Las relaciones entre la multinacional Chiquita Brands y los paramilitares iban mucho más allá de pagarles una vacuna de seguridad. La empresa llegó a transportar y guardar un lote de armas y municiones de Carlos Castaño.
Fecha : 03/17/2007
Una reunión en 1997 entre Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las AUC, y el gerente general de Banadex, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, fue el inicio de una relación criminal que, según la multinacional, le ayudó a proteger la vida de sus trabajadores, pero que para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria «pacificación» del Urabá antioqueño y en su expansión por el resto del país.
Desde ese momento y hasta el 4 de febrero 4 de 2004, la bananera hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones
de dólares, lo que la convirtió en uno de sus principales financiadores.
Además, el 7 de noviembre de 2001, Banadex fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su «mejor gol» y como uno de los hechos decisivos para imponerse
militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian.
Estos hechos se han confirmado gracias al proceso que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le sigue a la multinacional por una investigación de la Securities and Exchange Commission de ese país, y por un informe de la Organización de los Estados Americanos. Las investigaciones periodísticas de los reporteros Mike Gallagher, en
Estados Unidos, e Ignacio Gómez, en Colombia, también han aportado elementos para armar el dossier de corrupción y complicidad entre la
bananera y los paramilitares.
El jefe paramilitar Carlos Castaño se reunió con el gerente de Banadex, la filial en Colombia de Chiquita, y acordó la forma de pago. En total
le entregaron a las AUC más de 1,7 millones de dólares
La multinacional bananera también reconoció haber pagado un soborno para tener un puerto en Turbo . En él los paras descargaron con la ayuda de Banadex, 3.400 fusiles AK -47 y cuatro millones de munición 7.65
La semana pasada la noticia sobre esta financiación ocupó las primeras
planas de los medios, tras firmarse un acuerdo por 25 millones de dólares entre Chiquita y el Departamento de Justicia norteamericano, como sanción por dar dinero a las AUC, calificado como grupo terrorista por ese país desde el 10 de septiembre de 2001, un día antes del ataque a la Torres Gemelas. Este acuerdo deberá ser avalado en los próximos días por un juez federal.
Pero más allá de la sanción, el caso de Chiquita inaugura las revelaciones sobre la responsabilidad del sector privado y el alcance del dominio paramilitar en grandes zonas del país. Así como hay una ’para-política’, este caso revela cómo ha existido un ’para-empresarismo’. También muestra cómo, pese a las evidencias, las autoridades colombianas han estado poco interesadas en impulsar estos procesos, al contrario de lo que sucede con las autoridades extranjeras.
En el expediente contra la bananera hay detalles insospechados de cómo se hacían los pagos a los paras. El dossier señala cómo un miembro de la
junta directiva, cinco altos funcionarios y dos empleados más de Chiquita en la casa matriz en Cincinnati, conocieron o participaron de los desembolsos a las AUC. En Colombia fueron coordinados por un alto funcionario y otro empleado de Banadex y se hicieron hasta 2004, pese a que un año antes un asesor de la empresa había emitido un concepto en el que de forma enfática afirmaba que los pagos se debían suspender y que
de continuar, Chiquita debería dejar Colombia. Lo que sucedió en 2004.
Según se demostró, gran parte de los pagos a paramilitares se hizo en Urabá y Santa Marta. Inicialmente se giraron cheques a nombre de la
Convivir Papagayo.
Otros desembolsos se hicieron en efectivo. En algunos casos se giró a través de un sobresueldo que se pagaba a dos de sus funcionarios en
Colombia. Estas dos personas se identifican en el expediente como los individuos F y G. El misterio es quiénes son y en qué otras actividades ilegales participaron.
En busca de sus identidades, SEMANA habló con el abogado Reinaldo Escobar de la Hoz, quien entre 1997 y 2004 -tiempo en el que se hicieron
los pagos a los paras- fue asesor jurídico en unas oportunidades, y representante legal, en otras, de Banadex. El nombre de Escobar aparece en las investigaciones sobre un pago que hizo la bananera a funcionarios de la Dian para lograr que les autorizaran una zona aduanera especial en Turbo, administrada por ellos, por donde despachaban sus productos.
Según la prensa gringa, hay una grabación en la que Escobar le explica a un funcionario de Chiquita en Cincinnati que el pago, que en su momento fue por 30.000 dólares, era conveniente porque con el tiempo les ahorraría más de un millón de dólares en gastos aduaneros.
Esta zona franca terminó siendo clave también para los paramilitares, pues por allí ingresaron uno de los cargamentos de armas camufladas en un embarque de pelotas de caucho a bordo del barco Otterloo. Esto fue documentado en un informe de la OEA que dice que «el embarque de armas y municiones fue descargado por una compañía de transporte llamada Banadex S. A.». En otro aparte se indica que lo sucedido en Turbo fue un misterio. Investigaciones periodísticas basadas en informes internos de
la Dian dan cuenta de cómo Banadex utilizó grúas especiales y montacargas de alta capacidad, que no habrían sido necesarios si el contenido eran pelotas de caucho. También narra cómo los nueve
contenedores en los que venían las armas y la munición estuvieron cuatro días en el lugar, esperando los camiones que los llevaron a Carlos
Castaño en el Nudo de Paramillo.
Escobar dijo a SEMANA que pese a que aún lleva algunos casos de la bananera, la vocería la tiene un funcionario de Cincinnati. Según Escobar, es «totalmente inexacto y una mentira absoluta», vincularlo con hechos de corrupción de Banadex o las relaciones de esta empresa con los paramilitares. SEMANA sólo obtuvo como respuesta de los voceros de Chiquita Brands un comunicado de prensa.
*Cojea, pero…*
En el documento de acuerdo entre la bananera y el Departamento de Justicia, la multinacional reconoce también pagos al ELN y a las Farc
entre 1989 y 1997. Esta referencia da a entender que esa clase de contribuciones era frecuente en la zona y que con seguridad Chiquita no
fue la única que incurrió en ellas. Pero hay suficientes evidencias de que esta empresa fue mucho más allá en su relación con los paramilitares.
En muchas partes del país, los empresarios aducen que por años, ante la debilidad del Estado, se vieron forzados a pagar ’vacunas’ al grupo
armado ilegal que controlaba la zona. Este argumento termina siendo muy similar al de los políticos que aseguran que su relación con los
paramilitares fue algo que les tocó. Sin embargo, en uno y en otro caso el argumento queda cojo al comprobarse que muchos otros políticos y
empresarios, al contrario, buscaron ponerse siempre del lado de las instituciones. Por ejemplo, en el país muchas empresas con gran
capacidad financiera cedieron parte de sus terrenos para que en ellos se instalaran estaciones de Policía o guarniciones militares. En otra palabras, Chiquita tenía otras alternativas distintas a aliarse con los delincuentes. Pero no lo hizo, y ello tuvo un impacto estremecedor en
Urabá y la zona bananera de Santa Marta.
Durante el período en que Chiquita financió a las AUC, este grupo cometió miles de asesinatos en la zona, y muchas de sus víctimas fueron trabajadores bananeros a los que supuestamente la multinacional buscaba defender. De otro lado, la empresa también perdió. No sólo tuvo que abandonar su rentable operación en Colombia y tendrá que pagar una
cuantiosa multa, sino que le será muy difícil quitar la mancha de sangre de su marca.
No deja de ser decepcionante que en este caso la justicia haya actuado en un país extranjero. Aquí sólo se quedaron la violencia y la corrupción.
Pese a que la bananera aceptó su culpa desde 2004, en Colombia no hay procesos contra Chiquita, Banadex o sus directivos en esa época. Ni por
financiación de grupos paramilitares, ni por el soborno pagado para obtener la operación del puerto, ni por el cargamento de armas que
ayudaron a entrar por él. Incluso parece que en algunas entidades, como en el DAS, lo que se buscó fue entorpecer las investigaciones que podrían relacionar a esta empresa (ver recuadro). Al final de la semana, la Fiscalía pidió información a las autoridades gringas sobre el caso.
Por su parte, la Comisión de Reparación también revisaba si es viable que el Estado colombiano busque parte del dinero que Chiquita va a pagar
allá, con el fin de destinarlo a las víctimas. Es fácil predecir que el caso de Chiquita es apenas el primero de su tipo. En el exterior, organizaciones de derechos humanos adelantan campañas, por ejemplo contra Coca-Cola o la Drummond, por su supuesta colaboración con los
paramilitares en procesos que no están resueltos. Pero es un secreto a voces que no solo algunas multinacionales financiaron a estos grupos.
Muchas empresas colombianas también lo hicieron. Es posible que Chiquita Brands sea solo el primer capítulo del ’paraempresarismo’.
Chiquita Brands procede de la United Fruit, firma involucrada en masacre de las bananeras en 1928*
En 1970, United Fruit se fusionó con otra empresa y pasó a llamarse United Brands Company, que a su vez cambió de nombre por el de Chiquita (en 1990), según datos disponibles en su página de Internet.
Chiquita se convirtió esta semana en la primera multinacional en recibir un castigo por haber financiado a los paramilitares colombianos. Este
miércoles, la justicia de Estados Unidos le impuso a una multa de 25 millones de dólares por haber entregado fondos a una organización terrorista (las Auc).
La empresa bananera procede de la misma multinacional estadounidense que en 1928 afrontó una dura huelga de sus trabajadores en Ciénaga
(Magdalena). En medio de esas protestas, el 6 de diciembre de ese año, la Fuerza Pública abrió fuego contra 3.000 obreros.
Nadie sabe cuántos muertos hubo. Algunos historiadores dicen que menos de 2.000, pero la verdad es que los registros oficiales son dudosos.
Tampoco se sabe si funcionarios de United instigaron a la Fuerza Pública para reprimir a los manifestantes, como lo señalaron varios
sobrevivientes. Las autoridades no hallaron indicios de eso.
En todo caso, 79 años después, esta bananera parece repetir la historia de convertirse en protagonista de uno de los hechos de violencia más
graves del país.
Banano tumbó a un presidente
Desde su fundación en 1899 – su presencia en Colombia es de finales de ese siglo- United Fruit estuvo en el centro de controversias en América
Latina, que incluso dieron para derrocar a un presidente.
«Cuando el gobierno izquierdista de Guatemala expropió (en 1954) las tierras de United Fruit como parte de una reforma agraria, la respuesta
fue un golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz, orquestado por la CIA», señala una investigación del diario The Wall Street Journal.
Ese poderío político y comercial en los países latinoamericanos fue el que inspiró el término ’Banana Republic’.
Hoy, con más de 15.000 hectáreas en Latinoamérica y casi 14.000 trabajadores, Chiquita sigue siendo un gigante del negocio. Su retiro de Colombia se produjo en 2004, un mes después de que aceptó por primera vez que había entregado fondos a los ’paras’, en medio de la investigación de la justicia de E,U.
La multinacional admitió que pagó entre 1997 y 2004, 1,7 millones de dólares a las Auc, grupo que fue responsable de numerosas masacres de
trabajadores bananeros en Urabá.
Aunque Chiquita le puso punto final en E.U. al tema de la financiación de las Auc, debido a su acuerdo con la justicia de ese país, aún quedan
preguntas por resolver.
Una de ellas es si esta firma es la misma que aparece en el informe de la Fiscalía sobre el computador de ’Jorge 40’ o si se trata de otra,
homónima.
Lo dice el computador de ’40’
En el aparato se relata que los envíos de cocaína a Europa se hacían en buques cargados con banano. «Según nuestros informes de inteligencia, la
empresa (usada para estos envíos) se llama Chiquita», dice el reporte de la Fiscalía.
Otra pregunta que tiene la Fiscalía es qué papel jugó la empresa en el ingreso de 3.000 fusiles AK-47 para las Auc, que llegaron en el barco
Otterloo al Urabá en 2001. Para resolver esa inquietud, el organismo pedirá a E.U. el expediente sobre la bananera.
Los equipos e instalaciones de Banadex, la filial de Chiquita en Colombia, fueron usados para bajar los contenedores que escondían las armas. Sin embargo, eso no es prueba de que exista alguna complicidad de la bananera.
«Pero ahora, una vez se conoció la multa a Chiquita, es difícil creer que alguien en la empresa no estuviera al tanto de esas armas», dijo a EL TIEMPO un investigador.
Otro tema pendiente es si la Fiscalía tomará alguna acción contra los miembros de la desaparecida Convivir, que según E.U. recibió los aportes como fachada de las Auc, y que hoy tienen una firma de vigilancia.
Por lo pronto, la multa contra Chiquita es un campanazo de alerta para las otras multinacionales que habrían dado aportes a guerrilla y ’paras’
con el argumento de que lo hicieron bajo amenazas.
Hechos polémicos en la trayectoria de la bananera
* En diciembre de 1928, el Ejército disparó contra 3.000 obreros de
United Fruit que llevaban casi un mes en huelga en Magdalena.
* En 1954 el presidente de Guatemala Jacobo Arbenz, tras expropiar
tierras de United, cayó por un golpe de estado apoyado por la CIA.
* Tras ser el rey del azúcar en Cuba, United fue expulsada de la
isla, entre 1959 y 1960, por la lucha revolucionaria contra el
poderío estadounidense.
* Entre 1997 y el 2004, Chiquita realizó 100 pagos a una Convivir,
que según E.U. era una fachada de los ’paras’. Carlos Castaño
selló el acuerdo.
* En el 2001, equipos de Chiquita, firma ’hija’ de United, fueron
usados para descargar ’containers’ que escondían armas para las
Auc. La justicia indaga.
Más de 15 pagos en Santa Marta
Uno de los hechos que llama la atención del acuerdo entre Chiquita y la justicia de E.U., conocido por EL TIEMPO, es que por lo menos 15 de los 50 pagos que la firma realizó a las Auc después del 2001 no se efectuaron en Urabá, sino en Santa Marta. Es decir, el flujo de dinero
dejó de ir solo a los bolsillo de Carlos Castaño y giró hacia una zona que en ese año ya era dominaba por el Bloque Norte, liderado por ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo.
Par : Miguel/CGT Balears
