financiación en los mercados de capitales. «Desde el punto de vista legal, la Iglesia es una persona jurídica más y como tal puede realizar todas las operaciones mercantiles, incluida la inversión en Bolsa, que se reconocen al resto de personas jurídicas», recuerda José Landete, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Valencia.
La relación de la Iglesia católica española con los mercados financieros está trufada en los últimos años de sinsabores. Quizás el más importante fue el de Gescartera. Esta agencia de valores estafó más de 100 millones de euros a sus 2.000 clientes, entre ellos una treintena de instituciones religiosas. Más reciente en el tiempo está el pufo de los sellos. La promesa de altas rentabilidades de Afinsa también atrajo el dinero del clero. La intervención de esta sociedad filatélica ha hecho que el Arzobispado de Madrid figure como uno de sus múltiples acreedores.
Además de confiar sus ahorros a otras entidades (con los resultados expuestos anteriormente), la Iglesia también ha creado sus propias sociedades de inversión. Entre 1999 y 2000 se registraron en la CNMV tres sociedades de inversión de capital variable (Sicav) que tienen al clero entre sus accionistas. Estas sociedades son el instrumento de inversión favorito de los grandes patrimonios españoles. Entre las personalidades con Sicav figuran Amancio Ortega, Alicia Koplowitz, Juan Abelló, Rosalía Mera, Manuel Jove y las familias Entrecanales y Del Pino, entre otros.
El principal reclamo de las Sicav es su atractiva fiscalidad puesto que al ser consideradas instrumentos de inversión colectiva tributan al 1% sobre beneficios en lugar de abonar el correspondiente impuesto de sociedades (que está en fase de rebaja hasta el 30%). Este sistema ha llegado a despertar recelo entre los inspectores de Hacienda. Uno de los requisitos para constituir una Sicav (y aprovecharse de sus beneficios) es tener al menos 100 accionistas. Las sospechas de la Agencia Tributaria se basan en que en muchos casos no existen estos 100 inversores y son proporcionados ad hoc al cliente por la propia entidad gestora para constituir la sociedad. Son los denominados mariachis. En el caso de las tres Sicav de la Iglesia, superan por muy poco ese límite de los 100 accionistas.
En conjunto, las sociedades bursátiles del clero tienen un patrimonio de 17,79 millones de euros. La mayor de ellas, Umasges, está gestionada por Caja Madrid y su principal accionista es Mutua Umas, una aseguradora constituida en 1981 con el patrocinio de la Conferencia Episcopal. También son accionistas de la sociedad los arzobispados de Burgos y Madrid. Aunque posee acciones de compañías de gran capitalización (Telefónica, BBVA, Repsol, Ferrovial e Iberdrola), el grueso de sus inversiones se centra en lo que en la jerga se conoce como chicharros, es decir, valores pequeños, muy volátiles y de mayor carácter especulativo. Entre estos últimos se encuentran Cie Automotive, Campofrío, Viscofan y GAM. El perfil agresivo de sus inversiones también lo delata su principal inversión en renta variable extranjera, el fondo CAAM Arbitrage Volatilité, un producto de retorno absoluto (muy similar a los temidos hedge funds o fondos de alto riesgo) que aprovecha las oportunidades que brinda el universo de las obligaciones vinculadas a la inflación.
Umasges ha reducido de forma importante su exposición a la renta variable. Mientras a 30 de junio pasado el 75,35% de su cartera estaba invertida en acciones españolas, en la actualidad sólo tiene el 52,12%. Sin embargo, este perfil más conservador no ha impedido que el estallido de la crisis financiera originada por las hipotecas basura en Estados Unidos haga mella en su dinero. El patrimonio de Umasges ha caído en un millón de euros en menos de seis meses.
Las otras dos Sicav vinculadas a la Iglesia española son Vayomer y BI Gran Premiere. La primera, con participación del Obispado de Astorga, está gestionada por el Banco Santander, mientras la segunda cuenta en su capital con presencia del Arzobispado de Oviedo y su gestora es el banco portugués Espírito Santo. BI Gran Premiere también tiene un alto perfil especulativo y cuenta en cartera con valores tan pequeños como Fersa, Indo, Inypsa, Service Point o Lingotes Especiales. Además, BI Gran Premiere, en la parte de la cartera destinada a renta variable extranjera, tiene acciones de Pfizer. Esta inversión ha levantado la polémica puesto que la farmacéutica estadounidense es el fabricante de Viagra y de anticonceptivos como Depo-Provera. Semejante estrategia de inversión iría en contra de la doctrina moral y sexual que promueven desde el Vaticano.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal con la intención de conocer su opinión acerca de las inversiones realizadas por las Sicav donde hay participación religiosa. Sin embargo, ningún miembro del máximo órgano de la Iglesia en España ha querido hacer declaraciones. Dicen estar «centrados» en la próxima campaña de la Declaración de la Renta.
«No es lógico que la Iglesia exija unas conductas de comportamiento y que luego no sea coherente con ellas a la hora de invertir el dinero», opina Alejandro Torres Gutiérrez, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra. Para este experto, la Iglesia no tendría que arriesgarse a ser estafada ni a caer en contradicciones entre su doctrina y sus inversiones. La solución a su financiación, según Torres Gutiérrez, está en mentalizar a sus fieles de que la aportación que hacen a la Iglesia es insignificante en relación a los servicios que reciben. «El clero va a recibir este año en torno a 155 millones por el IRPF. Si en España 32 de los 44 millones de habitantes son católicos, eso significa que apenas donan cinco euros cada uno. ¡Sale a 10 céntimos la misa al año !», argumenta.
José Landete señala que tampoco conviene caer en la demagogia a la hora de analizar las inversiones de la Iglesia. «Como ocurre con todas las sociedades, éstas se gestionan de forma externa y los profesionales están más preocupados en maximizar el beneficio de su cliente que en repasar si su estrategia se adecua a la moral de éste». Si bien el día a día de la gestión de una Sicav lo llevan los profesionales, los propietarios de las Sicav suelen mantener reuniones semestrales con sus gestores de banca privada para unificar estrategias y decidir dónde invertir y dónde no.
Algunos obispos, al referirse a sus finanzas, han llegado a calificar a la Iglesia como «una dama enjoyada venida a menos». ¿Es la Bolsa la panacea que servirá para conservar las joyas ?
Fuente: DAVID FERNÁNDEZ / EL PAIS
