Ha quedado formalizado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, en Procedimiento Abreviado, el recurso que ha presentado el sindicato CGT, por medio de su sección sindical en la Diputación Provincial de Granada, por la privatización del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Almuñécar en el que solicita, además, que se suspenda la adjudicación a una empresa privada.
Los motivos fundamentales que han llevado al sindicato CGT a presentar el citado recurso son varios :
El argumento principal es que se ha privatizado un servicio que por su naturaleza es público, es decir, debe ser realizado por funcionarios ya que el ejercicio recaudatorio está reservado en exclusividad a la administración, al Ayuntamiento en este caso, o a otras administraciones en las que pueda delegar esa función, tal y como dispone el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
En segundo lugar que el procedimiento no ha contado con los informes jurídicos y económicos esenciales y concluyentes que dieran el visto bueno a esa operación.
Por último, hay importantes defectos de forma que han puesto de manifiesto la precipitación del Ayuntamiento de Almuñécar (que ha querido privatizar a toda costa la recaudación), una precipitación que les está llevando a cometer irregularidades que podrían ser constitutivas de delito, ya que se han acumulado posibles errores para inflingir la norma ; además de que no se han puesto reparos por parte de los técnicos del Ayuntamiento, obligados por ley a advertir que se estaba tramitando un procedimiento contrario a la normativa.
Recordemos que en el año 1992 el Ayuntamiento de Almuñécar firmó el primer convenio con la Diputación de Granada en el que le delegaba la gestión para la recaudación de los impuestos y tasas municipales. Desde entonces los índices de recaudación han ido subiendo, a la par que mejoraba la asistencia a los contribuyentes. Tanto es así que las distintas corporaciones, igualmente de distinto signo político, que han pasado por el Ayuntamiento de Almuñécar han renovado el convenio con la Diputación cada cuatro años.
Pero el pasado verano el Alcalde de Almuñécar amenazó a la Diputación con no renovar el convenio, que cumplía el año pasado, si no restituía al jefe de la oficina de recaudación de Almuñécar, ya que no había superado un concurso de promoción interna por no alcanzar la puntuación suficiente y como consecuencia fue sustituido por otro trabajador con mayor calificación.
El Alcalde de Almuñécar consumó su amenaza gracias al apoyo de los concejales del Partido Popular y aprobaron un pliego que contemplaba adjudicar la recaudación a una empresa privada por un periodo de 15 años. Por añadidura el pliego para privatizar la recaudación de Almuñécar es impreciso y ambiguo en cuanto a los cometidos que debe realizar la empresa adjudicataria y dejaría al Ayuntamiento en una situación comprometida.
Tras la aprobación inicial, este sindicato presentó entonces recurso de reposición por los motivos antes citados y porque además el pliego incumplía la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar tuvo que rectificar el plazo y dejarlo en cuatro años, tal y como dispone la Ley, pero rechazaron el resto de alegaciones. Siguiendo la línea de quebrantamientos de la Ley ni siquiera el nuevo pliego de condiciones se publicó de forma íntegra, sino que en el BOP Granada nº 207 de fecha 29-10-2008 aparecía como una simple “rectificación plazo de concurso”.
El sindicato CGT ha trabajado para impedir la privatización del servicio público de recaudación de Almuñécar. Comenzó con recurso de reposición y alegaciones a la aprobación inicial y tras la desestimación de las mismas, presentó recurso ante la Sala de lo Contencioso por la aprobación definitiva. La asesoría jurídica de CGT valora que los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición van a ser concluyentes y nos darán la razón.
Una vez producida la adjudicación definitiva en el pleno del lunes 16 de marzo, los servicios jurídicos están analizando las fechas en que se han producido los diferentes actos del proceso de adjudicación, especialmente la constitución de fianza y la adjudicación definitiva por si procede ampliar la demanda ya que parece que se ha producido un incumplimiento del pliego también en estas actuaciones.
Desde un principio este sindicato se ha opuesto a la adjudicación del servicio de recaudación a una empresa privada ya que supone la privatización de servicios públicos. CGT apuesta por la calidad en el empleo y por la buena atención a los ciudadanos. Las privatizaciones llevan aparejadas condiciones abusivas para los trabajadores que se ven forzados a aceptar el chantaje y la merma de sus derechos para que se engrose el beneficio de unos pocos. De igual manera, las privatizaciones suponen un deterioro en calidad, efectividad y atención al ciudadano. CGT hará siempre lo que esté en su mano para impedir que situaciones con esta se reproduzcan.
Fuente: La Sección Sindical de CGT en la APAT
