“Cuando este Gobierno empezó, Colombia había tenido años en los cuales asesinaban, 126, 168, 200 integrantes de las organizaciones de trabajadores por año. Todavía no hemos llegado a cero, como quisiéramos decirle al mundo, pero este año ha muerto asesinado un trabajador sindicalizado del Inpec, y todo indica que no fue por razones relacionadas con su tarea sindical”.
Así lo ha afirmado una y otra vez, el Presidente Uribe Vélez en los últimos meses, en cada uno de los discursos, pronunciamientos ante medios de comunicación nacionales e internacionales e intervenciones en actividades públicas, básicamente con el fin de confrontar las acusaciones por parte de la oposición que actualmente enfrenta su gobierno y lograr además la aprobación del TLC en el congreso de los Estados Unidos, el cual al parecer se encuentra en la cuerda floja en virtud del escándalo de la parapolítica, entre otros temas.
No obstante, la realidad es otra. Según las cifras del banco de datos de la Escuela Nacional Sindical – ENS-, hasta abril de 2007 han sido asesinados 9 sindicalistas. Uno más, Luís Miguel Gómez Porto, miembro del Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores del Departamento de Sucre – SINDAGRICULTORES, fue asesinado el pasado 3 de mayo en la región de Montes de María, al parecer por parte de la Infantería de Marina, presentado posteriormente como un falso positivo por los mismos.
Entonces ¿Por qué razón el Presidente Uribe revela otras cifras ? Claro es su interés en demostrar los avances en su política de seguridad democrática manipulando los verdaderos datos. Para esto y tal como lo menciona José Luciano Sanín Vásquez, director general de la ENS, presenta al magisterio y a los campesinos organizados en sindicatos como una categoría de víctimas diferentes a la del sector sindical, desconociendo que sólo el magisterio constituye el 30% de los sindicalizados en Colombia.
Pero eso no es todo. Uribe Vélez en la rueda de prensa que organizó el pasado 19 de abril, aseguró que tan sólo 25 sindicalistas habían sido asesinados el año inmediatamente anterior, desconociendo según sus intereses, los otros 55 sindicalistas asesinados en el 2006.
De tal manera, el presidente Uribe, niega la violencia antisindical que año tras año asesina, tortura, desaparece, desplaza, amenaza y exilia a muchos dirigentes y afiliados, y debilita el movimiento sindical al impedir que mas personas quieran unirse por la falta de garantías al ejercicio de la labor sindical y al temor a represalias contra ellas y sus familias.
Ahora bien, según la ENS, el año pasado se presentó un recrudecimiento de asesinatos de sindicalistas frente al año 2005. Es así como entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2006 fueron asesinados en el país 71 sindicalistas, lo que revela un incremento de los homicidios del 6% tomando como referencia el mismo periodo en el que fueron registrados 67 asesinatos.
Es de destacar que la mayor parte de estos homicidios son registrados como delitos comunes, muchas veces presentados como consecuencia de afrentas personales o pasionales, con lo cual los entes investigadores pretenden distorsionar las verdaderas razones por las cuales ocurren los crímenes y contribuir a los esfuerzos del gobierno por desvirtuar y negar la violencia sistemática contra el sector sindical.
Frente a este punto es bueno recordar la falta de operatividad del sistema judicial frente a asesinatos de dirigentes sindicales como el del profesor Alfredo Correa de Andreis a manos de grupos paramilitares y la evidente cortina de humo que han querido montar frente a las declaraciones suministradas por Rafael García, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de Jorge Noguera, Ex – director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – en la entrega de una lista de sindicalistas y dirigentes de la izquierda a paramilitares, específicamente a Jorge 40, para asesinarlos.
Paradójicamente Uribe Vélez a la fecha no ha asumido su responsabilidad frente al nombramiento de Noguera en el DAS, ni frente a las actuaciones y vínculos de éste con el paramilitarismo y por el contrario a salido en varias oportunidades en su defensa. Al mismo tiempo continua presentando datos irrelevantes sobre la cifra de paramilitares desmovilizados, cuando de todos es conocido que estos siguen delinquiendo.
Precisamente entre el 1 de enero y el 20 de noviembre del 2006, según la ENS, fueron asesinados 9 sindicalistas a manos de grupos paramilitares supuestamente desmovilizados. Esto sin contar con la denuncia permanente realizada por organizaciones sociales defensoras de derechos humanos sobre continuas persecuciones y amenazas por parte de paramilitares que ahora apelan a nuevos nombres, quienes declaran objetivo militar, entre otros sectores a los sindicalistas.
Es así como, dirigentes sindicales de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios – ANTHOC -, recibieron una amenaza el pasado 16 de junio suscrita por el “brazo armado de las ex AUC”, en la que señalan su intención de respaldo al presidente Uribe, afirmando que hasta no asesinar a todos los sindicalistas y comunistas que existan no ocurrirá una verdadera desmovilización.
Como se ve, este es solo un ejemplo que Uribe Vélez se le olvida mencionar, al hablar públicamente sobre sus avances en materia de seguridad democrática y su responsabilidad frente al tema de protección estatal a cientos de líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
Ahora bien, otro factor que contribuye a la grave situación de derechos humanos de los sindicalistas es el marco de impunidad en el que se encuentran la mayoría de casos donde las víctimas son dirigentes y afiliados. En general, las investigaciones son suspendidas y otras más son precluídas por falta de pruebas, sólo en menos de 5% los casos llegan a juicio y se condena a los autores . En los casos en que se presentan amenazas, la mayoría de sindicalistas no pone en conocimiento de las autoridades su situación por temor a represalias y, cuando se denuncia, las investigaciones que se adelantan por los hechos no arrojan resultados y son precluídas.
Respecto a los procesos penales que se adelantan por violaciones de derechos humanos de los sindicalistas en los que el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” se ha constituido en parte civil, en el 46. 51% de los casos se encuentran en etapa probatoria, en el 11.62% se han realizado solicitudes de información respecto del estado del proceso y no han sido resueltas, en un mismo porcentaje la investigación se encuentra en etapa preliminar, el 9.3% de los casos se encuentran archivados, en el 7% de los casos la Fiscalía General de la Nación profirió Resolución inhibitoria, en un 4.65% de los procesos se profirió resolución acusatoria y en un mismo porcentaje sentencia condenatoria, en el 2.32% de los casos se está en audiencia pública y en una misma cifra en audiencia preparatoria. Solo en el 9.3% de los casos los sindicados se encuentran detenidos.
En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos -SINALTRAINAL-, en el 62% de los procesos que se adelantan en la Fiscalía General de la Nación, por el homicidio de sus dirigentes y afiliados, se suspende la investigación ; en un 12.5% no se ha hecho calificación del sumario ; en el 12.5% no existen una investigación penal ; y en un mismo porcentaje el proceso ha llegado a juicio y se profirió condena.
Estas cifras demuestran que en los casos de violaciones a derechos humanos de los sindicalistas, no ha existido una real y efectiva aplicación de justicia que responda a la abierta y ostensible violación de sus derechos por parte del Estado colombiano. De está forma se ha configurado un grave caso de impunidad, donde las diferentes entidades estatales que conocen de los casos de asesinatos, masacres, desapariciones, amenazas, hostigamientos y persecución sindical, no han emprendido una labor investigativa seria y eficaz que contribuya a la superación de la grave situación de derechos humanos del sindicalismo en Colombia. Así las cosas, queda demostrado que las cifras favorables que presenta el presidente Uribe ante el país y ante la comunidad internacional no son más que manipulaciones de las cifras reales con el fin de justificar la política de seguridad y mejorar su imagen a nivel internacional. Mientras tanto, el sector sindical sigue siendo objeto de persecución y violaciones de derechos humanos contra sus afiliados y los procesos investigativos de total impunidad.
Fuente: CCAJAR
