"Un Reglamento y una Regularización que legitiman la economía surmergida” Parece que por fin, con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, el PSOE ya tiene su propio Reglamento de la Ley de Extranjería, Ley que el PP aprobó y modificó durante su mandato. Dicha Ley ya pecaba de discriminatoria y atentatorio a lo derechos fundamentales de las personas extranjeras, especialmente en los casos de entrada irregular y de la población sin papeles. Esta Ley consolida el papel del Estado Español de frontera-tapón de los flujos migratorios hacia Europa desde Latinoamérica y África, y el Reglamento no contradice esta política.
Con el Poyecto de Reglamento y la anunciada regularización extraordinaria de 3 meses, el PSOE pretende vender una política social progresista en materia de extranjería, ofreciendo la posibilidad de regularización a unos 200.000 inmigrantes que se calcula pueden acogerse a las medidas de arraigo social y laboral, al tiempo que conserva el actual marco legislativo reaccionario y da un balón de oxígeno al empresariado que usa mano de obra inmigrante, al eliminar la posibilidad de denuncia de la explotación laboral de la que se lucra.
«Un Reglamento y una Regularización que legitiman la economía surmergida”
Parece que por fin, con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, el PSOE ya tiene su propio Reglamento de la Ley de Extranjería, Ley que el PP aprobó y modificó durante su mandato. Dicha Ley ya pecaba de discriminatoria y atentatorio a lo derechos fundamentales de las personas extranjeras, especialmente en los casos de entrada irregular y de la población sin papeles. Esta Ley consolida el papel del Estado Español de frontera-tapón de los flujos migratorios hacia Europa desde Latinoamérica y África, y el Reglamento no contradice esta política.
Con el Poyecto de Reglamento y la anunciada regularización extraordinaria de 3 meses, el PSOE pretende vender una política social progresista en materia de extranjería, ofreciendo la posibilidad de regularización a unos 200.000 inmigrantes que se calcula pueden acogerse a las medidas de arraigo social y laboral, al tiempo que conserva el actual marco legislativo reaccionario y da un balón de oxígeno al empresariado que usa mano de obra inmigrante, al eliminar la posibilidad de denuncia de la explotación laboral de la que se lucra.
CGT se congratulará siempre con toda medida -por provisional que sea – que permita a la población inmigrante sin papeles residente en nuestro país, salir del drama humano y social en el que se encuentra. Pero tras la felicitación, hay que preguntarse ¿Por qué no una regularización permanente, no limitada en el tiempo ?
Tanto el proceso de regularización de 3 meses, como las medidas de arraigo social planteadas en el Proyecto de Reglamento, parecen ir encaminadas a establecer un procedimiento selectivo de entrada en la regularidad -permisos de residencia- para la población inmigrante sin papeles (más de un millón de personas). Se consagra que la economía sumergida, patente en el trabajo temporero del campo, en la construcción, en la hostelería, en la prostitución o en el servicio doméstico, pueda seguir nutriéndose de mano de obra barata, mediante personas extranjeras indocumentadas, al tiempo que a estas se les ofrece la posibilidad de permisos.. eso sí, tras un tiempo de sobrevivir en la irregularidad : mínimo 3 años con demostración de contrato de al menos un año, o vínculos familiares o informe favorable de los ayuntamientos.
Desde CGT denunciamos esta retorcida estrategia de estratificar a los y las trabajadores/as inmigrantes en función de sus posibilidades de arraigo social demostrable. Tendremos ya una escala de cuatro compartimentos sociales en cuanto a reconocimiento de derechos : la personas sin derechos -tanto recién llegados indocumentados como los que no alcanzan a demostrar su arraigo- , las que tienen el derecho a demostrar su arraigo, las que han conseguido su permiso de residencia y, por último, los que propiamente somos nacionales de este estado. Conseguir derechos y, por tanto, optar a los recursos y servicios correspondientes -cada vez más escasos- es para el PSOE, patronal, CCOO y UGT una carrera de obstáculos, insolidaria y competitiva, como selección “natural” de quienes demuestren estar más capacitados para integrarse en el gran mercado del capitalismo global.
La CGT, por tanto, seguirá defendiendo a los cientos de miles de personas indocumentadas, explotadas y discriminadas que malviven en nuestos pueblos y ciudades. La CGT seguirá reivindicando Papeles para todos y todas, es decir, Derechos Sociales universales e igualitarios y el Derecho a la libre circulación de las personas.
La CGT seguirá denunciando en todo momento y lugar el tratamiento policial de la inmigración, la Europa-fortaleza y la actual Ley de Extranjería.
