Coincidiendo con el txupinazo de inicio de los Sanfermines colectivos sociales de Bizkaia, junto a personas disfrazadas de “toreros” y de blanco y rojo, se concentran a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao bajo el lema “Lanbide Torea Nuestros Derechos Sociales”.
Con esta iniciativa se ha pretendido denunciar los continuos recortes en el sistema de protección social aplicados por el Gobierno Vasco: endurecimiento de los requisitos para el acceso de las diferentes prestaciones sociales (Renta de Garantía de Ingresos y Ayudas de Emergencia Social); reducción de las cuantías de la mismas; incumplimientos sistemáticos de la normativa que las rige o de las recomendaciones del Ararteko sobre esta materia; coacción para aceptar empleos precarios de escasa cualificación y bajos salarios; continuas campañas de criminalización; eliminación de empleos públicos
Con esta iniciativa se ha pretendido denunciar los continuos recortes en el sistema de protección social aplicados por el Gobierno Vasco: endurecimiento de los requisitos para el acceso de las diferentes prestaciones sociales (Renta de Garantía de Ingresos y Ayudas de Emergencia Social); reducción de las cuantías de la mismas; incumplimientos sistemáticos de la normativa que las rige o de las recomendaciones del Ararteko sobre esta materia; coacción para aceptar empleos precarios de escasa cualificación y bajos salarios; continuas campañas de criminalización; eliminación de empleos públicos a través de la obligatoriedad de realizar trabajos a la comunidad…
Mientras el Gobierno Vasco denuncia los recortes sociales aplicados por el Gobierno de Rajoy aquí es fiel seguidor de los mismos al vulnerar sistemáticamente los derechos que les asisten a las familias y personas usuarias de Lanbide. Familias sin ingresos, parados que han agotado las prestaciones, solicitantes de ayudas para el alquiler, perceptores de pensiones mínimas… Todas estas circunstancias y algunas más se agolpan en las oficinas de Lanbide a la espera de gestionar y resolver los trámites para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda, la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo o el Complemento de Pensiones.
A un aumento de las solicitudes -directamente relacionado con la situación económica e incremento del paro-, se une la falta de operatividad de las oficinas encargadas de tramitar las peticiones, fallos en el sistema informático, escasez de personal, establecimiento de un sistema de atención con cita previa y un número limitado de personas –entre 50 y 75- que pueden ser atendidas a diario en las oficinas de Lanbide está dilatando los expedientes y lleva a las familias a una situación cercana a la desesperación.
Ante esta realidad varias personas pensionistas, desempleadas y con empleos en precario han dado el paso de concentrarse a las puertas del Gobierno Vasco para denunciar que Lanbide y la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, incumplen la ley al suspender la RGI a 3.637 familias vascas, de ellas 2.900 vizcaínas. Así,…
– El desbarajuste burocrático de Lanbide ha supuesto que cientos de familias dejen de percibir las prestaciones sociales al no poder renovar su solicitud; o ver “extraviado” su expediente. Ahora se vuelve a exigir iniciar todo el proceso administrativo cuando se llevan meses de espera. A esta situación hay que unir los 1.114 expedientes, de otras tantas familias vizcaínas, pendientes de revisión por parte de la Diputación de Bizkaia.
– Existe una demora dos meses en la atención a las personas que necesitan acceder a las prestaciones sociales para poder subsistir y llegar a fin de mes.
– Se impide realizar la solicitud de inicio y apertura de expediente sin cita previa; haciendo perder periodos de prestación al obligar a pedir cita para presentar cualquier documentación.
– Las comunicaciones no llegan a su destino al no tener Lanbide actualizadas las direcciones. Hay que tener que la tardanza en la actualización de los expedientes en Lanbide se alarga hasta los 6 meses.
– Se quitan las prestaciones sin contrastar la información, sin notificar las suspensiones, y sin dar trámite de audiencia contraviniendo las recomendaciones del Ararteko.
– Imposición de la PSS (Prestación Social Sustitutoria) para las personas perceptoras de las ayudas sociales. Se impone la obligatoriedad de realizar labores de carácter social, que supondrá, en la práctica, eliminar puestos de trabajo en los servicios públicos de atención a personas dependientes, limpieza de lugares públicos o servicios de ayuda a domicilio.
– Se criminaliza a quienes perciben las diferentes prestaciones sociales y se culpabiliza a las personas desempleadas. Los supuestos planes de empleabilidad hacen aguas; según recoge la dirección de Economía y Planificación del Gobierno vasco en la publicación ‘Coyuntura en un CLIC’ habrá que esperar un año, hasta verano de 2013 para registrar la primera tasa de variación interanual positiva en la economía vasca. El Gobierno Vasco admite que a lo largo de estos 12 meses se perderán 20.000 empleos.
COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:
Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea de Invisibles”, Berri-Otxoak, Bizitegi, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo.
Fuente: COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA
