La Confederació General del Treball denuncia el déficit democrático que existe en España respecto a la inmigración. Miles de trabajadores extranjeros reciben un trato contrario a los derechos humanos y quienes se atreven a denunciar son una minoría. Así, los informes del Defensor del Pueblo reflejan precisamente una realidad muy extendida pero silenciada
Cuando el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, alardeaba ayer de la política de inmigración española apuntando que todos los gobiernos han hecho grandes procesos de regulación (aunque “ya no habrá más”) olvidaba interesadamente que miles de inmigrantes quedaron fuera de la legalidad, que muchos de ellos fueron condenados a la economía sumergida y que la consecución de esa “legalidad” no garantiza en absoluto papeles de por vida.
Sólo tenemos que pensar en el caso del niño de 3 años que puede ser deportado por caducar su documentación, deportado a su país de origen cuando sus padres están en España. O recordar las redadas de trabajadores inmigrantes en locutorios, o a las puertas de organismos públicos cuando pretendían conseguir la documentación que les diera la ansiada condición de legales. Tal y como ha denunciado CGT en varias ocasiones, esas redadas han provocado un clima de terror entre el colectivo, no sólo por el hecho de ser detenidos, sino porque son tratados como delincuentes por no tener papeles (se trata de una falta administrativa), internados en el Centro de Zapadores, algunos deportados sin posibilidad siquiera de avisar a la familia o de ser defendidos jurídicamente.
Esta es la política de inmigración del estado español, una política que recuerda a los fascismos en este período de crisis económica del capitalismo. En efecto, CGT muestra su total apoyo a las críticas del Defensor del Pueblo sobre el hecho de que el Gobierne prime las expulsiones en su política diaria.
El caso del trabajador boliviano de la panificadora de Real de Gandía ha destapado ante la opinión pública una espantosa realidad además de una actuación monstruosa por parte de los empresarios que abandonaron al trabajador herido. Pero eso no es más que una consecuencia lógica de la forma empresarial de concebir al trabajador extranjero, un trabajador desamparado que tiene menos derechos laborales y ciudadanos que el resto. Y en esa lógica incide el Gobierno con su propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que pretendía en un primer momento castigar penalmente a quienes acogieran en su casa a inmigrantes sin papeles y que endurecía las condiciones para la legalización. En la panificadora de Real de Gandía trabajaban más ciudadanos bolivianos que a día de hoy están aterrorizados ante la posibilidad de ser expulsados.
CGT lleva, por ejemplo, el caso de una joven boliviana de 30 años, madre de 3 niños, que tras trabajar sin contrato durante 3 años y medio en un bar de Beniarjó está a la espera de juicio porque el empresario le adeuda 8 meses de salario. Ha sido valiente al denunciar, lo tiene todo en su contra.
Si la siniestralidad laboral, si los derechos de los trabajadores son constantemente lesionados sin que la Inspección de Trabajo, muy deficiente en medios, ni la fiscalía, ni los jueces actúen contundentemente, reflexionemos sobre la precaria situación de la población inmigrante.
Gabinete de Prensa de CGT-PV
Fuente: CGTPV
