En las conclusiones de las partes, después de una vista que ha durado más de 3 horas, el fiscal y los abogados defensores han pedido la absolución de los acusados.
Se ha demostrado que ni procedía la petición de cinco años de cárcel (puesto que no se ha documentado la acusación de extorsión) ni la de una indemnización de 1.200.000 euros; algo desproporcionado en una empresa que declaró el año anterior unos ingresos de 900.000 €.
A
pesar de que algún medio ha publicado en los últimos días que
estos cuatro afiliados de CGT habían extorsionado a la empresa de
transportes para la que trabajaban, sin contrastar la información
facilitada por los asesores de la propia empresa, en el transcurso de
este largo juicio la acusación no ha demostrado que estos camioneros
A
pesar de que algún medio ha publicado en los últimos días que
estos cuatro afiliados de CGT habían extorsionado a la empresa de
transportes para la que trabajaban, sin contrastar la información
facilitada por los asesores de la propia empresa, en el transcurso de
este largo juicio la acusación no ha demostrado que estos camioneros
hubieran amenazado a los empresarios, ni que con sus bajas médicas
(perfectamente legales y sin ser denunciadas por la empresa ante la
Inspección de la Seguridad Social) hubieran provocado la quiebra de
la empresa, cuatro años después de los hechos denunciados.
Lo
que sí ha aparecido en casi todos los testimonios es que el arranque
del conflicto estuvo en la convocatoria, por los acusados, de
elecciones sindicales como CGT. La empresa reaccionó haciendo votar
a recién contratados, a conductores afines (trayéndolos incluso en
avión desde Bélgica) y presentando a la esposa de uno de los dueños
(a la que ningún trabajador había visto por la empresa en cinco
años) como candidata a esas elecciones.
A
raíz del proceso de impugnación de la elecciones por estas
presuntas irregularidades. Iniciado por la CGT, estos trabajadores
fueron sometidos a todo tipo de presiones, amenazas y denuncias que
la empresa perdió en los tribunales, y como consecuencia de este
acoso algunos de ellos recibieron la baja médica por depresión o
estado de ansiedad.
Otros
trabajadores cayeron de baja por enfermedades profesionales muy
comunes en este duro sector del transporte de mercancías. La presión
fue tan fuerte y las bajas médicas tan razonadas que dos ellos
acabaron pidiendo la baja voluntaria (sin ninguna indemnización) y
un tercero fue declarado incapacitado para el ejercicio de su
profesión habitual por el correspondiente tribunal médico de INSS.
En
cuanto a la acusación de que causaron con sus bajas graves daños a
la empresa, hasta el punto de provocar su cierre (que se produjo años
después y por motivo de la crisis del sector en 2007) los testigos
han declarado que los camiones que los acusados conducían fueron
utilizados por otros conductores durante sus períodos de baja
médica, ya que en el mercado laboral nunca hubo falta de camioneros
ni conducir y descargar camiones cisterna requiera una preparación
larga y costosa, como afirmaba la acusación.
Por
último, se ha demostrado que ni procedía la petición de cinco años
de cárcel (puesto que no se ha documentado la acusación de
extorsión) ni la de una indemnización de 1.200.000 euros; algo
desproporcionado en una empresa que declaró el año anterior unos
ingresos de 900.000 €.
Gabinete
de Prensa CGT-PV – Valencia, 30 de marzo 2011
Y en CGT València
Fuente: CGT-PV
