En estos últimos días se han producido, desde las instituciones del Estado, dos hechos infames contra las víctimas de la represión franquista, que no han levantado la reprobación que tales hechos merecían, ni en los medios de información ni, desgraciadamente, tampoco desde la sociedad civil y los colectivos memorialistas.
El primero es la decisión de la Junta de Fiscales de Sala, de este jueves 25 de marzo, considerando que no es necesario presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para anular el juicio sumarísimo en el que se condenó a muerte al presidente de la Generalitat, Lluis Companys.
El segundo es el acto oficial celebrado el viernes 26 de marzo, con la presencia de la Vicepresidenta primera del Gobierno y el ministro de Justicia y la ministra de Cultura, para entregar la «Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal» a Lucía Izquierdo y María José Hernández, nuera y nieta del poeta Miguel Hernández, dos días antes de cumplirse los 68 años de su muerte en una cárcel de Alicante.
Es evidente que en los dos casos se busca dejar definitiva e institucionalmente cerrada la perspectiva de anular las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista contra los que luchaban por las libertades que hoy se proclaman constitucionales. En el primer caso, sirviéndose de una Institución que se presta a hacer una actuación no admisible, puesto que no es el Fiscal sino un Tribunal el que debe dictar si hay o no nulidad. Y en el segundo, directamente desde el Gobierno, pues es la Vicepresidenta Primera que se hace la foto entregando esa cobarde e infame «Declaración» a la nuera y a la nieta del poeta. «Declaración» intrascendente, porque se limita a decir que Miguel Hernández «ingresó injustamente en prisión y fue condenado a muerte en virtud de una sentencia dictada sin las debidas garantías por el ilegítimo Consejo de Guerra».
Claro que no es de extrañar la actuación del Ejecutivo. Ese Gobierno (socialista) que tan cobardemente ha pretendido rendir justicia a las víctimas de la represión franquista con una Ley que ni siquiera anula las sentencias que les fueron impuestas por los tribunales de una dictadura. Ese gobierno que ahora, con Companys, tiene la desfachatez de obligar a la Fiscalía a «justificar» su decisión alegando que no debe dar ese paso porque, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, los juicios franquistas ya son de por sí nulos, puesto que los declara «ilegítimos».
No, no es de extrañar la actuación del Ejecutivo, lo grave es que hasta, en Cataluña, la clase política haya acogido con complacencia tan arbitraria decisión, que sólo ERC ha rechazado y tachado de «vergonzosa». Una decisión que, como ha declarado el ex Fiscal de Cataluña y ex Fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, no impedirá que «Companys siga siendo considerado un rebelde culpable, un delincuente» ; puesto que «según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras no se anula la sentencia, los condenados no pueden declararse inocentes». Lo grave es que, pese a ello, el socialista y presidente de la Generalitat, Montilla, se haya declarado «satisfecho» porque así -según él- se ponía «punto final a una reivindicación histórica de su gobierno». Agregando que esta rehabilitación ya se había hecho «desde el campo político y ético» y ahora se añadía «desde el campo judicial»…
Desgraciadamente y también en la misma dirección de la claudicación queda inscrita la participación de los familiares de Miguel Hernández en el acto de recepción de la «Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal» ; pues el poeta, igual que el Presidente de la Generalitat, seguirá «siendo considerado un rebelde culpable, un delincuente», como lo ha recordado, el ex fiscal Jiménez Villarejo. Aunque en este caso sea de agradecer que Lucía Izquierdo, en nombre de los familiares del poeta, haya declarado a la prensa : «Nos gustaría que se anule la injusta condena a muerte que sigue vigente y pesa como una losa sobre Miguel Hernández».
Hasta cuándo permitiremos esta infamia
Es verdad que ERC ha denunciado esta infamia y ha avisado que no se rendirá ante la forma bochornosa en que la Fiscalía quiere dar carpetazo a un asunto tan delicado e irrenunciable. También es verdad que algunas personalidades, como Carlos Jiménez Villarejo la han denunciado y que otros lo hemos intentado enviando cartas a los medios de información, en particular a EL PAÍS y a PÚBLICO, sin conseguir que estos medios se hicieran eco de nuestra indignación. Pero también lo es la voluntad de la clase política en general y de gran parte de la sociedad civil de dar carpetazo a la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista.
En consecuencia, es nuestro deber seguir denunciando esta cobarde claudicación moral y política, y aún más cuando los partidarios del carpetazo tengan la indignidad de querer hacernos pasar gato por liebre. Como lo han intentado con la decisión de la Junta de Fiscales de Sala, negándose a presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para anular el juicio sumarísimo en el que se condeno a muerte a Companys, y como lo han intentado también con la mascarada de la entrega de la «Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal» a los familiares del poeta Miguel Hernández. Acto en el que la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha tenido el descaro de afirmar que es gracias a la Ley de Memoria histórica que al poeta se le ha podido «reconocer y rehabilitar su memoria». Una norma que permite recordar «la memoria», pero que no anula las sentencias franquistas, sentencias que siguen vigentes y pesan «como una losa» sobre las víctimas de la represión franquista y sus familiares.
¡Hasta cuándo seguiremos permitiendo esta infamia !
Octavio Alberola
