El sindicato recuerda que este tratado internacional lesiona derechos fundamentales de ciudadanos y defiende intereses de un estado no democrático y que desarrolla políticas discriminatorias
La Federación de Enseñanza de la CGT ha remitido a todos los partidos políticos con representación parlamentaria un escrito en el que se solicita que, en coherencia con su defensa de la Constitución y de los derechos que ampara, denuncien el Concordato con el Estado Vaticano, cuya aplicación ha causado numerosas lesiones de los derechos fundamentales a ciudadanos de este país y todo ello para cumplir un acuerdo internacional con un Estado, el Vaticano, que no aplica métodos democráticos ni en la elección de sus dirigentes, ni en la toma de decisiones y que, además, lleva adelante políticas discriminatorias por motivos de sexo, de credo y de opción sexual y campañas como la del SIDA y los preservativos que son un auténtico despropósito con graves repercusiones para la salud pública mundial.
En el escrito remitido a los partidos políticos por la Federación de Enseñanza de la CGT se plantean algunas situaciones de lesión de derechos fundamentales que se han producido por la aplicación de ese acuerdo internacional : «En primer lugar el derecho a no tener que declarar el credo ni la ideología (Art. 16) ni a ser discriminado por esos mismos motivos (Art. 14) (la clase de religión en los colegios obliga a las personas a declarar sobre su credo y discrimina a los alumnos en función de esa declaración) y en segundo lugar por los casos flagrantes de despido que se han producido de profesores de religión por motivos tan poco presentables como el estado civil, las amistades que tenía, o «por cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (Art. 14). Eso, por no hablar, de que ese mismo profesorado es contratado de forma arbitraria por una persona, el obispo de la diócesis, sin que medie ninguna prueba que se atenga a los criterios constitucionales de mérito y capacidad (Art. 103.1).»
Para la FE de la CGT esta situación es muy grave por lo que solicita a los partidos políticos que «denuncien el Concordato y que el Estado Español dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución garantizando «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Algo que se logra asegurando que todos los ciudadanos puedan dar esa educación a sus hijos en sus respectivas Iglesias e incluso facilitando las instalaciones públicas que fueran necesarias para impartir esa formación en horario no lectivo. Así se cumpliría el mandato constitucional, sin necesidad de obligar a nadie a declarar acerca de su ideología, sin crear discriminaciones ni agrupaciones/separaciones ideológicas en las aulas y sin mantener criterios de contratación/despido de tipo medieval para trabajadores que son pagados con fondos públicos. Además, como efecto colateral, se dispondrá de más tiempo para afinar la formación en áreas en las que se detecten carencias de aprendizaje y se mejorará la calidad de la enseñanza. El escrito de la FE concluye «Esperando una respuesta satisfactoria a esta petición que, como su programa electoral, defiende la Constitución, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la calidad de la enseñanza, reciban un cordial saludo.»
Por su parte, la Federació d’Ensenyament de CGT-PV impulsará en el seno de la Plataforma per una Escola pública, valenciana, democràtica laica i de qualitat la derogación del Concordato.
Tfno. Contacto : 667 45 22 07 (Antonio)
20 diciembre de 2005
Fuente: Gabinete de Prensa de CGT-PV
