La acumulación de causas que se está juzgando en La Plata es denominada como “Circuito Camps” porque, si bien en el ’86 hubo una primera causa “Camps” o “Causa 44”, que juzgó sólo a 7 represores (Camps, Ricchieri, Etchecolatz, Bergés y Cozzani – Tarella y Pretti prófugos) que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, y si bien nunca se juzgó los 29 CCD del Circuito Camps en su totalidad, esta es la denominación que más se acerca a un grupo de causas de esta característica.
Hechas esas salvedades, la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en la ciudad, e investiga 280 casos de secuestros, torturas, homicidios y apropiaciones de niños cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 Nº 530, entre 13 y 14), el Destacamento de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), el Puesto Vasco (subcomisaría de Don Bosco, Quilmes), el COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez,
Hechas esas salvedades, la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en la ciudad, e investiga 280 casos de secuestros, torturas, homicidios y apropiaciones de niños cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 Nº 530, entre 13 y 14), el Destacamento de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), el Puesto Vasco (subcomisaría de Don Bosco, Quilmes), el COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro), en la masacre de la casa MarianiTeruggi (Calle 30 Nº 1134 55 y 56) y en la Brigada de San Justo.
A 9 años y 3 meses de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 79 juicios orales con sentencia en todo el país. Allí fueron procesados 401 imputados, donde hubo 294 condenados (algunos represores en varias causas), 41 absoluciones y 4 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1764 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 20 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con sentencias menores al máximo de la pena. Ese 20 % de condenados es una farsa de justicia que relativiza la pretendida sanción reparadora de los crímenes que el mismo Estado cometió hace 36 años.
De los 79 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.
En lo que va de 2012 hubo en todo el país16 juicios concluidos, con sólo 83 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 19 absoluciones, por un total de 427 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Si bien el año no concluyó, hay en curso un grave el retroceso de la tendencia de juzgamiento, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde 1 juicio en 2004, los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008, 13 en 2009, 19 en 2010 y 21 en 2011.
En La Plata, hasta los alegatos del juicio “Circuito Camps”, son sólo 20 los represores condenados desde la reapertura de las causas: Bergés, Etchecolatz, Von Wernich, Alonso, Herzberg, Guerrero y otros 14 genocidas que actuaron en la Unidad 9. La cifra es poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.
Impunidad Biológica. 294 condenados vs 314 muertos impunes
El Juicio Circuito Camps posicionó a la jurisdicción Federal de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura: 3 muertos impunes mientras duraba el juicio.
Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz en febrero y de Alejandro Arias Duval en mayo de este año, la muerte de Ibérico Saint Jean en octubre pasado confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.
En las dos posibilidades de declarar que tuvieron en el juicio los hoy decesos se llamaron a silencio.
Pero además, el general Saint Jean, gobernador de facto en la dictadura entre abril del ’76 y marzo del ’81, y Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 que el Ejército tenía en 55 7 y 8, se sustrajeron al lento brazo de la Justicia en las dos causas elevadas en La Plata, “La Cacha” (Saint Jean y Arias Duval) y “Pozo de Banfield” (Saint Jean), que serán los próximos juicios a realizarse en nuestra ciudad, y que los tendrán ausentes.
La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 314 los genocidas procesados muertos impunes contra 294 condenados.
Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. O como el mismísimo Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército, condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009 y con varios procesos pendientes.
Y hasta Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, murió recientemente procesado en varias causas con domiciliaria.
Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y tantos otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.
Domiciliarias, excarcelaciones y otras: Con genocidas en sus casas no hay Justicia
Un informe de 2011 de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas (dependiente del MPF) confirma que cuatro de cada diez represores procesados están excarcelados, es decir el 42 % de los 1800 encausados, cerca de 800 genocidas están procesados pero sin prisión preventiva.
Y agrega que el 40 % de los represores detenidos en estas causas tienen prisión domiciliaria. Esto es cerca de 400 genocidas.
Este problema se traslada incluso a los condenados (caso Montes en ESMA, o caso Escuelita II Neuquén), ya que los jueces optan por el criterio de sancionar, pero manteniendo las domiciliarias hasta que Casación confirme la sentencia.
A partir de la ley 24.660, votada en el ’96, el Código Penal contempla el beneficio para condenados mayores de 70 años o enfermos terminales, pero sin distinguir entre delitos comunes y de lesa humanidad. La norma estipula que cuando la persona quebrante la domiciliaria el juez se la debe revocar. Pero, salvo aviso de los organismos de DD.HH., no se controla.
Hay varios proyectos en el Congreso para excluir a los procesados en causas de lesa humanidad de este beneficio. Uno es de marzo de 2008 y lo presentó el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (FPV), hijo del senador desaparecido en Tucumán en el ‘76. Aunque salida del seno del kirchnerismo, esa iniciativa duerme el sueño de los justos en la comisión de Legislación Penal. Una gran oportunidad se perdió en 2009, cuando la ley 26.472 (modificatoria de la 24.660) amplió los supuestos en los cuales procedía conceder el beneficio, pero nuevamente sin excluir lesa humanidad.
Y recordemos que el 70 % de los internos del SPB y SPF (pobres, en su mayoría presos por delitos contra la propiedad) pasan más de 2 años presos en cárcel común sin acusación ni condena firme. Eso es una justicia de clase. Para los pobres palos, para los ricos beneficios. Para los que sirven para hacer política de seguridad cárcel, para los peores genocidas de la historia del país domiciliaria.
En la instrucción de las causas de este juicio se denunció la portación de armas (violatoria de las condiciones de la domiciliaria) por 3 genocidas imputados por Comisaría 5ta, donde 9 gozaban de domiciliaria. Y Casación concedió la excarcelación a 12 represores en la causa Arana-Brigada -Puesto Vasco-Cot1 Martínez. La mayoría de los 26 procesados en este juicio estuvieron en sus casas la mayor parte del juicio, hasta que se los acusó por homicidio y se les revocó el beneficio.
Y mientras se iba venciendo el plazo de la Preventiva, o cuando dictaban nuevos procesamientos, los jueces Corazza, Blanco, Rozansky, Portela y Falcone continuaron otorgando el beneficio automáticamente a la mayoría de los imputados en causas pendientes en La Plata.
Para empezar a modificar el criterio hubo que pagar un precio: la fuga en mayo pasado del ex jefe del Pozo de Banfield, Miguel Wolk, beneficiado por Corazza para planear la huida de su cueva de Mar Del Plata con la complicidad de su hija, también policía.
Ante esta situación de impunidad seguimos defendiendo la herramienta del escrache como acción de denuncia de que no alcanza con la pretensión de juzgar a los genocidas si no hay condiciones serias para hacerlo.
Con torturas, desapariciones, muertes, aprietes y revictimización, hoy el Estado es Terrorista
Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas, conforman una seguidilla que nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.
No es sólo el caso de Jorge Julio López, quién inauguró 30 años después de iniciada la última dictadura la categoría de ex detenido-aparecido-desaparecido.
En diciembre de 2006 se dio el caso de Luis Geréz, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, secuestrado durante 2 días en Escobar y aparecido en Garín con signos de tortura. En mayo de 2008 fue secuestrado Juan Puthod, ex detenido en varios CCD en dictadura y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, reaparecido 30 horas después sin intervención policial.
La causa por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas contra los genocidas en Santa Fe, naufraga en la intencionada hipótesis policial del homicidio en ocasión de robo, mientras se oculta que gracias a su testimonio se logró condenar a seis represores en la provincia 3 meses antes del hecho. Y el secuestro y encierro por 2 días de Víctor Martínez, testigo presencial en julio de 1977 del asesinato (en un fingido accidente en la ruta) del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, llevó esta modalidad a las calles del centro porteño en abril de 2011.
Este año hubo una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió en la resolución N°20/2011 sobre testigos víctimas “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. Como consecuencia, la promocionada Acordada N°1 de 2012, habilitó medidas tan elementales como la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos. En realidad estos conceptos sólo sugieren a los Tribunales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad.
Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos, se equivoca. Alfonso Severo, testigo en el juicio por Mariano Ferreyra, fue secuestrado en octubre pasado. Su aporte a la investigación del caso es la denuncia del sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes una semana antes, José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas en Florencio Varela un día antes de declarar como testigo, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota y es uno de los pocos testigos presenciales que vio que la patota tenía un arma larga. Ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio.
Además, no podemos dejar de mencionar que durante los 9 años y medio de gobierno Kirchnerista, fueron secuestradas y desaparecidas por el aparato represivo del Estado, al menos 67 personas, entre los que se encuentran Mario Golemba (Misiones-2008), Luciano Arruga (La Matanza-2009), Daniel Solano (Choele Choel-2011) y Facundo Rivera (Córdoba- 2012).
Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.
Porque 300 genocidas condenados en 9 años de juicios no es justicia, porque 3.700 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, porque 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, y porque 196 desaparecidos por razones políticas y sociales no es democracia.
“Faltan 400 jóvenes apropiados, Falta Justicia”
El recorrido de la política de Juicio y Castigo y Restitución en estos años nos presenta un camino sinuoso y paradójico.
Desde caídas las leyes de impunidad solo se han efectuado diez juicios por apropiación en todo el país. De ellos dos se realizaron en La Plata, de los cuales el vergonzoso resultado fue haberles otorgado a los genocidas responsables de las apropiaciones de Natalia Suarez Nelson Corvalán y de Carmen Gallo Sanz, solo diez años de prisión a Alonso y Herzberg en el primer caso, y la misma pena a Etchecolatz y Bergés en el segundo.
Actualmente se encuentra iniciado en nuestra ciudad, el juicio por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, restituido en febrero de 2006. En el caso la justicia nuevamente llega tarde, porque el juicio será únicamente contra la apropiadora de Sebastián, Silvia Beatriz Molina, y la médica que falsificó la partida de nacimiento, ya que el apropiador Ángel Capitolino falleció, y el genocida miembro del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, Ricardo Von Kyaw, acusado de ser el entregador del joven en la apropiación, está prófugo.
Durante el desarrollo del juicio “Circuito Camps” se expuso sobre las apropiaciones de Leonardo Fosatti Ortega, Felipe y María Eugenia Gatica Caracoche, José Abdala Falabella, Pedro Nadal García quienes recuperaron su identidad, pero además sobre las niñas Ana Libertad hija de Elena de la Cuadra y Héctor Baratti, Clara Anahí, hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani, y sobre la hija de Silvia Isabella Valenzi.
Lo grave de esta situación es que hoy se lleva adelante el juicio por el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los padres de estas tres niñas que nacieron en cautiverio, pero ellas continúan impunemente desaparecidas y apropiadas sin conocer su verdadera identidad.
Y si bien hubo entre 2004 y 2012 sólo 28 genocidas condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli, Victorio Bonamín y Raúl Trotz y tantos otros que llenaban de información a los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos.
Y continúa irresuelta la responsabilidad de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños. Porque está claro que la apropiación de niños no sólo se puede investigar por denuncias de particulares, sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las Secretarías de niñez, Registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.
Por otro lado, estamos ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ya que cuando el análisis genético arroja un resultado negativo previsible, debido a que las muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos es de solo 200 patrones familiares, la mayoría de los jueces terminan archivando el caso y no continúan con la búsqueda de la identidad.
Hay tareas de política de Estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo y la inexplicable existencia en dos bancos distintos y sin cruzarse, de la información se los restos de desaparecidos identificados y de familiares por un lado (en un banco mucho más numeroso que el BNDG), y por el otro, de la información genética que reconstruye a cada madre y/o padre desaparecido que han sido informados.
Porque a esta altura no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre sí los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las víctimas identificadas y no identificadas.
Porque si a 36 años del golpe genocida el Estado Argentino, gracias a la inclaudicable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, solo ha podido restituirles la identidad a 107 jóvenes apropiados, cuántos años harán falta para encontrar a los 400 jóvenes que aún se encuentran secuestrados y con su identidad robada.
Hijos La Plata
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1749
Fuente: Hijos La Plata
