Aguas Claras elige la vía judicial para tratar de demostrar que en la autorización del uso de los nuevos manantiales ha habido « presuntas irregularidades » administrativas y penales Los denunciantes recogen decenas de firmas de apoyo a las puertas de la iglesia parroquial de San Cristóbal de Segovia
Con el permiso del párroco, los representantes de la iniciativa Aguas Claras se protegieron de la lluvia colocando en el atrio de la iglesia de San Cristóbal el tenderete para la recogida de firmas. Delante, un cartel que dice : « Zeboya se lleva el agua del Cambrones y luego nos la vende ». Fue una mañana desapacible, pero los ciudadanos fueron firmando poco a poco y el colectivo que le ha declarado la guerra a la Junta de Castilla y León y a la empresa Aguas Minerales Pascual reunió decenas de apoyos individuales para la denuncia que hace escasamente un mes presentaron ante la Fiscalía de Segovia para que investigue la concesiones que la Administración regional ha concedido a la empresa que dirige la planta embotelladora Bezoya 2, situada en el término municipal de Trescasas. A juicio de los denunciantes, la Fiscalía debe investigar « a fondo » los trámites que han autorizado a Aguas Minerales Pascual el uso y la explotación de nueve manantiales más en la sierra de Guadarrama.
En este sentido, uno de los portavoces del colectivo Aguas Claras, Pedro Emilio Espinar, reveló ayer que la denuncia dice que hay « presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, así como una presunta prevaricación de funcionarios, y por supuesto, una sustracción de aguas públicas presuntamente delictiva. Si demostramos que todo esto es verdad resultaría que lo que se está haciendo al final es detraer agua pública de forma ilegal », asegura el ecologista.
A la iniciativa de Aguas Claras de recurrir a la Justicia se ha sumado el foro cívico Ciudadanos por Segovia, el sindicato CGT y la Asociación Peñas Blancas de San Cristóbal de Segovia. Otros colectivos como Amigos de las Cañadas también han manifestado su indignación por el « atropello » medioambiental que, a su juicio, Bezoya ha cometido en los nacederos del río Cambrones. Este respaldo ciudadano no se refleja en la clase política. Ninguno de los ayuntamientos de los pueblos que se abastecen de la cacera -gobernados por PP, PSOE e IU- se ha manifestado en contra de las concesiones. Tampoco el Ayuntamiento de Segovia, gobernado por PSOE e IU, se ha pronunciado al respecto, cuando, según Aguas Claras, la sustracción de gua pública afecta a la ciudad, que bebe de las aguas del Cambrones que vierten en el Pontón Alto.
Partir de cero
« Lo que queremos es que se vuelva a partir de cero -explica Pedro Emilio Espinar-, que el sistema judicial anule todas las concesiones y se revise todo el proceso ». Aguas Claras considera que « se está metiendo agua por un tubo, es decir, monopolizando y privatizando una parte del agua que bebemos los segovianos ». « Se trata de una cuestión social -sostiene Espinar- porque no se puede privatizar el agua ».
Bezoya abrió su segunda planta en la provincia a finales del año 2003 con cuatro manantiales en funcionamiento. Sin embargo,durante el verano del 2004, la Junta de Castilla y León autorizó la captación de agua en otras nueve fuentes. La empresa Aguas Minarales Pascual tiene previsto la creación de 270 empleos y alcanzar una producción de mil millones de litros de agua mineral al año. Sus responsables sostienen que la planta tiene los permisos en regla y que la detracción de agua pública no afecta al caudal del río Cambrones.
Fuente: El Norte de Castilla
