El sindicato CGT convoca el martes una concentración en la plaza de España de Zaragoza para protestar por la aprobación, prevista para este día, de la Directiva europea de Servicios, llamada también Bolkestein por su promotor, el que fuera comisario europeo Fritz Bolkestein. CGT denuncia que esta norma es un ataque a los derechos laborales.
Zaragoza.- Una concentración el martes, a las 19.30 horas, en la plaza de España de Zaragoza, servirá al sindicato CGT para mostrar al público su postura contraria a la Directiva europea de Servicios, más conocida como Directiva Bolkestein por su promotor, comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein. CGT Aragón organiza una serie de mesas informativas en todas las capitales españolas para protestar por esta normativa europea, que prevé ser aprobada precisamente este martes en el Parlamento Europeo.
A juicio del sindicato, esta directiva sobre Servicios es “el más radical ataque contra los Estados del Bienestar de la Unión Europea”. En síntesis, y según explica el secretario general de CGT Aragón, Miguel Villa, se trata de la creación de un “marco jurídico” que suprima los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de prestadores de servicios y a la “libre circulación de estos y de sus trabajadores”. Este matiz es importante ; según CGT, esta libre circulación implica que la directiva fomenta el libre tránsito de trabajadores dentro de la UE, eso sí, con las condiciones de los países menos desarrollados en derecho laboral.
“No estamos en contra de esta circulación de personas”, explica Villa, “pero sí a la trata de blancas”, pues así califica CGT los efectos que puede suponer la aplicación de esta Directiva Bolkestein. En rueda de prensa organizada este lunes en Zaragoza, el sindicato ha ejemplificado estos efectos en cuatro sectores estratégicos y con presencia de capital público, los transportes, la administración pública, la sanidad y la enseñanza. En todos ellos se observará una “equiparación a la baja” en servicios y derechos laborales.
Una equiparación que se basa en un doble fenómeno. El primero, explica Villa, la cada vez más frecuente subcontratación de servicios públicos, desde la prestación de los mismos a la propia gestión. El portavoz de CGT refiere como ejemplos la creación del Banco de Sangre aragonés, “gestionado por una empresa privada”, así como la concesión a la MAZ de un contrato de asistencia al medio rural. Otros ejemplos han sido desgranados en RENFE, en Telefónica… “Fomentar la privatización de servicios sanitarios”.
Como segundo factor, éste relacionado específicamente con la Directiva Bolkestein, la referida libertad de movimiento, que implica cada vez menos trabas al cambio de sede de las empresas que prestan servicios. Pueden producirse “sedes de conveniencia”, casi virtuales que, a tenor de lo que marca esta normativa europea, pueden aprovecharse de las legislaciones de países recién ingresados (cualquiera de los estados del Este europeo) para tirar a la baja las normativas aplicables en los estados más desarrollados. Lo llama CGT “el principio del país de origen”.
Transposición
Ocurre, y así lo confirma el propio Villa, que esta directiva debe ser transpuesta a la legislación española, esto es, el Congreso de los Diputados debe aprobar esta ley para que sea de aplicación en este Estado. En este sentido, se enmarca la iniciativa de CGT. Conscientes de que es difícil paralizar la normativa europea, se trata de “comunicar en lo posible sus efectos” para matizarla lo máximo posible. En Francia, recuerda el secretario de CGT, una fuerte campaña de comunicación de esta Directiva Bolkestein supuso el “no” francés a la Constitución Europea.
Y eso es lo que espera el sindicato, una fuerte presión popular que haga reflexionar “a PP y PSOE, los grupos mayoritarios que apoyarán la ley en Europa” sobre sus consecuencias. Afirma Miguel Martínez, portavoz de CGT en el sector de Transportes, que el “70%” del empleo en Europa, fundamentalmente en el sector servicios, está afectado por la directiva. Que en el sector público es más “sangrante”, porque afectará a las prestaciones básicas del Estado del Bienestar. Pero que, al fin y al cabo, “ya se está aplicando en el sector privado, con las consecuencias que estamos observando en el mercado laboral”.
Por fin, CGT Aragón recuerda que para “el gran capital, lo público no es rentable”, y que las pequeñas y medianas empresas, el grueso del tejido económico y empresarial en Aragón y España, también tendrán problemas en cuanto se aplique esta directiva puesto que “no tienen los medios ni el tamaño” para moverse y optimizar sus cuentas de resultados aprovechando estas “libertades de movimiento y establecimiento”. Habla CGT Aragón también, pues, de “competencia desleal”.
Fuente: aragondigital