La Sra. Ábrego ha vivido desde siempre en Charco La Pava. Su marido y sus cinco hijos, también. Ahora, entre sollozos, nos cuenta que la quieren tirar de su tierra. La labor del traductor le permite tomar aliento mientras los ruidos de las escavadoras y los camiones tejen un macabro telón de fondo a sus palabras de indignación e impotencia. En la colina de enfrente, a unos pocos centenares de metros de nosotros, la montaña sufre la acción depredadora de las máquinas. En pocas semanas, la nueva carretera, a sumar a la que ya se construyó al otro lado del río por encima de parte de la comunidad, llegará hasta sus casas. Nadie sabe qué ocurrirá cuando eso suceda. “La gente me pregunta qué voy a hacer si la empresa viene a tomar nuestra casa. No tenemos salida. Entonces aquí vamos a morir o no sé qué quieren ellos que nosotros hagamos”, nos responde Fernando Quintero.
Charco La Pava es una pequeña comunidad de 350 habitantes herederos de unas tierras que los ngöbe han habitado desde hace generaciones. Situada en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste de Panamá, y a orillas del río Changuinola, sus tierras se sitúan en pleno Bosque Protector Palo Seco, parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad. Si nada lo remedia, en unos meses será inundada por las aguas del nuevo proyecto hidroeléctrico de la empresa AES Changuinola : la represa Chan-75.
Progreso a toda costa
Cuando a principios de 2007 la compañía llevó a Isabel Becker hasta sus oficinas en Ciudad de Panamá, ella apenas había salido de Charco unas pocas veces, y nunca más allá de la pequeña localidad de Changuinola, donde los edificios no rebasan las dos alturas. Recibida en la planta 25 de un flamante rascacielos capitalino, ella ni siquiera sabía cómo usar el ascensor. Su indefensión ante un mundo que le es ajeno, sirvió a los beneficiarios de la filosofía del progreso y el desarrollo para hacerle firmar un contrato de venta de sus tierras. Doña Isabel, que no habla español, tras horas y horas de ser presionada a través de una traductora, creyendo que si no firmaba no podría salir de allí y sin dinero para volver a su hogar, acabó estampando su huella dactilar en un documento que, escrito en español, creía que suponía únicamente alquilar las tierras por un limitado periodo de tiempo. Los constantes reclamos obligaron a la compañía a darle una copia del contrato meses más tarde.
Después de ser desalojada con la ayuda de un fuerte dispositivo policial y tras que su casa fuera arrasada por las máquinas, lloró durante toda una noche. Ese mismo día, el proyecto fue inaugurado por el Gobierno. Su hija y el resto de la familia también perdieron sus hogares mediante ardides similares. Su búsqueda de apoyo en las instituciones resultó infructuosa.
Represión
A finales de noviembre de 2007, la compañía pretendía dinamitar el lugar de donde Isabel Becker fue desalojada. Los ngöbe de Charco La Pava y de otras comunidades afectadas acudieron al lugar y colocaron un campamento de protesta con la intención de impedir que sus tierras saltaran por los aires. La promesa por parte de AES Changuinola de que habría conversaciones antes de continuar adelante con las obras hizo que abandonaran el lugar. Al día siguiente, los trabajos se reanudaron en medio de dispositivos policiales que buscaban en la comunidad a los responsables de la protesta.
Entre 200 y 300 comunitarios retomaron de nuevo las movilizaciones. “Nosotros no queríamos que detonaran y fuimos a protestar. Ellos mandaron como 3 camiones de antimotines”, nos cuenta Francisco Santos, líder de la comunidad. La policía utilizó coches de la empresa para llegar al lugar en donde los comunitarios exigían que se respetaran sus derechos. La orden, nos cuentan, llegó de la alcaldesa, la Gobernadora y el Corregidor. Mujeres embarazadas, niños y ancianos no se salvaron de los golpes, las vejaciones y las burlas de la policía. Alrededor de 50 personas fueron detenidas e incomunicadas, sin agua ni comida, por 36 horas. “Nos preguntaban quién era el dirigente nuestro”, recuerda Quintero Miranda. La policía entró en las casas en busca de los líderes y tres de ellos se vieron obligados a huir a las montañas mientras eran perseguidos por helicópteros.
“Cuando la policía me agarró y me esposó, me dijo que no tenía derecho a contradecir a la empresa, porque no tengo derechos aquí y debo aceptar lo que dicen la empresa y la policía. Si volvía a protestar, pasaría seis meses en la cárcel”, cuenta Manuel López Miranda. Tras ser amenazado, la propia policía le entregó en comisaría un documento de la empresa para que lo firmara : “Pensé que era un contrato de desalojo, así que no puse mi huella dactilar en él”.
Tras estos sucesos, la comunidad quedó incomunicada durante 3 meses. Nadie que no fuera de la empresa podía acercarse al lugar. Algún periodista que consiguió burlar los controles fue posteriormente retenido por la policía. “Los medios de comunicación local los tiene comprados la empresa ; así como a las organizaciones que han venido aquí”, se lamenta Luberto Serrano. En el programa diario de dos horas que tiene AES Changuinola en una radio local, se quejan de la llegada a la comunidad de un periodista extranjero. “¿Por qué no viene a hacer un reportaje sobre la compañía y sí sobre los inconformes de Charco la Pava ?”, reclaman indignados.
Despojo indígena
Según relatan los comunitarios, las mentiras, las manipulaciones y los engaños por parte de la compañía han sido constantes. Las negociaciones, cuando las ha habido, han sido sin abogados, con personas que en muchos casos no hablan español y que no sabían qué firmaban ni recibían copia de los contratos. Y, en contra de las tradiciones ngöbe, siempre con particulares, nunca con la comunidad al completo, con la intención aprovecharse de su desconocimiento así como de dividir y enfrentar a los comunitarios.
Según nos cuentan, muchos de los que han firmado no han recibido el dinero prometido, se les ha entregado un coche a cambio o una casa muy por encima del valor por el que vendieron sus tierras, quedando endeudados quién sabe si de por vida y sin forma alguna de ganar el dinero que ahora deben. Algunos defienden que el desarrollo de Panamá y el bienestar de la mayoría están por encima de estos casos que resultan marginales si se comparan con el beneficio general que supone la construcción de la hidroeléctrica. Un empresario que conocemos de casualidad en Changuinola nos cuestiona : “¿Y tiene Vd. en cuenta a los otros afectados ? ¿A los que no somos competitivos por el alto precio de la energía ? Algunos defienden que la comunidad va a perder su cultura : ¿Es cultura el aislamiento, la enfermedad y el analfabetismo ? La empresa les está dando la oportunidad de vivir como humanos”. Y nos vienen ahora a la memoria las palabras de Francisco Santos : “Sólo la empresa tiene derechos. ¿Y nosotros ?, ¿no somos humanos ?”.
Complicidad institucional
Charco quedó fuera de la Comarca Ngöbe-Buglé cuando se negoció la creación de ésta con el Gobierno. La Ley 10 de 1998 dejó fuera de la Comarca a varias comunidades, nos cuentan, debido precisamente al potencial que las aguas del río Changuinola tienen en materia energética. La Comarca, sin embargo, a pesar de que legalmente está protegida contra injerencias externas que busquen explotar sus recursos naturales, también se está viendo acosada por proyectos energéticos. Pero la situación en las comunidades que no fueron reconocidas como parte de la Comarca es más difícil. El Gobierno considera sus tierras como nacionales a pesar de ser habitadas ancestralmente por pueblos indígenas. Ello permitió a Martín Torrijos entregar las tierras de Charco y otras comunidades afectadas a la empresa AES Changuinola, subsidiaria de la estadounidense Allied Energy Systems Corporation (AES Corporation), para la realización del proyecto Chan-75.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha jugado un papel activo en favor de la compañía. Por ejemplo, ha tolerado cambios en el diseño del proyecto posteriores a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2005. En lugar de demandar un nuevo EIA, se conformó con una “actualización” que no incluía todos los cambios realizados.
En enero de 2007, ANAM aprobaba un contrato de concesión parcial de administración del Bosque Protector Palo Seco en favor de AES Changuinola para “en primer lugar, mejorar la calidad del manejo del BPPS, asimismo para actividades inherentes a, y relacionadas con el desarrollo, construcción, aprovechamiento, explotación y operación de una Central de Generación Hidroeléctrica”. A pesar de que la ley dispone que tales concesiones deben darse con el consentimiento de las autoridades tradicionales cuando afectan a territorios indígenas, 6.125 hectáreas de zona protegida quedaban en manos de una empresa cuyo interés es el de desalojar a sus pobladores para construir una represa que inundaría completamente los terrenos en los que actualmente se encuentra Charco La Pava.
Desarrollismo y beneficio económico
Chan-75 es sólo el comienzo. Chan-140 y Chan-220 convertirán el río Changuinola en la fuente energética más importante del país y al conjunto del proyecto en el de mayor proporciones de Panamá después de las obras de ampliación del Canal. Un total de 5.000 afectados, de los cuales 1.000 deberán ser reubicados, permitirán a AES Corporation afianzar su posición dominante en el panorama energético panameño. Ya en 2005, el Presidente Martín Torrijos decidió modificar mediante decreto la ley que limitaba al 25% la energía que una empresa podía aportar al país, situándolo en el 40%. Ese mismo año, la ANAM aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental de Chan-75. Algunos apuntan que AES Corporation, tras la puesta en funcionamiento de sus proyectos en el río Changuinola, superará ese 40%. Actualmente AES Panamá S.A. es responsable del 32% de la energía eléctrica que se produce en el país.
Según datos de la misma empresa, AES Corporation tiene “negocios” en 28 países de los 5 continentes. Especializada en energías “renovables”, específicamente hidroeléctricas y parques eólicos, en Panamá tiene en funcionamiento las represas de Estí, La Estrella, Los Valles y Bayano (los pueblos kuna y emberá, en cuyos territorios fue construida ésta última, luchan desde 1976 por recibir sus indemnizaciones). Todas ellas son administradas por la compañía AES Panamá S.A., de la que el Gobierno posee el 50’5% de las acciones y AES Corporation el 49%.
El proyecto de AES Changuinola, filial de AES Panamá S.A., ha sido declarado de interés social y público por el gobierno panameño. La razón : la crisis energética que, dicen, vive el país. La capacidad de generación eléctrica de Panamá en 2004 era de 1,507 MW. Está previsto que en el 2017 la demanda sea de entre 1,502 MW y 1,818 MW. Datos meramente indicativos dado que la demanda dependerá de los proyectos privados que se pretendan implementar. La labor del Estado, por tanto, se limita a alimentar esos proyectos sin poner límite alguno a la iniciativa privada. En ese sentido, en febrero de 2004, 70 concesiones de proyectos hidroeléctricos estaban a trámite en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (¿Públicos ?) de Panamá, con una capacidad para generar 1,749 MW.
Integración energética
Más allá de las dudas que este modelo de desarrollismo pueda plantear, lo cierto es que algunos analistas ponen en duda la necesidad de este tipo de proyectos para satisfacer las “necesidades” energéticas de los panameños. Mientras, como es habitual en este tipo de casos, la alianza Gobierno/AES Corporation promete energía respetuosa con el medio ambiente, más barata y al alcance de todos, muchos son los que defienden que esa energía tiene como destinatarios, por un lado, los megaproyectos inmobiliarios y turísticos previstos en Panamá así como las obras de ampliación del Canal de Panamá ; por otro, los mercados exteriores accesibles a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).
El SIEPAC, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y parte del Plan Puebla Panamá, es una red de 1.800 Km. que conectará todas las fuentes de energía eléctrica centroamericanas entre sí (Panamá con Guatemala y Belice), extendiéndose posteriormente hasta México y el mercado estadounidense. Prevista su entrada en funcionamiento para el 2009, el tramo panameño atravesará el sur de la Comarca Ngöbe-Buglé, en donde el 99% de la población carece de electricidad.
Pero la integración también busca extenderse hacia el sur. Para ello Panamá resulta un punto geoestratégico fundamental en la pretensión de establecer una conexión entre el SIEPAC y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que provocará, según manifestó en enero pasado la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), un “gigantesco impacto de etnocidio y ecocidio”. Tras que el 1 de noviembre de 2004 los Gobiernos panameño y colombiano firmaran un memorando, en la actualidad siguen desarrollándose los estudios de factibilidad para la Integración Energética entre ambos países. Un proyecto que, según los datos facilitados por la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. de Panamá (ETESA), consistirá en una línea de transmisión de 230 KV (la misma que el SIEPAC) de 614 Km. de longitud, incluido un tramo submarino de 55 Km. El Congreso General Kuna celebrado en 2004 ya manifestaba su intención de no dejar que el cable submarino, las carreteras y las torres de Alta Intensidad invadan la comarca indígena de Kuna Yala, tal y como tiene previsto el gobierno panameño.
Energía contra los pueblos
En 2004, en Centroamérica existían 395 plantas hidroeléctricas. Alrededor del SIEPAC están surgiendo proyectos que, como el del río Changuinola, son vendidos como fuente de bienestar para los pueblos. La realidad es, sin embargo, bien diferente, y allí donde se mire, el despojo y la represión son una constante. Y los pueblos afectados siguen esperando los beneficios prometidos.
En Charco La Pava, nos cuentan, la empresa AES Changuinola destruye las plantaciones y envenena las aguas que bebe la comunidad, provocando falta de alimentos y enfermedades. En estos tiempos de hambre motivada, entre otros factores, por las políticas neoliberales encaminadas a que los pueblos pierdan su soberanía alimentaria, el comunitario Quintero Miranda nos confiesa : “Esta es la única tierra que nos queda. Nos hemos manifestado no por plata, no por empleo, sino por nuestros derechos sobre la tierra, que es la que nos da de comer”.
Mientras los dientes afilados de las escavadoras y las gigantescas ruedas de los camiones todoterreno siguen perforando y llevándose la tierra de los ngöbe, Charco La Pava sigue decidida a resistir. No importa que, como dice Francisco Santos, “el gobierno y la empresa estén tratando de matar a la gente afectada sin que nadie se dé cuenta”.
“Nosotros vivimos del agua, de lo que plantamos, de los árboles… Este es el único lugar que nos queda”, afirma Quintero Miranda. Una forma de humanidad que, al parecer, debe desaparecer en beneficio de la “verdadera” humanidad, ávida de energía y de los beneficios económicos que genera entre unos pocos.
Fuente: SERGIO DE CASTRO SÁNCHEZ
