En Ciudad Bolívar y en los Altos de Cazucá (Soacha) ya se advierte la presencia de las «Águilas Negras».
Este grupo armado, a través de su Bloque Metropolitano, ya opera y extiende sus estrategias de terror en Bogotá. Desde hace 18 meses, la Defensoría del Pueblo, por conducto de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), venía advirtiendo sobre la formación de esta expresión violenta en la localidad de Ciudad Bolívar y en el sector de los Altos de Cazucá, en el vecino municipio de Soacha. Hoy es una realidad que ya tiene claros objetivos militares y que está desplegando una ola de amenazas hacia diversos sectores en la capital de la República.
Hace tres meses, en su último informe de riesgo, la Defensoría del Pueblo instó a la Presidencia, el Ministerio del Interior, la oficina del Alto Comisionado de Paz, las alcaldías de Bogotá y Soacha y la Gobernación de Cundinamarca, a adoptar medidas urgentes de protección para neutralizar esta amenaza contra la población civil en el corazón del país. Ahora es una evidencia que estas mismas instancias oficiales confrontan y que, después de la marcha del pasado 6 de marzo, ha cobrado dimensiones de alarma en Bogotá, especialmente entre los organizadores de esta movilización de protesta.
De hecho, el pasado miércoles 12 de marzo empezaron a circular en apartados sectores de Ciudad Bolívar y los Altos de Cazucá hojas amenazantes con siniestros dibujos y agresivos mensajes, destinados a anunciar que varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y algunos líderes sociales han sido declarados como objetivos militares. Los volantes aparecen avalados por dos expresiones armadas : Águilas Negras presente y Bloque Metropolitano de Bogotá, y anuncian asesinatos y el seguimiento estrecho de sus actividades.
Los documentos fueron conocidos por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que inicialmente han constatado que no distan mucho de las advertencias formuladas por su Sistema de Alertas Tempranas, en el sentido de que grupos armados ilegales derivados de las autodefensas, a través de correos electrónicos con mensajes intimidatorios, panfletos y hurtos de información, idearon el propósito de crear un ambiente de incertidumbre, miedo e indefensión entre algunas personas y comunidades, y ahora están pasando de las amenazas a los hechos.
Los mensajes están dirigidos, entre otros, al ex concejal de Bogotá Bruno Díaz, de quien dicen «eres hombre muerto», e implican también a diversas organizaciones sociales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, que actualmente labora en protección de comunidades en zonas vulnerables, y la Corporación Reiniciar, que impulsa en la Comisión Interamericana el proceso contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica.
De igual modo, las amenazas, que han venido orientándose de manera específica vía internet, incluyen a las organizaciones Fundip, Asipron, Andas, Asodego, Fenacoa, Asomujer, y especialmente a quienes promovieron la marcha del 6 de marzo en rechazo al paramilitarismo, los crímenes de Estado y la parapolítica. «Ustedes utilizaron dicha marcha para hundirnos más y poner a la gente en contra nuestra. Comenzaremos a matarlos», señala uno de los mensajes. Es el mismo tono de las intimidaciones advertidas en sus informes de riesgo por la Defensoría del Pueblo desde hace 18 meses.
Sin embargo, el documento más preocupante y que las autoridades examinan para constatar su autenticidad, es una especie de proclama titulada «Primer comunicado virtual – Lucha armada fase A», en el cual las Águilas Negras expresan que, en respuesta a requerimientos de muchos colombianos, han dispuesto el «total rearme de las fuerzas paramilitares», con el propósito de defender la propiedad privada y los intereses colectivos. El comunicado, conocido por El Espectador, sostiene que el proceso de desmovilización los abocó al desastre.
«No somos bandas emergentes como figura en el ámbito nacional, palabras inventadas por el ministro del Interior, Carlos Holguín», añade el documento, que arremete contra el Gobierno y expresa su disposición a «finiquitar de una vez por todas la participación ciudadana de apoyo a los grupos narcoterroristas». En tal sentido, manifiesta que incluye entre sus objetivos militares fase A «a medios de comunicación, ONG, embajadas, congresistas y ex congresistas y ciudadanía en general de apoyo y colaboración logística a la narcoguerrilla».
En su informe de alerta temprana, fechado en febrero de 2007, frente a las perspectivas de riesgo en Bogotá, la Defensoría del Pueblo ya había advertido que luego de tres años de negociaciones con los grupos de autodefensa, y a pesar de que el Gobierno daba por un hecho el desmantelamiento y desarme de sus grandes estructuras, varios organismos internacionales, los medios de comunicación, e incluso algunos ex comandantes de las autodefensas, ya habían puesto de presente «la existencia de organizaciones armadas de carácter privado con propósitos contrainsurgentes».
De la provincia a Bogotá
Un inocultable rearme paramilitar a nivel nacional, inicialmente denunciado por organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz, la Corporación Arco Iris o la Fundación Seguridad y Democracia, y luego reconocido por las propias autoridades. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), «la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) habla de 3.955 disidentes, rearmados y emergentes, con presencia en 200 municipios. La Policía Nacional habla de 2.818 en 101 municipios y la Defensoría del Pueblo de 1.098 en 305 localidades».
En la última edición de su impreso Punto de Encuentro, de enero de 2008, los investigadores de Indepaz, dirigidos por el ex ministro Camilo González Posso, departamento por departamento y con fuentes contrastadas oficiales y no gubernamentales, elaboraron un mapa consolidado de los nuevos grupos narcoparamilitares que hoy actúan en el país y que disputan economías ilegales con grupos guerrilleros y bandas de narcotraficantes. El informe de Indepaz ya advertía que en los Altos de Cazucá y la zona de Ciudad Bolívar estaban creciendo los riesgos.
El pasado lunes 14 de enero, apenas dos semanas después de su posesión, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, oficialmente fue notificado de cómo la amenaza había llegado a la capital de la República. En carta firmada por la viceministra del Interior, María Isabel Nieto Jaramillo, atendiendo las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se le recomendó al Alcalde la creación de una Mesa Regional Humanitaria para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la atención integral de los factores de vulnerabilidad en los Altos de Cazucá y en la localidad de Ciudad Bolívar.
Hoy la amenaza es un hecho y, a imagen y semejanza de otras regiones del país, el rearme paramilitar es una realidad en la capital de la República. En los sectores menos protegidos por la Fuerza Pública, literalmente se aplica el «toque de queda» a partir de las 10 de la noche y el patrullaje se hace en camionetas con vidrios polarizados que recorren diferentes parajes de los Altos de Cazucá y de Ciudad Bolívar. La misma situación ya había sido denunciada por la Defensoría del Pueblo en Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Bucaramanga, Cartagena o Barrancabermeja.
El reto ahora es que se neutralice en Bogotá el esquema que ya se desarrolla en otras ciudades, es decir, que las nuevas estructuras armadas no puedan extender sus redes de control violento a expresiones paralelas de violencia urbana como el robo de vehículos, los secuestros y las extorsiones, y que tampoco puedan insertarse en las economías informales, a través de sigilosos sistemas de control en las plazas de mercado, las concentraciones de vendedores ambulantes, los sistemas de vigilancia barrial, las extensiones de los préstamos de usura o los esquemas de transporte informal.
No obstante, en su primer informe de riesgo de agosto de 2006, la Defensoría del Pueblo que hoy orienta el abogado Vólmar Pérez dio cuenta de cómo a través de la violencia sicológica y física y con el propósito de fragmentar tejidos de asociación y solidaridad, estaban apareciendo en Bogotá extraños grupos con sofisticadas denominaciones : Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Frente Democrático Colombia Libre o Autodefensas Campesinas Carlos Castaño. Ahora se visibilizan con el nombre con que se les reconoce en otras regiones : las Águilas Negras.
Las redes milicianas de las Farc y el Eln también tienen idénticas pretensiones. Por eso en los Altos de Cazucá o en Ciudad Bolívar, en la guerra soterrada entre la guerrilla y el nuevo paramilitarismo, silenciosamente crecen las estadísticas de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados o reclutamientos. El desafío del Estado es impedir que, como en otras épocas, unos u otros logren implantar maquinarias políticas, cooptar líderes comunitarios, filtrar aparatos de justicia y de la Fuerza Pública, o convertirse en autoridades violentas donde habitualmente no llega la mano de la autoridad legal o del Estado.
Las Águilas Negras ya están en Bogotá y, según su primera declaración, quieren retomar su lucha armada porque se consideran derrotados en el campo político y militar por una guerrilla que «hoy se ufana de sembrar su ideología en territorios extranjeros y también se vanagloria de su alto respaldo por muchos jefes de Estado». Ya el tema desbordó el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y, en los sectores marginales de Bogotá, constituye una amenaza latente. Las autoridades civiles y militares tienen la obligación de evitar que la guerra regrese a las ciudades.
El epicentro del conflicto
La zona de Ciudad Bolívar es la localidad más extensa de Bogotá, en ella habitan más de 800.000 personas, pero es la segunda con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y déficit en servicios públicos. Desde hace varias décadas, este sector de la Capital de la República, junto a la zona de los Altos de Cazucá, en el vecino municipio de Soacha (Cundinamarca), recepciona el 46% de las familias que llegan al Distrito Capital en condición de desplazados. Además, en estas mismas localidades se concentra el 64% de las familias clasificadas en estrato uno que habitan en Bogotá y que pertenecen a los cordones de extrema pobreza y miseria. Ciudad Bolívar y los Altos de Cazucá tienen una importancia estratégica para los grupos armados ilegales, no solamente porque es una región propicia para el desarrollo de sus actividades financieras y logísticas sino porque les permite crear corredores de movilidad desde Bogotá hacia los departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila. Estas circunstancias en parte explican los altos índices de homicidios que habitualmente se registran en la zona. Según estadísticas oficiales, en 2005 se presentaron 286 asesinatos. La cifra descendió en 2006 a 162. Hoy se cree que pese a los controles de la Fuerza Pública, el número de crímenes está creciendo.
Las amenazas se están cumpliendo
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, desde antes de la marcha del 6 de marzo se venían presentando las acciones hostiles contra sus organizadores. Al día siguiente de la marcha, fue asesinado en Medellín el educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia Gildardo Antonio Gómez Alzate.
El miércoles 12 de marzo fue hallado el cadáver de Carlos Burbano, directivo de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas en Caquetá. Estaba desaparecido desde el 9 de marzo y, tres días antes, había sido el principal promotor y organizador de la marcha del 6 de marzo contra el paramilitarismo y la parapolítica.
Estas evidencias demuestran que las amenazas que esta semana circularon en Bogotá, suscritas por la organización de las ‘Águilas Negras’, son la confirmación del rearme paramilitar. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz), en otras regiones del país ya han desarrollado oficinas de cobros a partir de grupos organizados por los mandos medios de los líderes de los grupos paramilitares.
Los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo señalan que en las localidades de Ciudad Bolívar y Cazucá (Soacha) hay además presencia de las Farc, el Eln y otras expresiones de paramilitarismo tales como el Bloque Capital o los Urabeños. Tanto unos como otros combinan estructuras uniformadas y camufladas de civil. Las autoridades en Bogotá están alerta.
Fuente: EL ESPECTADOR
