Las organizaciones sindicales que formamos parte de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas alzamos nuestra voz contra el recorte de libertades que los estados por los que pasa la pandemia del COVID-19 están normalizando a golpe de leyes y propaganda de estado.
Cuando lo que ha puesto de relieve la pandemia del coronavirus es la ausencia de un sistema público y universal de salud para toda la población, la única respuesta que ha encontrado el capitalismo que durante años se ha enriquecido privatizando los servicios sanitarios, ha sido la declaración de estados excepcionales para confinar, restringir la libertad de movimiento y la militarización de las calles.
Cuando lo que ha puesto de relieve la pandemia del coronavirus es la ausencia de un sistema público y universal de salud para toda la población, la única respuesta que ha encontrado el capitalismo que durante años se ha enriquecido privatizando los servicios sanitarios, ha sido la declaración de estados excepcionales para confinar, restringir la libertad de movimiento y la militarización de las calles.
Otra medida arbitraria ha sido la adopción de medidas de control social y de vigilancia sobre la población, como es el caso del ciberpatrullaje en Argentina, que utiliza los datos de los móviles y de las redes sociales para ampliar la capacidad de represión del estado. Al mismo tiempo, que la represión policial asesina continúa a pesar de la pandemia, como demuestra el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos y de João Pedro en Brasil.
Por otra parte, aunque la pandemia nos exige políticas sanitarias excepcionales para hacer frente a la situación en los campos de refugiados y en las prisiones, las políticas de represión de los Estados siguen primando.
A día de hoy son más de 70 millones las personas desplazas que han sido obligadas a dejar sus hogares, de las cuales 29 millones son personas refugiadas, la mayoría de las cuales viven hacinadas en campos de concentración en los que se les limita la libertad de movimiento o incluso se encuentran retenidas en prisión, como las 37.000 personas indocumentadas detenidos por el ICE estadounidense.
Hay poblaciones enteras que viven hacinadas en cárceles, a cielo abierto, en condiciones sanitarias inadecuadas, como es el caso de la población de la Franja de Gaza, de la población iugur en los campos de reeducación en Xinjijan, de la población Kashmir bajo ocupación militar.
Hay luchadores y luchadoras en prisión, como las 173 personas del Hirak argelino, o las 2.500 de la primera línea de la revolución chilena, o las 4.500 palestinas en las cárceles israelíes, o las kurdas en las cárceles turcas, o los y las activistas en prisión en Egipto e Irán. Los gobiernos de algunos de estos países han aceptado dar libertad provisional a las personas presas siempre que no sean luchadoras o activistas.
Recientemente el Estado uruguayo detuvo al sindicalista Sebastián Romero, que junto con otros dos activistas argentinos están siendo procesados por participar en las protestas contra la reforma de las pensiones en diciembre de 2017.
Desde la Red denunciamos la falta de recursos públicos para la sanidad, la falta de contratación de personal público para los servicios esenciales para la vida y que no existen razones que justifiquen ni las limitaciones de movimiento o de control social, si se garantizan las medidas de prevención de la transmisión del coronavirus, ni por supuesto la anulación de derechos fundamentales como la reunión, la expresión o la movilización. Mientras que las empresas que fabrican armas de matar siguen produciendo, transportando y vendiendo muerte durante la pandemia, los diferentes Estados, independientemente de su afiliación política, lo han permitido mientras que limitaban la libertad de la ciudadanía y justificaban la presencia de los ejércitos en las calles reprimiendo a la población. Los diferentes gobiernos y medios de comunicación han utilizado un lenguaje de guerra contra la pandemia, normalizando las guerras y la necesidad de los ejércitos, impidiendo cualquier medida de libertad provisional para los y las activistas en prisión, cuando lo que necesitamos son servicios públicos, investigación pública y contratación de calidad para los servicios esenciales para la vida como la sanidad, la educación o el transporte.
Igualmente, en los centros de trabajo, se ha promovido el teletrabajo a costa de que las y los trabajadores utilizaran sus materiales informáticos personales para teletrabajar, permitiendo el control informático de nuestra vida privada. Ahora nos quieren obligar a instalar dispositivos informáticos que controlen nuestra salud y movimientos como en Rusia o China, amparados bajo la justificación de prevenir la pandemia, cuando lo que están tratando es de normalizar el control por parte del estado de nuestras vidas, nuestra intimidad y nuestro tiempo libre.
Desde la Red Sindical Internacional de Solidaridad y luchas queremos denunciar la represión del Estado que se ha cebado sobre la población con menos recursos que vivía de la venta ambulante y ha necesitado salir a la calle para buscar alimentos para su supervivencia, ya que el estado no ha sido capaz de garantizar una renta básica mínima para la vida de las personas con menos recursos. Esta represión es clasista, racista y se ha centrado en las poblaciones indígenas, negras y marginadas por la rueda del capitalismo.
Contra la represión del Estado, no hay pandemias que justifiquen acabar con los derechos fundamentales.
Por una sanidad pública universal, por el derecho a la renta básica de las iguales, por la vida
Solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que luchan por los derechos y la justicia social en todo el mundo
http://www.laboursolidarity.org/Contra-el-recorte-de-libertades-En?lang=es
Fuente: Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas
