La Comunidad autónoma valenciana carece de cualquier tipo de norma legal que establezca una regulación de la educación no formal como son las colonias, excursiones, ludotecas, actividades de verano, etc. Este vacío legal, que existe únicamente en Canarias y País Valenciano, condena al desamparo a los menores y da vía libre a empresas especializadas para ofrecer servicios sin garantías. Por supuesto, los empleados (monitores) también padecen esta situación en forma de explotación laboral.

La Comunidad autónoma valenciana carece de cualquier tipo de norma legal que establezca una regulación de la educación no formal como son las colonias, excursiones, ludotecas, actividades de verano, etc. Este vacío legal, que existe únicamente en Canarias y País Valenciano, condena al desamparo a los menores y da vía libre a empresas especializadas para ofrecer servicios sin garantías. Por supuesto, los empleados (monitores) también padecen esta situación en forma de explotación laboral.

La ausencia de normativa legal para garantizar la protección de los menores que realizan actividades de tiempo libre es prácticamente una excepción en el Estado español. Sólo Canarias se encuentra en la misma situación. ¿Habrá que esperar a que ocurra lo mismo que en Cataluña donde sólo se regularon estas actividades para niños a raíz del fallecimiento de unos menores inocentes en el año 2003 ?

Esta desregulación total se traduce en una realidad con nulas garantías para los niños. Es una práctica habitual entre los colegios valencianos contratar a empresas privadas que se hacen cargo de organizar las excursiones escolares de los infantes. Así, estas empresas funcionan al margen de cualquier regulación por lo que se producen negligencias que ponen en peligro la integridad de los menores : desde poner un solo monitor para grupos de 25 niños hasta realizar actividades que no han sido supervisadas por un profesional.

Semejantes prácticas garantizan, eso sí, notables beneficios para unas empresas que, en demasiados casos, carecen de personal cualificado, sobreexplotan a la plantilla haciéndole trabajar más allá de la jornada laboral para ahorrar costes, contratan en fraude ley con contratos de obra y servicio y encima obligan a los trabajadores a llevar a cabo actividades sin los recursos necesarios.

El caso de Cataluña

La normativa catalana, por ejemplo, establece la obligatoriedad de contar con un monitor por cada diez niños, de que los responsables estén en posesión de una titulación específica y de que exista un seguro de accidentes y otro de responsabilidad civil.

Asimismo también estipula una serie de normas para situar las acampadas, las obligaciones de la persona responsable de la actividad e incluso los deberes al respecto dela Secretaría Generaldela Juventud. Pero, esta legislación, considerada insuficiente por algunos colectivos afectados, sólo se puso en marcha cuando perecieron unos menores en el transcurso de una excursión.

Ante estos hechos, CGT-PV apela a la responsabilidad de la Administración pública e insta a las instituciones a tomar rápidamente cartas en el asunto, un asunto que incumbe a la totalidad de la población del País Valencià y que padecen sus miembros más indefensos, los niños. Por otro lado es imprescindible para asegurar la eficacia de cualquier medida que ésta sea difundida al máximo entre padres, colegios, asociaciones, etc. Es la única forma de evitar que se convierta en papel mojado.

Para más información : Miguel Ángel Ferrís

Gabinete de Prensa de CGT-PV

Valencia, a 11 febrero de 2005