Ante el riesgo de hacer inviable la nueva radio y televisión públicas, el sindicato llama a negociar. Así mismo exige al Consell que cumpla su obligación de depurar responsabilidades por la gestión corrupta del PP
La Audiencia Nacional ha señalado fecha de juicio para el próximo 11 de enero sobre la demanda judicial presentada en su momento por el sindicado Confederación General del Trabajo contra el Expediente de Regulación de Ocupación de extinción de RTVV.
La Audiencia Nacional ha señalado fecha de juicio para el próximo 11 de enero sobre la demanda judicial presentada en su momento por el sindicado Confederación General del Trabajo contra el Expediente de Regulación de Ocupación de extinción de RTVV.
Si se confirman las previsiones y se sentenciara la nulidad del ERE, las indemnizaciones a los trabajadores podrían llegar a entre 150 y 200 millones de euros. Y, algo muy importante a tener en cuenta, esta cantidad crece cuanto más tiempo pasa (se estima en un millón de euros más cada semana). Y todavía más importante, no es descartable que la propia Audiencia Nacional pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad, como solicitó CGT en su demanda, con lo cual se puede alargar todavía más este proceso y encarecer notablemente.
Las consecuencias de la nulidad del ERE serían la obligación de reincorporar a toda la plantilla, que devolvería las indemnizaciones y cobraría los salarios dejados de percibir, además de abonar los costes de Seguridad Social.
La demanda presentada por CGT, único sindicato que no firmó el Acuerdo del ERE del PP, tiene muchas probabilidades de prosperar -y el Consell lo sabe- cómo han señalado también varios especialistas en Derecho Laboral, en concreto, Tomás Sala, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, y la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense dirigida por Mª Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional.
La ejecución de una hipotética sentencia estimatoria de las pretensiones de CGT, cómo hemos visto, supondría directamente el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y tener una plantilla duplicada si el Consell sigue con sus planes de crear una nueva radio y televisión desde cero.
Hay que recordar que el actual Consell ha presupuestado 55 millones de euros para poner en marcha el próximo año la nueva radio y televisión, propuesta que el ministro Montoro analiza con lupa y amenaza con recurrir por incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si a esto añadimos las consecuencias económicas descritas ante la posible nulidad del ERE, ya nos podemos imaginar el futuro de esa televisión: inicio de emisiones y fondo negro de nuevo en un plis plas.
Otra de las paradojas que se van a producir en el juicio ante la Audiencia Nacional es la imagen -vergonzante a nuestro entender- de la consultora KPMG, que diseñó el ERE de extinción con el PP y que también tiene por contrato la defensa jurídica, junto a la Abogacía de la Generalitat defendiendo la legalidad de un ERE que fue calificado por algunos como un golpe de estado, y que recibe críticas contundentes por las actuales Cortes, las que aprobaron la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, y la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.
Por todo esto, CGT vuelve a plantear al Consell la necesidad de abrir un proceso de negociación -como recomienda también el informe de Mª Emilia Casas- para evitar esta situación, y ha solicitado una reunión al Presidente, a la Vicepresidenta del Consejo y a los grupos parlamentarios, con objeto de intentar un acuerdo que ponga fin a la incertidumbre derivada de una posible sentencia de nulidad del ERE.
En juego está también el modelo de la radio y televisión públicas. La propuesta del Consell es la de un modelo «low coste», el «modelo Alzira» de la radiotelevisión pública, con unos 300 trabajadores que se ocuparían de realizar los informativos y el resto privatizado a través de productoras que precarizarían el mercado laboral.
El caso de Mediapro, productora que puede ser la «grande agraciada» de la privatización, sirve muy bien de ejemplo sobre el funcionamiento de este «mercado» de la precariedad laboral: la productora tiene 300 trabajadores en plantilla, y funciona con todo un entramado de empresas que dependen del grupo y que llegan a asumir un total de 2.000 trabajadores en unas condiciones laborales lamentables.
La propuesta de CGT, compartida con el Comité de empresa, supone la puesta en marcha de la nueva RTVV con un número de trabajadores suficiente para garantizar la gestión directa del servicio público, estimados en torno a los 800, en la línea de las plantillas de otras comunidades con características similares, lo cual supondría que los trabajadores que se reincorporaran devolverían la indemnización percibida y el resto cobraría la indemnización como despido improcedente. Esta solución, planteada en su momento por el Gobierno, suponía un coste de 500.000 euros, según las estimaciones realizadas para 1 de marzo de 2016. El criterio para elegir esos 800 trabajadores sería el haber superado un proceso de selección por oposición y la antigüedad.
Esta solución permitiría desbloquear el conflicto judicializado, y la puesta en marcha en un breve plazo con medios públicos, sin riesgos de que se dispare el coste de la nueva televisión pública.
Pero la propuesta de CGT no se queda aquí, exigimos al Consell que, de manera inmediata, se persone en la causa penal abierta contra los gestores corruptos de RTVV, y que luche para que devuelven hasta el último euro robado. Así mismo, queremos explicaciones de por qué el Consell, después de año y medio de gobierno, NO HA DECIDIDO PERSONARSE EN ESTA CAUSA, cuando anunció que lo haría en las causas penales por corrupción.
CGT presentó en julio de 2014 la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la copia se pone a disposición de los medios de comunicación, donde se pueden comprobar algunas de las tropelías cometidas por los gestores del PP.
Exigimos la depuración de responsabilidades sobre la gestión de los recursos públicos realizada por el PP en RTVV, que se exija la devolución de lo robado y se indemnice a la sociedad valenciana por TODOS los daños y perjuicios producidos a la Hacienda Pública de la Generalitat, que es el bolsillo de todos y todas nosotras.
Por si no lo recuerda el Consell, la gestión corrupta del PP en RTVV generó un agujero de 1.300 millones, queremos hablar de esto y de lo que costaron la nueva radio y televisión públicas, y no vamos a admitir un modelo de privatización neoliberal que precariza el trabajo, que favorece el control y manipulación de los medios de comunicación públicos, beneficiando a las empresas «amigas» del poder político de turno. NO LO VAMOS A CONSENTIR.
Federación Local de Valencia CGT
Valencia, 18 de noviembre 2016
Fuente: CGT-Valencia
