Granada. La Diputación de Granada inicia a mediados de mes el proceso de selección para dar mayor estabilidad a la plantilla de la Agencia Provincial de la Administración Tributaria (APAT), el servicio de recaudación provincial que trabaja con personal interino desde que se creó hace catorce años.
Empleados del Servicio de Recaudación denuncian contratos «ilegales»
Granada. La Diputación de Granada inicia a mediados de mes el proceso de selección para dar mayor estabilidad a la plantilla de la Agencia Provincial de la Administración Tributaria (APAT), el servicio de recaudación provincial que trabaja con personal interino desde que se creó hace catorce años.
El compromiso del gobierno que preside Antonio Martínez Caler le ha llevado a promover un concurso de oposición libre con 73 plazas de auxiliar de gestión tributaria, cuyas bases han sido denunciadas parcialmente por CCOO y por algunos particulares ante la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que entienden que se dan ventajas al personal de la casa frente al resto de aspirantes.
En previsión de que alguno de los trabajadores actuales no supere las tres pruebas eliminatorias -la primera será el próximo 17 de septiembre-, el comité de empresa del servicio ha animado a la plantilla a que denuncie los contratos de interinidad, y de obras y servicios al objeto de obtener algún tipo de indemnización en caso de no lograr una plaza en las oposiciones.
Según fuentes del servicio de recaudación, al menos una veintena de trabajadores han podido denunciar ya los contratos que, según el comité de empresa, son «ilegales»y los de interinidad «en claro fraude de ley».
La única posibilidad de obtener una indemnización por los años trabajados como personal interino, o de obras y servicios, sería mediante el reconocimiento de la condición de laboral indefinido.
Tanto la CGT como CCOO han ofrecido sus servicios para coordinar las correspondientes denuncias de los trabajadores respetando «escrupulosamente el anonimato de los mismos».
El abogado del comité de empresa dijo en la asamblea que «no sería lógico, tras la negociación de las bases, que son muy buenas bases, que la Administración pusiera un examen tan difícil que suspendiera una amplia parte de los trabajadores, a los que presumiblemente pudiese darse el caso de tener que indemnizar con el consiguiente gasto para las arcas provinciales».
Es por ello que el presidente del comité de empresa se comprometió a ponerse en contacto con las distintas secciones sindicales para que las reclamaciones se hagan de forma coordinada y con los mismos criterios. Dicho representante de los trabajadores ha informado ya al tesorero de las intenciones del personal trasladándole la idea de que «es más una medida de previsión y precaución que de presión».
Fuente: ÁLVARO CALLEJA/diariodegranadahoy
