CHICLANA. Los trabajadores de la limpieza viaria y del mantenimiento de jardines acordaron no volver a la mesa de negociación hasta que las empresas adjudicatarias readmitan a los tres empleados que fueron despedidos a raíz de los incidentes acaecidos durante la Feria, coincidiendo con las jornadas de huelga en ambos servicios.
Tanto la Unión General de Trabajadores como la Confederación General del Trabajo (CGT) consideran que las empresas están haciendo un uso irregular de unos despidos que, según apuntó José Porras, representante de UGT, «se produjeron en base a unas pruebas (cámaras de vigilancia) ilegales, que atentan contra la intimidad de los afectados».
«Creemos que las empresas están utilizando el tema de los despidos para sacar rédito de cara a la negociación del convenio colectivo, una estrategia a todas luces rechazable e impropia de entidades del potencial de las adjudicatarias de los servicios».
«No vamos a continuar tolerando», añadió, «que estos trabajadores sigan siendo utilizados como rehenes, por lo que le vamos a pedir a José María Román que asuma los compromisos que adquirió durante el acto inaugural de la nueva sede de UGT y que, tal y como señaló entonces, fuerce a las empresas a cambiar los despidos por sanciones».
Al objeto de trasladar a la primera autoridad municipal esta petición y exigir el cumplimiento del compromiso adquirido, UGT y CGT cursaron ayer por el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito solicitando una reunión, «urgente» con el alcalde, que los atenderá a comienzos de la semana que viene. «No tiene ni pies ni cabeza», concluyó Porras, «que se diga que el tema de los despidos va por la vía judicial y que serán los tribunales los que deberán decidir la legalidad o ilegalidad, evidente, de los despidos, ya que esto puede dilatarse en el tiempo dejando a tres familias sin su sustento».
Asimismo, otro de los representantes de la plantilla de trabajadores señaló a este medio que, «ya está bien de querer utilizar a los empleados despedidos como moneda de cambio de cara a una negociación a la baja. Está claro que los despidos se han realizado de forma irregular y, por tanto, no vamos a permitir que se les trate como si fueran rehenes».
«Lo verdaderamente lamentable», añadió, «es que, si finalmente no son readmitidos los trabajadores y no se avanza en la negociación del convenio, serán los chiclaneros y el propio Ayuntamiento los que tengan que pagar las consecuencias de las movilizaciones». «Y todo ello», concluyó, «cuando los ciudadanos han hecho un importante esfuerzo económico para tener unos servicios mejores y una plantilla en condiciones parejas a las del resto de la Bahía».
Fuente: lourdes de vicente/diariodecadiz
