Desde hace años, las estadísticas revelan que en Colombia aumentan las grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva, mientras que paralelamente desaparecen los pequeños predios productivos. Se produce el avance de una moderna forma de latifundio con presencia de capital transnacional.
Un reciente informe presentado al Ministerio de Agricultura, indica que el 0,4 por ciento de los propietarios de la tierra en Colombia, posee más del 60 por ciento del suelo rural registrado oficialmente. Las cifras apuntan a que poco más de 15.000 personas no solamente son dueñas de la mayor parte de las tierras productivas, sino que son propietarias de las que tienen mejor calidad.
Los datos constan en un reciente estudio realizado por el IGAC ( Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y CORPOICA ( Corporación de Investigación Agropecuaria). Allí se detalla que esas quince mil personas son propietarias de algo más de 47 millones de hectáreas.
Por su parte, 97 por ciento de los propietarios registrados en el Catastro, esto es 3.500.000 de personas, poseen solo 18.600.000 hectáreas, un 24,2 por ciento del predio rural.
El informe añade que el fenómeno de la concentración de la propiedad, es una de las principales causas de la pobreza rural, el desplazamiento, el atraso del sector y sobre todo, del uso indebido de la tierra.
Los desplazados
Uno de los sectores más afectados por las políticas represivas de los últimos años, lo constituye el de los campesinos y pobladores de las zonas rurales. Se estima que más de dos millones de colombianos han sido desplazados de sus regiones abandonando los cultivos que eran la base de su supervivencia. Las acciones de los paramilitares, las masacres y los daños por el uso indiscriminado de glifosato (como herbicida contra los cocales ), aumentan la indefensión de los habitantes de amplias zonas rurales del país. Y numerosas denuncias señalan que tras la marcha de los campesinos, hay quienes se apropian de sus tierras.
Por lo general, la parcela y la vivienda, son el único patrimonio que poseen los desplazados, sin dudas el eslabón más débil en el conflicto interno. Han sido prácticamente ignorados por los sucesivos gobiernos, que no han generado políticas efectivas para atender esta dramática situación que atraviesan cientos de miles de familias colombianas.
El gobierno de Uribe no solo no ha modificado esta tendencia gubernamental, sino que deriva fondos de forma creciente hacia el aparato militar, mientras disminuyen los recursos para atender las cuestiones sociales.
En muchos casos, los desplazados, además de ignorados por los organismos oficiales, son hostigados por los paramilitares, que centran sus ataques en aquellas comunidades que se organizan para afrontar unidos y de forma colectiva su dramática situación. Como ocurre con activistas sindicales, vecinales o de derechos humanos, los representantes de estos grupos de origen campesino también son amenazados o asesinados. La última víctima se produjo el viernes pasado. La menor Marta Garrido, de 16 años fue separada de sus compañeras cuando salía de clase de bachillerato nocturno y asesinada a balazos. Era una activa organizadora de la población desplazada en la cabecera municipal de Huila.
“Las mejores tierras y los espacios estratégicos se constituyen en objetivo prioritario de fuerzas violentas que, creando confusión y amparados en la impunidad, propician la expulsión de los pobladores más vulnerables, y dejan así el campo abierto al desarrollo de sus intereses económicos y políticos.” Así lo indica un documento de la CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Y añade : “ vale la pena considerar que tanto la tierra como el territorio han ido adquiriendo distintas valoraciones que tienen que ver, entre otros, con los recursos naturales, su condición geo-estratégica y que van más allá de la tradicional explotación agropecuaria.” Un apunte nada desdeñable, si se tiene en cuenta -por ejemplo- el tema de los recursos hídricos para los próximos años. ( Ver SERPAL 259 sobre el Acuífero Guaraní” ).
También se incrementan las fumigaciones con glifosato, que ahora tendrán un especial aporte económico después del aval que dio el Congreso norteamericano para destinar recursos a ese propósito. El gobierno de Uribe se propone extender las fumigaciones a zonas de parques y reservas naturales, desoyendo las advertencias de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales.
Según las estimaciones, desde el año 2001 han sido fumigadas algo más de 300 mil hectáreas, el triple de las que se considera estaban sembradas ese año con cultivos ilegales.
Y en el horizonte, la amenaza del ALCA, como golpe de gracia para diversos cultivos como el maíz, el arroz y el algodón, la privatización de servicios básicos y el privilegio para los negocios de las grandes transnacionales.
Precisamente hace pocos días, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria de Colombia, aprobó sumarse activamente a la movilización que el próximo 15 de abril harán organizaciones sociales de productores, campesinos, ambientalistas, sindicales, indígenas y diversas ONGs de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.
Constituirá una jornada andina de protesta contra el ALCA y los tratados bilaterales de «libre comercio» con los Estados Unidos. En esa batalla no sólo está en juego la supervivencia del campesinado colombiano, sino la posibilidad de desarrollos independientes y regionales de todos los países latinoamericanos.
* Redacción de SERPAL.
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