Las distintas iniciativas de cumplimiento efectivo de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, que en distintos planos desarrollan las comunidades zapatistas, se producen en medio de un clima represivo que -a pesar del cese del fuego declarado formalmente-, parece mantenerse y por momentos agravarse. A pocos días del 10º aniversario de la masacre de Acteal, en la que fueron asesinadas 45 personas, el Subcomandante Marcos dice que se huele la guerra : “Las señales en el horizonte son claras, debemos prepararnos”.

Las distintas iniciativas de cumplimiento efectivo de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, que en distintos planos desarrollan las comunidades zapatistas, se producen en medio de un clima represivo que -a pesar del cese del fuego declarado formalmente-, parece mantenerse y por momentos agravarse. A pocos días del 10º aniversario de la masacre de Acteal, en la que fueron asesinadas 45 personas, el Subcomandante Marcos dice que se huele la guerra : “Las señales en el horizonte son claras, debemos prepararnos”.

Durante 2007 hubo un recrudecimiento de las agresiones paramilitares, mientras se incrementa la militarización del país impulsada por el presidente Calderón. En Chiapas, el EZLN y organismos de derechos humanos responsabilizan al gobernador del Estado, Jaime Sabines (ex PRI, actual PRD), por la actuación de grupos paraestatales, como la organización priísta OPDICC, que en los últimos meses han intensificado sus acciones contra las bases de apoyo del EZLN, en una disputa cada vez más abierta por los territorios.

“Todo ha sido en resistencia y rebeldía porque nuestros trabajos en salud, educación, comercialización y la formación de los municipios autónomos han sido golpeados por los planes y programas contra insurgentes del mal gobierno”, señalaban los zapatistas a fines de 2003, al cerrar el primer año con los Caracoles. Desde ese momento, la situación represiva no ha mejorado.

Los episodios más recientes tienen que ver con ataques de la OPDDIC (Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), contra las bases de apoyo zapatistas en Bolon Ajaw, en el municipio autónomo Región de la Montaña, oficialmente Tumbalá. La zona es un destino turístico de importancia ; por esa razón desde distintas organizaciones de la sociedad civil se ha lanzado una campaña que tiene como lema “No visites las cascadas de Agua Azul –que explotan integrantes de la OPDICC- hasta que no cesen las agresiones, hostilidades y amenazas de desalojo en Bolon Ajaw”. Recientemente, el EZLN también ha recibido agresiones de la OPDICC en la región tzeltal de Chilón y amenazas de muerte al Consejo Autónomo del Municipio de San Andrés Sakam’chen de los Pobres.

Si bien se presenta como una asociación civil que agrupa a comunidades indígenas, la OPDICC es un grupo paramilitar que desde el año 2000 se extendió hasta ocupar el territorio donde antes operaban el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), los Chinchulines y Paz y Justicia. Actualmente mantiene 68 juicios agrarios para despojar a comunidades zapatistas de sus territorios.

De acuerdo a un informe elaborado por distintas organizaciones, “en distintos municipios autónomos del territorio indígena de Chiapas, las bases de apoyo zapatistas se enfrentan a una estrategia coordinada de despojo de tierras y hostigamiento donde participan diversas organizaciones políticas en los tres niveles de gobierno y, en ocasiones, vinculadas con grupos paramilitares. En todos los casos documentados la estrategia sigue un patrón que combina invasión de tierras, amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones físicas, sicológicas, así como destrucción de propiedad y recursos naturales, además del despojo jurídico de tierras donde las organizaciones invasoras actúan conjuntamente con instituciones judiciales y agrarias locales y federales”.

“Los gobiernos federal y estatal, a través de las instituciones agrarias y en articulación con el Ejército Federal mexicano y la seguridad pública en sus tres niveles de gobierno, operan una estrategia de contrainsurgencia dirigida a las Bases de Apoyo Zapatistas y sus autoridades autónomas, otorgando títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas, particularmente organizaciones adversas a los zapatistas y en diversos casos organizaciones armadas, entre las que se encuentran la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) o la Unión Regional Campesino Indígena (URCI) (…). Estas organizaciones ocupan tierras recuperadas por el EZLN en 1994 y, a través de las instancias agrarias, concretizan el despojo jurídico de tierras constituyendo nuevos ejidos”.

“Debido a la constante presión de unidades castrenses, policías estatales e integrantes de grupos paramilitares, la situación que viven los pueblos zapatistas se agrava alarmantemente. Los proyectos autónomos en el marco de la libre determinación de los pueblos indígenas no pueden desarrollarse a plenitud debido a las constantes agresiones y amenazas contra la integridad de los mismos. Los más afectados son los niños y las niñas, así como las mujeres y los ancianos, pues viven agresiones constantes en su integridad física, en sus bienes, en su tierra y territorio”.

Un listado de las poblaciones donde se documentaron violaciones a los derechos humanos incluye a los municipios autónomos de Región de la Montaña (municipio oficial Tumbalá), Olga Isabel (Chilón), Vicente Guerrero (Altamirano), San Pedro de Michoacán (Las Margaristas), San Manuel (Ocosingo), el caracol de Oventik (Zinacantán) y San Andrés Sak’amchen de los Pobres (San Andrés Larráinzar). Desde hace más de una década, estos poblados padecen una ocupación militar en su territorio que en la actualidad registra la presencia de 56 campamentos permanentes del Ejército Federal.

De acuerdo a los observadores de derechos humanos, el despojo “legal” de tierras se da en un marco de una fuerte disputa por la apropiación y el control del territorio y todos los recursos naturales y biológicos, lo que constituye “una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas zapatistas y no zapatistas”.

“En el territorio chiapaneco se vive una guerra de baja intensidad”, explica Jorge, uno de los integrantes del el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), en conversación con Prensa De Frente. “Desde el ’94 el gobierno ha estado formando grupos paramilitares con ayuda del ejército. Entonces en esos puestos militares que están en todo Chiapas, están prácticamente cercando a los zapatistas y los zapatistas están defendiendo lo que se ha llamado tierra recuperada por ellos en el ‘94”.

“Es muy obvio que el posicionamiento militar no corresponde únicamente a una política militar para contrarrestar el surgimiento del EZ, sino que también sirve como para asegurar algunos profesionales puedan estar aquí sin que ellos tengan problema. Obvio que por Chiapas también pasa el Plan Puebla Panamá, y el Plan Puebla – Panamá es parte de plantear la construcción de represas, carreteras, de vías de comunicación. También plantear la explotación o la entrega de recursos de Chiapas. Hay muchos argumentos, desde que empezó el 94, que señalaban que Chiapas fue un estado muy explotado, quizás el más explotado del sureste, pero el que también tenía más recursos no explotados aún, o considerado como un territorio virgen. Inclusive hay yacimientos de minerales, el agua sobre todo, madera”.

Según un informe emitido por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), “lo ‘nuevo’ en la ofensiva paramilitar consiste más bien en su posicionamiento como actor político y, particularmente, en su naturaleza : organizaciones ‘sociales’ con brazo armado, coordinados con los partidos políticos, las instituciones de gobierno y la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La nueva era de guerra paramilitar en Chiapas incluye secuestros, hostigamientos, agresiones armadas, disparos hacia las casas, destrucción de cultivos y robo de animales, desalojos violentos y amenazas constantes. La cantidad de denuncias por parte de las Juntas de Buen Gobierno ha aumentado de forma drástica desde la llegada al poder de Felipe Calderón a nivel nacional y del gobernador Juan Sabines a nivel estatal. Así, de Diciembre 2006 a Octubre 2007, han sido un total de 24 denuncias públicas desde las Juntas de Buen Gobierno. La mayoría de estas corresponden a respuestas a actividades paramilitares”.
Con motivo de estas situaciones, en septiembre de 2007 el EZLN anunció la suspensión del recorrido programado con La Otra Campaña, para concentrarse en realizar acciones civiles y pacíficas en defensa de las comunidades. “Como en los peores tiempos del PRI, el gobierno perredista de Chiapas ataca al pobre y necesitado, y corteja y beneficia al poderoso” sostuvo Marcos. “Como cualquier gobierno de derecha, el de Juan Sabines en Chiapas sigue adelante con la represión y el despojo, pero ahora con la bandera de la izquierda y el doble aval de las dos ‘presidencias’ que padece nuestro país : la de Felipe Calderón (del PAN), y la de Andrés Manuel López Obrador (del PRD y, sobre todo, de sí mismo)”,

El subcomandante Marcos también viene fustigando a un sector de intelectuales crítico con el EZLN por su distancia explícita del centroizquierdista PRD. “A diferencia de otras ocasiones, estas agresiones han contado con el silencio de voces que antes se alzaban para protestar y demandar justicia, y que ahora callan, tal vez para que no se recuerde que aplaudieron el apoyo de AMLO a Juan Sabines y su reciente llamado a apoyar a los candidatos del PRD a las presidencias municipales y el congreso local”, señaló. “Un mismo crimen tiene un juicio diferenciado : si las represiones las hace el PAN, entonces hay que movilizarse y detener al fascismo ; si las hace el PRD, entonces hay que perder la memoria, callar, hacer malabares ridículos, o aplaudir”.

Idéntico tono al empleado hace pocos días en San Cristóbal, en el Coloquio Internacional Andrés Aubry, en el que participaron intelectuales y artistas de México y distintos países del mundo. Allí Marcos presentó una serie de escritos titulados “Ni el Centro ni la periferia”. La última parte (la séptima) trata sobre la guerra, y menciona que “es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda, o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional y es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional, ha sido insignificante o nula”.

“Nosotros trataremos de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama La Otra Campaña, y, al mismo tiempo, estar preparados para resistir, solos, la reactivación de las agresiones en nuestra contra, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras”.

Para más información :- Denuncias de las Juntas de Buen Gobierno y demás adherentes a la Otra Campaña en Enlace Zapatista

Sitio web del CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria) : www.ciepac.org

Sitio web del CAPISE (Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas) : www.capise.org.mx


Fuente: Fuente : Prensa De Frente