En primer lugar, agradecemos a la Oficina del Defensor del Pueblo la oportunidad y la
claridad con la que denuncia en su Informe y comparecencia muchas anomalías que han venido
padeciendo los niños tutelados en los centros de menores. De un modo muy especial valoramos el
que haya oído y otorgado credibilidad al testimonio de esos niños, muchas veces ignorado,
devolviéndoles su condición de ciudadanos dignos de consideración y respeto.
Ciertamente que aquello de lo que nos advierte el Defensor del Pueblo no era desconocido
para muchos colectivos sociales que trabajamos con la infancia en desventaja, ni tampoco para los
grupos parlamentarios de todo el espectro político. Pese a ello, esa lamentable situación de
indefensión se ha mantenido durante más de diez años sin ningún eco oficial. No es problema de
una determinada Comunidad Autónoma, ni del color de su gobierno ; tampoco es una negligencia
imputable a un fiscal o a un juez de menores determinado, más bien muestra el desdén de la clase
política, Fiscalía General del Estado y del Sistema Judicial en uno de sus cometidos básicos : la
defensa de los derechos de los niños, niñas y sus familias.
Es significativo que tras la muerte de varios niños en los últimos años, de otros que
amenazan suicidarse o de otros que se tragan objetos para que tomemos conciencia de su
situación desesperada, tenga que ser el Defensor del Pueblo quien nos advierta de que la política
de menores necesita un cambio de rumbo con toda urgencia.
También nos parece importante interpelar la responsabilidad de la comunidad científica
puesto que, a partir de la imagen distorsionada que a veces se nos da sobre esos niños, no impide
sino que propicia intervenciones tan injustificables como la administración sistemática y abusiva
de fármacos o el ocultamiento de malos tratos bajo lenguaje pseudo científico : contención
corporal por fuerza bruta, espacios de reflexión por celdas de aislamiento y castigo, etc.
Los niños y niñas con graves dificultades reclaman todo el apoyo del Estado y de la
sociedad. La respuesta no puede ser la delegación de responsabilidades en empresas de servicios
que gestionan los centros desde criterios muchas veces ajenos a las auténticas necesidades de la
infancia ; tampoco dejar desatendidos a los niños y a sus familiares y luego suplir esa laguna con
dispositivos que pretenden ser paliativos pero que muchas veces agravan los problemas de los
niños.
Consideramos un error grave la existencia misma de estos centros que paulatinamente,
pero a plazo fijo, debieran desaparecer. Lo que en ellos ocurre no se remedia con mayor
reglamentación. Urge tomar en serio la política de apoyo a la infancia y contemplarla desde una
panorámica mucho más amplia. En esta misma línea se han manifestado diferentes responsables
políticos y el mismo Fiscal General del Estado.
Por eso, exigimos que estos propósitos se plasmen en respuestas ciertas y eficaces a los
gravísimos problemas detectados y denunciados por el Defensor del Pueblo. Desde el
compromiso que las organizaciones sociales firmantes mantenemos hace muchos años con los
niños y niñas de nuestros barrios, seguiremos vigilantes y exigiendo responsabilidades a todos
aquellos de quien dependen políticas infantiles y familiares.
Nuestros pequeños se lo merecen y la sociedad saldrá ganando. A fin de cuentas si a los
niños “protegidos” por las Comunidades Autónomas se les trata así, ¿cómo podremos sentirnos el
resto de los ciudadanos ?
Colectivos firmantes :
Fuente: Varios colectivos
