Londres.- Las fuerzas de seguridad y paramilitares y los grupos
guerrilleros de Colombia están castigando a quienes se niegan a
participar en el conflicto que vive Colombia, asegura Amnistía
Internacional.
La organización de derechos humanos hace esta afirmación con motivo del
lanzamiento de una nueva campaña en favor de varias “comunidades en
resistencia”, que son comunidades que han adoptado una postura activa y
a menudo peligrosa en defensa de su derecho como civiles a no verse
involucradas en el largo y sangriento conflicto armado de Colombia.
Las Zonas Humanitarias de las comunidades afrodescendientes en las
cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de
Chocó, y la Comunidad de Paz de campesinos de San José de Apartadó,
departamento de Antioquia, sólo son dos ejemplos de esas “comunidades en
resistencia” que durante años han sufrido los ataques de ambas partes en
el conflicto simplemente por defender su derecho como civiles a no tomar
parte en el conflicto.
“Las comunidades de indígenas, campesinos y afrodescendientes están
entre las más afectadas por el conflicto –manifestó Marcelo Pollack,
investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia–. Para algunas,
los ataques tienen como fin atemorizar a otras comunidades para
disuadirlas de organizarse o castigar a quienes ya han tomado una
postura, mientras que en otros casos, el objetivo de los ataques es
conseguir que esas comunidades se desplacen de unos terrenos ricos en
recursos naturales o de importancia estratégica para uno u otro bando.”
“El conflicto de Colombia, que dura ya más de 40 años, es el relato de
incontables comunidades destruidas y tragedias humanas –afirmó Marcelo
Pollack–. Las fuerzas de seguridad y paramilitares y los grupos
guerrilleros deberían respetar y no castigar a quienes defienden su
derecho a no participar en un conflicto.”
El conflicto de Colombia ha dejado comunidades enteras aisladas y a sus
habitantes atrapados, sin poder acceder a alimentos ni medicamentos
debido a los combates o a las restricciones de transporte que les han
impuesto las partes en conflicto, que a menudo aducen que las mercancías
iban destinadas a sus enemigos.
Entre tres y cuatro millones de personas se han visto forzosamente
desplazadas por la violencia en Colombia ; han tenido que dejar sus casas
debido a las amenazas de las partes en conflicto. Esta cifra de
desplazamientos forzosos sitúa a Colombia en segundo lugar después de
Sudán.
Las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y
Jiguamiandó han establecido Zonas Humanitarias en el lugar para tratar
de proteger a sus habitantes de los ataques y sus tierras frente a las
invasivas e ilegales plantaciones de aceite de palma, así como para
transmitir a las partes en conflicto el potente mensaje de que deben
respetarse sus derechos como civiles.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se constituyó en 1997 y
desde entonces se ha comprometido a no participar en el conflicto ni ha
dejarse involucrar en él. Sus miembros se niegan a portar armas y a
facilitar información o apoyo logístico a cualquiera de las partes en
conflicto. Las fuerzas de seguridad y paramilitares siguen sosteniendo
que es una comunidad subversiva, mientras que los grupos guerrilleros la
acusan de ponerse de parte de sus enemigos.
Desde el establecimiento de esta Comunidad de Paz se ha dado muerte o
sometido a desaparición forzada a más de 170 de sus miembros. La semana
pasada, la Comunidad de Paz conmemoró el cuarto aniversario del
homicidio de ocho de sus miembros el 21 de febrero de 2005. Las
investigaciones judiciales han implicado a miembros de las fuerzas de
seguridad y paramilitares en la masacre.
Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que
investiguen y lleven ante la justicia a todos los autores de abusos
contra los derechos humanos de los miembros de estas “comunidades en
resistencia”, y les pide asimismo que adopten con carácter urgente todas
las medidas necesarias para garantizar su seguridad como las propias
comunidades crean conveniente.
Todas las partes en conflicto deben respetar también el derecho a la
vida de estas comunidades y de cualquier otra comunidad de civiles, y
garantizar que no son arrastradas a participar en el conflicto.
Fuente: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
