Víctor Tormo, militante de CGT en Castelló, se enfrenta a tres años de prisión y más de 16.000 euros de indemnización por publicar en su Facebook una foto de policías secretas. El juicio está previsto para el 4 de diciembre de 2017, cinco años después de que se produjeron los hechos. El delito del que se le acusa consiste en “revelación de secretos” y la causa ha salido adelante por la acusación particular de ocho policías nacionales. El caso pone en evidencia, una vez más, la existencia de listas negras de activistas sociales y la deriva autoritaria y represiva de un Estado dedicado a reprimir la contestación social.

En septiembre de 2012, Víctor Tormo participó en un piquete en la Universitat Jaume I (UJI), contra los recortes en educación, aprovechando la presencia de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana. La protesta estudiantil se saldó con la retención y detención de más de veinte personas. En respuesta a esta actuación policial desmesurada se convocó, por el Consell del Estudiantat de la UJI, una manifestación antirepresiva el día siguiente. La manifestación transcurrió sin incidentes y de forma pacífica.

En septiembre de 2012, Víctor Tormo participó en un piquete en la Universitat Jaume I (UJI), contra los recortes en educación, aprovechando la presencia de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana. La protesta estudiantil se saldó con la retención y detención de más de veinte personas. En respuesta a esta actuación policial desmesurada se convocó, por el Consell del Estudiantat de la UJI, una manifestación antirepresiva el día siguiente. La manifestación transcurrió sin incidentes y de forma pacífica.

Una vez finalizada la manifestación, y mientras la mayoría de los manifestantes que habían participado en la misma se encontraban en las terrazas de la plaza de la Muralla Liberal de Castelló, un grupo de policías nacionales de paisano, y sin identificarse en ningún momento como policías, realizaron identificaciones de forma masiva e indiscriminada. Víctor Tormo, considerando que se trataba de una actuación policial antirreglamentaria, los requirió pora que se identificaran.

Ante la negativa de los agentes, y con el único fin de denunciar una actuación que entendía era arbitraria y de abuso de poder, Víctor subió una foto al facebook en la cual informaba que individuos con pinta de policía secreta estaban intimidando a jóvenes en las terrazas como medio de acallar las protestas ciudadanas.

Transcurrida una semana, Víctor Tormo, fue detenido y acusado de un presunto delito de revelación de secretos.

A pesar de que en el año 2014 la Fiscalía solicitó el archivo de la causa al considerar que no existe delito y que ser policía no es un secreto, la acusación particular de ocho policías nacionales, personados en la causa como “perjudicados” recurrieron el archivo y piden 3 años de prisión y más de 16.000 euros de indemnización.

Finalmente, el caso salió adelante y se ha fijado el 4 de diciembre de 2017 como fecha para la celebración del juicio.

El sindicalista encausado señala que “se trata de un juicio político, a instancia del subdelegado del Gobierno y del Jefe de la Policía”, puesto que sus datos aparecen en archivos policiales como participante en manifestaciones y actos de izquierda, y así consta en el atestado policial, lo cual demuestra que subdelegación de Gobierno ordenó ficheros policiales con datos de manifestantes. La finalidad: reprimir los movimientos sociales y de protesta, expandir el miedo para que las calles no se muevan.

Gabinete de Prensa CGT País Valencià


Fuente: Gabinete de Prensa CGT País Valencià