Los sindicatos Comisiones Obreras de Catalunya y CGT temen que tras la venta de la planta de la portuguesa Fisipe en El Prat de Llobregat (Barcelona) por 12 millones de euros se esconda una operación de especulación inmobiliaria a manos de dos grupos españoles, entre los que está Quat Inversiones, que dirige Antonio Martín.
El acuerdo prevé que los compradores se queden con el 100% de las acciones de la filial española de Fisipe, así como condos créditos en favor de los portugueses por valor de unos 26 millones de euros, con lo que también se convierten en los primeros acreedores de la quiebra de la sociedad.
Fuentes de CC.OO. aseguraron a Europa Press que detrás de esta compra están «dos constructoras españolas», cuyo objetivo es «especular con los terrenos», en lugar de buscar una salida a la planta, tal y como indicó Quat después de realizar la operación.
INVERSIÓN «INVIABLE» DE 80 MILLONES.
A su vez, fuentes de CGT señalaron a Europa Press que la puesta en marcha de la fábrica supondría la inversión de cerca de 80 millones de euros, algo que la central sindical considera «inviable». Esta cantidad incluiría 6 millones para adecuar la maquinaria y materias primas, los 30 millones de la deuda contraída con los trabajadores y el resto, correspondiente a las deudas que tiene la empresa con otros acreedores.
Las mismas fuentes aseguraron que esta misma propuesta también se realizó el pasado mes de mayo y fue rechazada tanto por CGT como por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que negó a los impulsores de la operación cualquier tipo de financiación.
«Ojalá fuera viable la puesta en marcha de la planta», concluyeron, «pero los antecedentes del grupo» en el ámbito de la especulación inmobiliaria demuestran que «no tienen ningún interés industrial» en los terrenos de El Prat.
MÁS DE 30 MILLONES EN INDEMNIZACIONES.
De todos modos, la compra de la planta y los terrenos fue posible tras el acuerdo judicial alcanzado el mes pasado con la plantilla, por el que se rescindieron los contratos de los 264 trabajadores a cambio de una indemnización de 30,2 millones de euros y 1,5 millones de finiquito. Además, la plantilla mantiene una hipoteca sobre los terrenos como garantía del cobro de las indemnizaciones.
Fisipe presentó en diciembre del año pasado un expediente de regulación de empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla de El Prat con el objetivo de cerrar la factoría. Desde entonces, los trabajadores y la dirección de la empresa iniciaron un conflicto que culminó con una condena judicial que obligaba a la compañía a indemnizar con 45 días por año trabajado a cada uno de sus empleados por despido improcedente.
Par : EP
