Ahora que tanto se habla de corrupción y se piden condenas y dimisiones por doquier, desde la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (CGT-PV) queremos recordar que la CGT ha impulsado en solitario, durante los últimos años una acción decidida para sacar a la luz los casos de corrupción y despilfarro de dinero público en las administraciones valencianas, así como las acciones judiciales que han destapado casos importantes de corrupción.
El balance general de nuestras acciones judiciales hasta ahora es muy satisfactorio, sobre todo si ponemos en relación los escasos recursos de que dispone un sindicato como CGT, que se financia exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, y los casos denunciados que se han judicializado, así como el respetable número de imputados como consecuencia de nuestras denuncias, que asciende ya a 6 personas, todas ellas altos cargos y gestores del PP.
CASO VAERSA
El balance general de nuestras acciones judiciales hasta ahora es muy satisfactorio, sobre todo si ponemos en relación los escasos recursos de que dispone un sindicato como CGT, que se financia exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, y los casos denunciados que se han judicializado, así como el respetable número de imputados como consecuencia de nuestras denuncias, que asciende ya a 6 personas, todas ellas altos cargos y gestores del PP.
CASO VAERSA
Hay cinco personas imputadas, entre ellas la actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y dos exdirectores generales de la empresa pública, la exjefa de recursos humanos y un abogado privado.
CGT presentó tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, instruyéndose actualmente las tres por el Juzgado de Instrucción núm. 15 de Valencia:
La primera denuncia se dirige contra los gestores responsables de VAERSA que se repartieron casi dos millones de euros en concepto de productividad, saltándose el procedimiento legal establecido.
La segunda denuncia se refiere a la adjudicación a dedo del servicio de asesoramiento jurídico de VAERSA durante más de 6 años, por más de 2 millones (1.800.000 euros facturados por un solo abogado).
La tercera denuncia se refiere al arrendamiento de vehículos todoterreno por la empresa pública por un importe global de 1.447.841 euros, prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación administrativa, a lo que hay que sumar otros servicios contratados a dedo por importe de más de 3 millones de euros, en la etapa en la que fue conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Presidente del Consejo de Administración de VAERSA, Juan Cotino.
CASO EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales)
CGT denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por enchufismo la colocación en la entidad pública de 5 personas, entre ellas una prima de Esteban González Pons, lo que ha supuesto la imputación del exgerente de la entidad, también procesado y pendiente de juicio por el caso EMARSA.
Casos RTVV y Palau de les Arts
Existen dos denuncias presentadas ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía Anticorrupción que son la expresión de las nefastas consecuencias para la clase trabajadora y para los y las ciudadanas del expolio y la corrupción protagonizada por el PP en las instituciones donde ha gobernado.
En el caso de Radio Televisión Valenciana (RTVV) la negligente gestión ha provocado un agujero de más de 1300 millones de euros, y la política de enchufismo generó una plantilla sobredimensionada con más de 1600 trabajadores.
La decisión del PP, provocada por su saqueo en RTVV, fue cerrar el servicio público, una medida sin precedentes en el estado español y que constituye un claro ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar, a privatizar los servicios públicos y a beneficiar a sus amigos, sin importarles en absoluto el interés público, ni el envío al paro a miles de trabajadores y trabajadoras. CGT es el único sindicato que ha recurrido ante los Tribunales el ERE de extinción en RTVV.
Se presentaron dos denuncias contra la gestión en RTVV, una en el Tribunal de Cuentas y otra ante la Fiscalía Anticorrupción.
Gracias al trabajo de investigación desarrollado por CGT se han incorporado nuevos argumentos jurídicos y pruebas al Juez que investiga la gestión en RTVV.
En cuanto al Palau de les Arts, la situación es similar, el despilfarro y la corrupción que se investiga por los Tribunales provocó la adopción de un ERE que significó el despido de decenas de trabajadores, siendo CGT el único sindicato que se opuso al mismo, y que ha demostrado su actitud firme y contundente contra la corrupción, denunciando a los gestores del Palau por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, y ante la Fiscalía Anticorrupción.
La corrupción en estas empresas públicas ha provocado un agujero económico que ha tenido como consecuencia la realización de EREs y el despido masivo de trabajadores como en el caso de RTVV (despido de más de 1600 trabajadores), VAERSA y Palau de les Arts.
Caso de los 1.800 millones de euros de facturas en el cajón en Sanidad
CGT sigue trabajando en una nueva denuncia que en su día fue archivada, que se refiere a la disposición de 1.800 millones de euros fuera del Presupuesto Público, lo que comúnmente se ha denominado como «las facturas en el cajón» en Sanidad, y que supuso la imposición de una sanción por la Comisión Europea a la Generalitat Valenciana por falseamiento de los datos del déficit público sanitario.
Denuncia contra el propio Tribunal de Cuentas por corrupción
Esta es una iniciativa a nivel estatal. La CGT presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid contra la gestión en el propio Tribunal de Cuentas. El diario El País destapó un caso de corrupción y nepotismo en el Tribunal de Cuentas, precisamente el órgano fiscalizador de las cuentas de las Administraciones Públicas y enjuiciador de la llamada responsabilidad contable y la malversación de caudales públicos.
Como consecuencia del trabajo de investigación periodística salió a la luz un posible caso de corrupción, pues se destapó la contratación a dedo de un empresario para la realización de obras menores en la sede del Tribunal, supuestamente fraccionado los contratos. Asimismo, se destaparon presuntos casos de nepotismo en la selección de personal, derivando en la «colocación» de personas afines o familiares de altos cargos, funcionarios y sindicalistas del Tribunal de Cuentas, a través de varias pruebas selectivas, presuntamente «amañadas».
Ello provocó que CGT interpusiera una denuncia ante la Fiscalía, que fue archivada en un tiempo récord, con una escueta e injustificada motivación. Ante este archivo, se ha estado trabajando en la búsqueda de más documentación y pruebas que permitan presentar de nuevo denuncia, que se hará probablemente en breve ante los Juzgados de Madrid.
Otros casos de enchufismo
Uno de los casos más sonados fue la denuncia ante la Fiscalía del supuesto enchufe del hermano del exconseller Serafín Castellano como director médico de un hospital público.
Para ilustrar la política de estómagos agradecidos y de voto cautivo llevada a cabo por el Partido Popular, CGT denunció públicamente la política de personal (enchufismo) plagada de irregularidades en la Sociedad de Proyectos Temáticos, en la fracasada Mundo Ilusión y en el Aeropuerto de Castellón, todas ellas empresas públicas que debieron someterse a los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad en el acceso al empleo público, y no lo hicieron, como han señalado reiteradamente los informes de Fiscalización de las Cuentas de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Cuentas.
Sorprende, por tanto, la tardía reacción de la mayoría de organizaciones políticas y sindicales cuando han empezado a ver en los medios informativos que los juzgados ordenaban la detención de importantes cargos públicos afiliados al PP, dado que en todos estos años habían dicho muy poco –o absolutamente nada- sobre algo que saltaba a la vista. CGT, lejos de sumarse a las modas puntuales, va a seguir trabajando por el esclarecimiento de todos los casos de corrupción política, sindical o empresarial, así como por la destitución de todos los responsables de sus cargos y la reposición de todo el dinero defraudado a la ciudadanía.
CGT País Valencià
Valencia, 4 febrero 2016
Fuente: CGT País Valencià
