El Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT, manifiesta públicamente su rechazo más absoluto a los EREs (más de 20.000 despidos temporales) presentados por numerosas empresas de diferentes sectores, especialmente de automoción, electrodomésticos y empresas auxiliares del metal, al amparo de una supuesta causa de fuerza mayor motivada por la “interrupción del transporte ” durante el paro de este sector.
Para CGT, estos EREs representan un fraude social y un fraude jurídico legal, ya que, las responsabilidades de estos despidos corresponden a las empresas y se pretende que sea la sociedad quien pague los costes de incumplimientos contractuales entre las empresas transportistas y proveedores de piezas y las empresas de automoción, metal…
Hay que recordar que, en los años 90, se instauraron en todas las empresas de automoción los sistemas de trabajo denominados “justo a tiempo”, procediéndose a eliminar el almacenaje de piezas, stock y el transporte propio y se establecieron contratos a corto y largo plazo con empresas proveedoras de piezas y empresas transportistas para que éstas sirvieran las piezas en función de las necesidades de producción y la demanda del mercado.
Estos sistemas de trabajo de “justo a tiempo” redujeron costes laborales, de almacenaje, de transporte, etc. Con estas medidas, las empresas vieron aumentadas sus ganancias de forma significativa y ganaron en “competitividad”. Varios miles de trabajadores fueron despedidos por razones técnicas, organizativas o productivas en base al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, siendo el erario público quien se hizo cargo de las prestaciones de desempleo tanto contributivas como no contributivas.
Por tanto, ahora la responsabilidad de los despidos es empresarial. La Ley obliga a las empresas a prever y hacerse responsable de las consecuencias de esos sistemas de trabajo que contemplan la eliminación de los almacenes. Son las empresas quienes deben asumir las responsabilidades cuando las empresas proveedoras de materiales y las transportistas pudieran ejercer sus derechos constitucionales de huelga, cierre patronal o simplemente “interrumpir los suministros”. Los daños los deben pagar las empresas concretas por incumplimiento de contratos privados entre empresas privadas.
Desde CGT decimos “Basta ya de fraudes sociales y expolio del dinero público”. Si se admiten los EREs por la Autoridad Laboral correspondiente, supondría que del erario público tendríamos que pagar unos 12 millones de euros (media de 600 euros por trabajador -desempleo de unos tres días en suspensión + seguridad social- por 20.000 trabajadores afectados).
CGT asume su responsabilidad de lucha junto con el conjunto de trabajadores y trabajadoras para parar esta nueva agresión, no sólo con la razón jurídica sino, sobre todo, con la acción sindical y la movilización para la defensa de nuestros derechos laborales y sociales.
Fuente: Secretariado Permanente de CGT
