Said Akarrat, de 36 años, natural de Fez, se bajó del camión y entregó un bocadillo a Pablo, nombre supuesto, un agente de la Guardia Civil destinado en Beni-Anzar, el principal puesto fronterizo entre Melilla y Marruecos. Dentro había, en lugar de miga, 15.000 dirhams (1.400 euros) en billetes de 500.
Después, el vehículo Volvo de la empresa Sotran, con sede en Nador, la ciudad marroquí situada a 14 kilómetros de Melilla, avanzó hacia el control de la Guardia Civil. Pablo le pasó el escáner para detectar si en su interior había algún ser humano y, al no encontrar a nadie, le dio luz verde para que entrara en la ciudad. Sin embargo, en el interior del camión iban seis inmigrantes asiáticos que el agente aparentó no ver. Era principios de enero de 2006.
Un mes más tarde, el 6 de febrero, la Dirección General de la Seguridad Nacional marroquí anunció, por medio de un largo comunicado, el desmantelamiento de una «red de criminalidad organizada» que transportaba a inmigrantes de India y Pakistán a Europa pasando por Marruecos y Melilla. Setenta personas fueron apresadas, de ellas 19 marroquíes, entre los que figuraban un policía, cinco paquistaníes y cinco indios, así como 41 candidatos a emigrar, todos indios. Habían pagado hasta 10.000 euros por persona.
La denominada operación Pulpo, según la nota, ha puesto de manifiesto que la red criminal gozaba de complicidades entre diplomáticos árabes destinados en países del Golfo «e incluso en España, donde la investigación reveló la implicación de elementos de la Guardia Civil».
El instituto armado no respondió oficialmente al comunicado, aunque su dirección reconoció a este corresponsal que un agente ha sido detenido y procesado y otros cinco están siendo investigados desde principios de año. La larga duración de las indagaciones, supervisadas por un juzgado de instrucción, se explica, según la fuente, por la dificultad de demostrar un delito cuando el guardia se limitó a hacer la vista gorda o alega que las condiciones meteorológicas impidieron el buen funcionamiento del escáner.
Este periódico ha tenido acceso a las diligencias, incorporadas al sumario, efectuadas por la brigada judicial de la policía de Nador. En ellas se recogen los interrogatorios de Said Akarrat, el hombre del bocadillo, sus cómplices y sus relaciones con un puñado de agentes de la Guardia Civil, cuyos nombres proporcionan, así como el funcionamiento de las mafias que trafican con inmigrantes. También se menciona la complicidad de elementos de las Fuerzas Auxiliares, un cuerpo paramilitar marroquí, pero sin dar detalles porque fue objeto de otro sumario, según fuentes de Nador.
El relato que figura a continuación es un resumen simplificado de esos atestados policiales matizado con algunos datos posteriores.
Akarrat era uno de tantos marroquíes que trapicheaban en la frontera. Del contrabando había dado el salto a la introducción de coches robados. Por cada vehículo pagaba a la Guardia Civil 100 euros, según contó en el interrogatorio. Conocía a los agentes destinados en Beni-Anzar. A trabar la relación le había ayudado Jaime González Mohamed, un hispano-marroquí que habla ambos idiomas, hace de intérprete y también monta sus negocios en torno al puesto fronterizo.
Mohamed Azhaf, de 33 años, natural de Nador, había conocido a través de un familiar a Omar Khan, un paquistaní encarcelado en España por tráfico de inmigrantes. Tras cumplir su condena volvió a las andadas en Marruecos. La Guardia Civil detectó su regreso y lo comunicó a los marroquíes en 2005. Quería introducir en Melilla a un puñado de compatriotas que escondía en Selouane, un pueblo a 12 kilómetros al sur de Nador.
Azhaf se acordó de Akarrat y de sus contactos en la frontera. Éste fue a hablar con Pablo, el guardia. Le empezó pidiendo 9.000 dirhams (835 euros) por inmigrante clandestino que dejara pasar, pero después rebajó la tarifa a 3.000 (280 euros). Pablo no trabajaba solo. Cuatro compañeros suyos eran también sus cómplices, según Akarrat. Hubo acuerdo y un primer lote de seis inmigrantes asiáticos entró en Melilla a principios de enero.
Envalentonado por aquel éxito, Azhaf quiso repetir la operación a mayor escala. El paquistaní Khan tenía escondidos a otros 32 sin papeles. Aunque las complicidades en la frontera estaban garantizadas, había que ocultarlos mejor. Encontró a un carpintero dispuesto a fabricar, sin hacer preguntas, una gran caja ataúd que se cubriría con arena.
Said Akarrat se fue a ver a Pablo, el Guardia Civil. «Mi turno en la frontera empieza el 24 a las nueve de la noche», le precisó. Sobre esa hora, los 32 asiáticos fueron conducidos a pie hasta la siderurgia Sonasid, en Selouane. Uno de los camiones aparcados era el suyo. Subieron, pero no se metieron en el ataúd. Sus guías decidieron prescindir de él. Les pareció un engorro. Les cubrieron con un gran plástico y echaron tierra encima.
El camión se puso en ruta, pero hizo una parada en Maroust, un pueblo a mitad de camino entre Nador y Melilla. Allí, detrás de un locutorio regentado por un sobrino de Azhaf, esperaban seis subsaharianos que bajaban de vez en cuando del monte a llamar por teléfono a sus familias. El sobrino les propuso subir al camión mediante pago. Se les recubrió con el mismo plástico.
A las dos de la madrugada del 25 de enero de 2006 el Volvo se presentó en Beni-Anzar. Lo conducía un chofer y Said Akarrat le precedía a pie para advertir discretamente al agente de que estaba llegando la mercancía. Antes de alcanzar el control de la Guardia Civil hay que franquear el de la policía. Ésta no dejó pasar a Said Akarrat, que no pudo advertir a Pablo de que el camión estaba de camino.
En medio de la fila de vehículos el Volvo no intentó ni siquiera dar media vuelta. Hubiese llamado la atención. Su chófer, además, ignoraba que Said Akarrat había sido rechazado en el control policial. Cuando llegó a la altura de la Guardia Civil «no fue ni siquiera necesario echar mano del escáner para descubrir la presencia de los inmigrantes», recuerda un agente. «Bastó con una simple inspección ocular para constatar anomalías sospechosas» en la carga.
El chófer fue detenido junto con los 38 inmigrantes que no pudieron ser devueltos a Marruecos. Del lado marroquí, la policía puso entonces en marcha la Operación Pulpo y a principios de la primavera un tribunal de Nador pronunció las primeras condenas, en su mayoría a ocho años de cárcel. La más leve, tan solo dos años, le cayó a Noor el Houda, cuñada de Azhaf, que depositó en una caja de ahorros de Melilla 12.000 de los 15.750 que Omar Khan entregó al capo marroquí.
«Son condenas muy exageradas a personas que no formaban parte de la banda, sino que estaban a su servicio para ejecutar determinadas tareas», asegura Mohamed Hajji, letrado de dos de los condenados cuyo recurso se verá esta semana en Nador.
La lectura de las diligencias da la impresión de que era una red criminal poco profesional, que mueve pequeñas cantidades comparadas con el dinero que genera la droga, exportada a Europa, en esa misma zona de Marruecos.
Fuente: IGNACIO CEMBRERO/EL PAIS
