El pasado 6 de julio Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, presentó a bombo y platillo su Plan de Educación 2020/21: 600 millones de inversión junto a medidas para garantizar el desarrollo de clases en entornos seguros. Flexibilización, recursos materiales y económicos, responsabilidad compartida, participación, diálogo y compromiso... La presencia del COVID-19 en nuestras aulas parecía que iba a convertir a estas en un modelo de perfección pedagógica. Un optimismo vacuo e irresponsable que en la actualidad raya en la ineptitud.
Uno de los puntos más polémicos de esta ayuda se ha centrado en la contratación de personal de refuerzo específico, el famoso profesorado COVID. En torno a 4014 profesionales, concretamente 2150 docentes de Secundaria y 1864 de Primaria, se han incorporado desde el 1 de septiembre a la Educación Pública Andaluza. A estos hemos de sumarles 826 nuevos docentes como resultado de la creación de la figura del coordinador COVID en los centros educativos, y 970 docentes de refuerzo en los centros concertados.
Uno de los puntos más polémicos de esta ayuda se ha centrado en la contratación de personal de refuerzo específico, el famoso profesorado COVID. En torno a 4014 profesionales, concretamente 2150 docentes de Secundaria y 1864 de Primaria, se han incorporado desde el 1 de septiembre a la Educación Pública Andaluza. A estos hemos de sumarles 826 nuevos docentes como resultado de la creación de la figura del coordinador COVID en los centros educativos, y 970 docentes de refuerzo en los centros concertados. Más allá de ser un nuevo parche, que no resuelve los problemas de ratio de nuestras aulas, no asume la construcción de nuevos centros públicos, ni supone un recurso estable (la contratación de los mismos es hasta diciembre de este año), su número resulta a todas luces insuficiente si atendemos a la realidad de nuestros centros. Este refuerzo, aplicado solo en los niveles de Primaria y Secundaria, excluye por definición otras etapas esenciales de nuestra educación, como Bachillerato, FP o el Segundo Ciclo de Infantil. Estos tres niveles, no lo olvidemos, son un botín preciado para la concertada.
Textualmente:
En Educación Primaria, se incorporará a centros cuyas unidades contengan más de 20 alumnos y alumnas matriculados, con la siguiente distribución:
•Entre 5 y 10 unidades, ambas incluidas: 1 maestro adicional de la especialidad de educación primaria.
•Entre 11 y 16 unidades, ambas incluidas: 2 maestros adicionales de la especialidad de educación primaria.
•Entre 17 y 23 unidades, ambas incluidas: 3 maestros adicionales de la especialidad de educación primaria.
•24 o más unidades: 4 maestros adicionales de la especialidad de educación primaria.
En la Educación Secundaria Obligatoria, se incorporará a centros cuyas unidades contengan más de 22 alumnos y alumnas matriculados, con la siguiente distribución:
•Entre 5 y 10 grupos, ambos incluidos: 1 profesor del ámbito sociolingüístico y 1 profesor del ámbito científico-tecnológico.
•Entre 11 y 16 grupos, ambos incluidos: 2 profesores del ámbito sociolingüístico y 1 profesor del ámbito científico-tecnológico.
•17 o más grupos: 2 profesores del ámbito sociolingüístico y 2 profesores del ámbito científico-tecnológico.
La intención de la Junta es clara: reducir al mínimo el número de docentes de refuerzo COVID aprovechando la no obligatoriedad de las etapas señaladas anteriormente. De este modo, ¿cuántas personas han dejado de contratarse al excluir la etapa de Educación Infantil? ¿Cuántos profesores en Secundaria? Sin embargo, mientras que en los dos primeros casos anteriormente reseñados existe la posibilidad de la semipresencialidad del alumnado (arma de doble filo, ya que nuestra administración no termina de facilitar los recursos técnicos que aseguren clases online de calidad, amén de que no promueve la bajada efectiva de ratio), el Segundo Ciclo de Educación Infantil ha quedado relegado al olvido.
Una etapa tan significativa y relevante para el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual, y que sin ser obligatoria ofrece una tasa de escolarización de un 97,1 por ciento, es quizá la que más está sufriendo los efectos de la actual crisis. Clases masificadas sin posibilidad de desdobles, docentes sin medios de protección adecuados, pequeños a quienes se ha de redoblar la atención para que no compartan sus juguetes o utensilios y aprendan a estornudar y taparse la boca con el codo… La situación se presenta dantesca para nuestras compañeras y compañeros de Infantil. La pandemia no solo ha mermado sus escasos recursos, sino que además dificulta aún más su laborioso trabajo y les aparta de las «ayudas» proporcionadas a otras etapas. ¿La razón? Degradar aún más la educación pública y convertirla en un sector marginal.
Por esa razón desde CGT demandamos para el Segundo Ciclo de Infantil:
La inclusión de las unidades de Educación Infantil para el recuento del profesorado de apoyo COVID. A pesar de su no obligatoriedad, esta etapa es una parte indispensable para el aprendizaje y desarrollo afectivo del alumnado.
La inclusión y posterior distribución de este personal de refuerzo específico en dicha etapa. La complejidad del alumnado de Infantil merece que sus profesionales puedan desarrollar una atención personalizada acorde con la gravedad de la situación actual.
Aumento de recursos materiales, en especial de aquellos necesarios para la seguridad (mascarillas FPP2, gafas protectoras y pantallas faciales para el profesorado).
Y ante todo, como principal punto de reivindicación, una bajada de ratio generalizada de las aulas de Infantil y el aumento de la inversión para que las anteriores medidas estructurales, fruto de la pandemia, no queden en agua de borrajas. La sociedad andaluza merece y demanda una educación de calidad a lo largo de todas sus etapas educativas.
Con estas demandas recalcamos la necesidad de fortalecer esta etapa educativa, no solo para favorecer una educación de calidad, sino para evitar la sistemática destrucción del empleo público en el sector de la educación y sus actuales condiciones de precariedad.
CGT-FASE
Fuente: CGT-FASE
