Las alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de refinería del Grupo Gallardo, presentadas hoy a través del SOV de CGT Cáceres en la Subdelegación del Gobierno, inciden en la falta de justificación del proyecto, las carencias metodológicas del EIA, los graves impactos ambientales sobre los espacios afectados por las instalaciones y las infraestructuras asociadas, la desconsideración de la grave afección sobre la salud y la seguridad, la falta de credibilidad del proyecto, las seguras repercusiones negativas sobre el entramado socioeconómico de la comarca y la contradicción e incumplimiento del proyecto con las políticas y compromisos destinados a luchar contra el cambio climático.
Las alegaciones presentadas, que comienzan denunciando las irregularidades en el proceso de información pública, desarrollan en 47 puntos los principales argumentos para considerar que no existen razones imperiosas de interés público o social que justifiquen las graves afecciones ambientales y sociales que el proyecto ocasionaría :
La inviabilidad económica de un proyecto que nace cuando la era del petróleo llega a su fin, con un mercado colapsado, un horizonte próximo de 250 dólares el barril, consumo y demanda interior a la baja, agotamiento de reservas, transición energética a fuentes menos contaminantes y una creciente exigencia para disminuir el nivel de dependencia energética del petróleo. La industria petrolífera está abocada en un horizonte de 15 años a su reconversión y por tanto es una industria sin futuro a medio plazo y con un presente incierto.
La ausencia en el EIA de una metodología solvente y rigurosa. El Estudio objeto de alegación maneja datos, estudios y modelos poco fiables, restringe interesadamente criterios y parámetros, se ocultan y desconsidera factores y datos esenciales, no evalúa efectos sinérgicos y, especialmente, carece del acompañamiento económico necesario para evaluar su credibilidad.
Constatación de las graves afecciones que emisiones, vertidos, obras e infraestructuras causarán a los numerosos espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 de Extremadura y Andalucía : Parques Naturales, ZEPAs, LICs, IBAs y Hábitats de Interés Comunitario y otros espacios naturales de gran valor ecológico.
Constatación del tremendo impacto que tendrá sobre las condiciones ambientales de la comarca de Tierra de Barros : una afección severa del cauce del Río Guadajira que no ha sido evaluada con justicia ni responsabilidad, el grave riesgo de hipercontaminación del acuífero de Tierra de Barros, el impacto de la contaminación de suelos por partículas y sustancias tóxicas, deterioro de la calidad del aire y de las aguas y riesgo de lluvia ácida.
No se ha evaluado aspectos fundamentales como el impacto en la salud humana, ni se ha considerado la incidencia del cáncer ,enfermedades cardiorrespiratorias y otro tipo de afecciones en las poblaciones. Tampoco el riesgo de contaminación bacteriológica de balsas de efluentes, torres de refrigeración, depuradoras y vertidos, ni del sulfídrico, como tampoco se hace un estudio de riesgos del transporte por carretera y ferrocarril asociados o del riesgo de accidentalidad catastrófica, con sus consiguientes Planes de Emergencia.
No se concreta el destino final de los residuos sólidos ni se evalúa con justicia y realismo las cantidades de contaminantes emisibles, ni se consideran los efectos acumulados con el resto de industrias contaminantes.
Afección grave sobre los recursos hídricos en un entorno deficitario. Los cálculos y estudios comparativos realizados por este Sindicato nos llevan afirmar que el consumo de agua será muy superior a lo estimado y pondrá en peligro las reservas hídricas, los cultivos y el abastecimiento de las poblaciones.
Afección grave al patrimonio arqueológico, especialmente a la Vía de la Plata y a los yacimientos asociados a su corredor. El estudio y la excavación de urgencia no puede compensar su destrucción y pérdida.
Irresponsabilidad al la hora de evitar evaluar la incidencia en el crecimiento de las emisiones de CO2, un incremento espectacular que supondría un incumplimiento claro de los acuerdos internacionales y entraría en contradicción con los compromisos gubernamentales con la lucha contra el cambio climático.
Un insuficiente tratamiento de todo lo relativo a seguridad, prevención de riesgos, vigilancia ambiental y medidas correctoras, envuelto todo ello en una neblina económica imprecisa y sustentado en buenas intenciones y compromisos de buenas prácticas que no ofrecen, visto el historial previo del empresario, ninguna credibilidad.
CGT considera que la justificación fundamental del proyecto : contribuir al desarrollo extremeño y a la creación de empleo no se cumple. Destruiría más tejido económico y empleo en el sector agrícola y agroalimentario del que se pretende crear, incrementando el riesgo de abandono del agro. El tema del empleo es utilizado en el proyecto como instrumento de un inaceptable chantaje social. Las cifras de creación de empleo ofrecidas por el promotor están artificialmente infladas, increíbles en una industria donde los procesos están crecientemente automatizados. Tras realizar análisis comparativos, teniendo en cuenta las dimensiones y características de la planta proyectada y con el asesoramiento de delegados sindicales de otras plantas de refino, ofrecemos cálculos mucho más realistas de empleo generado : Unos 275 empleos fijos y en torno a 250 empleos en la industria auxiliar transporte y mantenimiento. Tampoco será un empleo de calidad, en la medida en que un 50% de los trabajadores del sector se encuadran en contratas y subcontratas, trabajo precario en esencia, y no se desprende confianza del historial infractor del empresario en seguridad, prevención y condiciones laborales. Tampoco ayuda a la calificación de ese empleo como “de calidad” el hecho de que los trabajadores del sector del refino presenten índices de incidencia del cáncer y enfermedades cardiorrespiratorias extraordinariamente altos.
Por otra parte, la relación inversión pública/empleo generado es económica, social y políticamente inaceptable. Aún aceptando las cifras dadas en el proyecto, el coste de cada puesto de trabajo creado sería de más de 100.000 euros públicos ; un evidente mal uso de unos recursos públicos escasos y susceptibles de mucho mejor y más social aprovechamiento.
Se ha desconsiderado también la alarma social y el amplio movimiento social de rechazo al proyecto de refinería, uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente de Extremadura. Los proyectos que marcan las grandes líneas del desarrollo futuro de la sociedad no pueden ser resultado de la imposición, sino del consenso social ; un consenso que obviamente no existe en este caso.
Considerando en su conjunto el balance de riesgos e impactos negativos con los supuestos y dudosos beneficios económicos y sociales CGT considera que la construcción de una refinería en Extremadura es inviable y absolutamente desaconsejable. CGT pide la retirada del proyecto por considerar que atenta gravemente contra el patrimonio natural de Extremadura y Andalucía, contra la seguridad y la salud públicas y porque supone optar por un modelo de desarrollo inviable, insostenible y antisocial, toda vez que permite que la riqueza se concentre en pocas manos, se trasvasen recursos y bienes públicos a manos privadas, se altere gravemente un modelo de desarrollo agroindustrial equilibrado y acorde con los propios recursos de la comarca de Tierra de Barros y se opte a modelos que provocan una destrucción irreversible del medio ambiente local y global.
Fuente: Secretaría de Comunicación. CGT-Cáceres
