Para CGT resulta intolerable que un conflicto laboral como es el de las y los controladores aéreos se esté resolviendo mediante su militarización, su acusación por delito de sedición e incluso la previsible petición del embargo de sus bienes personales.
CGT condenó el Estado de Alarma decretado y vuelve a condenar la prórroga de una situación excepcional como es la del Estado de Alarma. Así mismo, denuncia la actuación autoritaria del gobierno al aprobar decretos-ley para abolir un convenio colectivo o imponer las condiciones laborales, y utilizarlo como una cortina de humo para privatizar nuevas empresas públicas y quitar la ayuda de los 426 euros a los parados de larga duración.
Para CGT resulta intolerable que un conflicto laboral como es el de las y los controladores aéreos se esté resolviendo mediante su militarización, su acusación por delito de sedición e incluso la previsible petición del embargo de sus bienes personales.
CGT condenó el Estado de Alarma decretado y vuelve a condenar la prórroga de una situación excepcional como es la del Estado de Alarma. Así mismo, denuncia la actuación autoritaria del gobierno al aprobar decretos-ley para abolir un convenio colectivo o imponer las condiciones laborales, y utilizarlo como una cortina de humo para privatizar nuevas empresas públicas y quitar la ayuda de los 426 euros a los parados de larga duración.
Este tipo de actuación, evidencia la voluntad del gobierno por resolver este conflicto de forma autoritaria y la incapacidad del responsable del Ministerio de Fomento para encontrar una solución democrática a un conflicto laboral, provocando de manera premeditada el estallido de un colectivo, que independientemente de estar organizado gremialmente para defender sus elevados sueldos y otras condiciones de trabajo propias, está sufriendo el mismo acoso que el resto de la clase trabajadora al imponerse sus condiciones laborales mediante Decreto Ley y sin posibilidad de negociación alguna.
Como consecuencia de este proceder y de la previsible extrapolación a otros conflictos laborales semejantes, CGT pide la dimisión del ministro José Blanco.
El problema de fondo real del conflicto y que esta maniobra pretende ocultar al debate público, es el decreto ley aprobado a principios de diciembre por el gobierno para seguir vendiendo miserablemente nuestro patrimonio público a sus empresas amigas. Concretamente, privatizar el 49% de AENA, conceder a empresas privadas amigas la gestión de los aeropuertos por un precio irrisorio, dejando a la vez la deuda de los principales aeropuertos en manos públicas y desprotegiendo a aeropuertos regionales pequeños de la tasa cruzada del resto de la red, con lo que pasarán a ser financiados por la ciudadanía.
La privatización de los aeropuertos españoles, además de suponer un fraude monumental a toda la población, reducirá profundamente los niveles de seguridad aeroportuaria y la calidad de prestación de servicios a las y los pasajeros.
Las cifras de esta gran estafa lo dicen todo : mientras la ampliación sólo de Barajas costó 8.000 millones de euros, a las que hay que sumar las de El Prat, Málaga, Alicante y un largo etcétera, el gobierno pretende vender el 49% de los 47 aeropuertos españoles por 8.900 millones de euros. El valor real del 49% de AENA nunca estaría por debajo de los 60.000 millones de euros.
Así mismo, la privatización de AENA va a tener consecuencias en todos sus trabajadores y trabajadoras. AENA es una empresa pública con más de 10.000 trabajadores/as, entre los cuales se encuentran los colectivos de apoyo a pasajeros y compañías, personal de mantenimiento, señaleros, bomberos, personal de operaciones y gestión aeroportuaria, administrativos, médicos y ats aeroportuarios y titulados universitarios, entre otros, lo que representan el 80% del personal de AENA. La privatización va a suponer la subrogación de los empleados a una Sociedad Anónima, y posteriormente a una concesionaria, perdiendo la condición de empleado público y la garantía en el empleo.
Al mismo tiempo, se privatiza el 30% de las Loterías y Apuestas por 5.000 millones de euros cuando producen anualmente 12.000 millones de beneficios.
CGT denuncia que en todo este proceso el gobierno ha conseguido sus objetivos de profundizar en la privatización del sector público obedeciendo el dictamen de los mercados, dividir a las y los trabajadores, impedir la unidad de acción sindical para defender estas empresas públicas, poner a toda la opinión pública en contra de los y las trabajadoras y todo ello sin el más mínimo escrúpulo para echarse en brazos del ejército obviando las consecuencias que este hecho pueda tener en el futuro.
CGT seguirá defendiendo la lucha sindical y social de los y las trabajadoras contra la privatización y expolio de las empresas públicas.
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL
En http://www.cgt.org.es/spip.php ?article2003
Fuente: SPCC CGT
