Pasaron 24 horas desde que 12.000 presos en la provincia de Buenos Aires decidieron comenzar una huelga de hambre debido a los maltratos permanentes sufridos en las cárceles. En la penumbra del hormigón y los barrotes, "reclusión" y "castigo" son dos términos que peligrosamente se vuelven sinónimos a la sombra de la Constitución.
Pasaron 24 horas desde que 12.000 presos en la provincia de Buenos Aires decidieron comenzar una huelga de hambre debido a los maltratos permanentes sufridos en las cárceles. En la penumbra del hormigón y los barrotes, «reclusión» y «castigo» son dos términos que peligrosamente se vuelven sinónimos a la sombra de la Constitución.
Las muertes por violencia dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense crecieron exponencialmente en 3 años. Según datos del Ministerio de Justicia provincial, en 2003 fallecieron 139 internos por violencia carcelaria ; en 2004, 169 ; y en los dos primeros meses de 2005, ya se registraban 7 por semana. Mientras tanto, según el ministerio, la tortura suele ser otra moneda corriente.
Un informe elaborado por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) en base a las denuncias de presos recogidas por organismo oficiales detalla que los tratos crueles e inhumanos en cárceles y comisarías del país «incluyen golpes de puño, patadas, bastonazos y culatazos» y hasta se han llegado a registrar «casos de quemaduras de cigarrillos, uso de gas paralizante en el rostro y violaciones sexuales cometidas frente al personal del sistema penitenciario» y métodos de tortura tales como la picana eléctrica y asfixia.
Los penales más violentos de Buenos Aires son las unidades penitenciales de Olmos (nº 22) y Florencio Varela (nº 23), donde la tasa de lesiones es de 534.9 y 383.8 cada mil reclusos. El registro bonaerense de casos de Tortura y Tratos Inhumanos o Degradantes de la Defensoría de Casación llevaba para 2005 cerca de 1.300 denuncias.
Sin embargo, el problema no está sólo circunscrito a la provincia de Buenos Aire. Un estudio sobre las cárceles en argentina elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación explica que «el sistema penitenciario difícilmente puede brindar respuestas y soluciones ya que sobrelleva falencias de carácter estructura».
«Al ingresar a un penal del sistema penitenciario, el interno comienza a recorrer un nuevo camino de exclusión que ratifica y consolida la situación de marginalidad que lo llevó a ese lugar. Esas condiciones lo apartan de la posibilidad de reinsertarse socialmente», concluye el informe de la Defensoría.
Sin condena
Los datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal revelan que del total de los reclusos del país, sólo el 15,3% está cumpliendo condena, mientras que el 84,7% está bajo procesamiento.
Tanto la Defensoría como el CELS coinciden en que existe un uso abusivo de la detención preventiva y muy especialmente de los procesos penales. De hecho, el Comité Interamericano de Derechos Humanos ya había recomendado al Estado en 2004 que revise su legislación en materia penal y aplica la detenciones sólo cuando sea necesario o bien, de manera preventiva en casos excepcionales.
Buenos Aires es la provincia con más reclusos en el país, posee 25.000 internos de los cuales el 18% sólo tiene condena firme.
Por otra parte, la superpoblación carcelaria llega al 14,5% en todo el país. Según el informe del CELS, el criterio de distribución de presos no es uniforme. Mientras que en algunas penitenciarias la ocupación es del 70% en otras llega al 160%, donde tres personas llegan a ocupar una celda de cuatro metros cuadrados.
Fuente: Juan Pablo De Santis / eltribunosalta.com.ar
