El sindicato CGT ha solicitado en Burgos pide la dimisión del concejal responsable del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos, Esteban Rebollo, por “abuso de poder en el ejercicio de la potestad disciplinaria” al considerar como una “maniobra revanchista” la reapertura de los expedientes sancionadores contra los trabajadores que hace un año portaron camisetas exigiendo una renegociación del convenio.
Según informa el delegado sindical de CGT en Autobuses Urbanos, Esteban Rebollo dio instrucciones de reabrir estos expedientes al poco de conocerse una sentencia que obligaba a Autobuses Urbanos a paralizar el primer servicio de la mañana de la línea entre la Carretera de Arcos y Eladio Perlado, reponiendo a los trabajadores el derecho a comenzar su jornada a las 7:25, y no a las 6:55h como exigía la ampliación del servicio.
Desde la sección sindical de CGT se considera que esta decisión ha sido tomada como “represalia” hacia la postura del mismo Comité de Empresa de denunciar lo que consideraron “un atropello” cometido por la dirección del Servicio, que no negoció con los trabajadores los cambios en los horarios, y los comunicó de un día para otro.
Calvo ha insistido en que los expedientes abiertos en el mes de julio a los 17 trabajadores que habían llevado una camiseta reivindicativa durante su jornada laboral, y que fueron acusados de “falta de respeto a los superiores” por las caricaturas que en ellas aparecían, ya se habían cerrado por parte de la dirección del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos antes de que se produjese este nuevo conflicto laboral.
Así las cosas, los representantes de CGT consideran que Estaban Rebollo está haciendo un uso “torticero” de su potestad sancionadora para conseguir una plantilla sumisa, y piden directamente su dimisión, así como la intervención del alcalde Juan Carlos Aparicio, como responsable último del Ayuntamiento de Burgos.
Los expedientes sancionadores reabiertos afectarían a un total de 17 trabajadores y, aunque todavía no se conocen los pliegos de cargos, teniendo en cuenta las características de los expedientes del año pasado, podrían suponer entre 3 y 5 días de suspensión de empleo y sueldo.
Los miembros de CGT, así como los representantes del Comité de Empresa, están dispuestos a llevar el caso hasta los Tribunales puesto que esta actitud del concejal responsable podría considerarse un delito, al coartar los derechos de los trabajadores y tomar represalias contra ellos cada vez que intentan defenderlos.
Fuente: http://www.cgt-cyl.org
