CGT
inicia en la Generalitat la campaña “Vamos a destapar el saqueo”
con el propósito de que paguen los responsables del expolio público.-
La Confederació General del Treball ha comenzado una campaña de denuncia del despilfarro y desvío de fondos públicos a intereses privados. El objetivo es exigir responsabilidades jurídicas y penales a los gestores de la Generalitat Valenciana.
CGT se ha propuesto
destapar hasta el último caso de saqueo y lo hará en sucesivas
entregas. Además de exigir la derogación inmediata del Decreto-Ley
1/2012 (CGT no acepta ningún recorte de los salarios de los
trabajadores porque no son responsables del déficit), el sindicato
propone que se lleve a cabo una auditoría que aclare a quién se ha
destinado el dinero público.
CGT se ha propuesto
destapar hasta el último caso de saqueo y lo hará en sucesivas
entregas. Además de exigir la derogación inmediata del Decreto-Ley
1/2012 (CGT no acepta ningún recorte de los salarios de los
trabajadores porque no son responsables del déficit), el sindicato
propone que se lleve a cabo una auditoría que aclare a quién se ha
destinado el dinero público.
La primera de las
entregas, hecha efectiva hoy entre los trabajadores y los medios de
comunicación, versa sobre la empresa pública VAERSA, adscrita a la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Tal y como señala el
informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del año 2010
“Al igual que en ejercicios
anteriores, en 2010 se han contabilizado gastos en
concepto de servicios de asesoría y defensa
jurídica, por un importe conjunto de 335.135
euros, sin previa formalización
contractual y, por tanto, sin atender a lo
establecido en las normas generales de contratación del sector
público y a los principios licitatorios previstos en el artículo
175 de la LCSP”.
Asimismo,
el informe del mismo organismo del año 2009 dice “Al
igual que en ejercicios anteriores, se han
contabilizado gastos en concepto de servicios de
asesoría y defensa jurídica, por importe de
320.000 euros,
sin que se haya formalizado un contrato que regule la
prestación del servicio y, por tanto, sin atenerse
a lo establecido en la LCSP”.
CGT
apunta que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda y VAERSA
firmaron el 2 de febrero de 2006 un convenio para que los Letrados de
la Generalitat realizaran funciones de asesoramiento jurídico y
defensa en juicio para VAERSA, por la cantidad de 3.600 euros
anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC. En definitiva
VAERSA paga 335.135 euros por un servicio que le podría haber
costado 3.600 euros al año. Es evidente que con el dinero regalado
se podría evitar el recorte de unos cuantos funcionarios de la
Conselleria.
En este sentido, CGT
exige que la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, como presidenta del consejo de administración de VAERSA,
diga públicamente a los funcionarios de la Generalitat recortados y
a los ciudadanos quién o quiénes son las personas a las que se ha
adjudicado a dedo esos contratos y que se depuren responsabilidades.
Y si no actúa inmediatamente, se exigirá que lo hagan los
Tribunales de Justicia.
Por otro lado, el
sindicato hace un llamamiento a la movilización de
los trabajadores de la función pública para frenar el descontrol
actual que afecta a la Generalitat y que pone en grave riesgo la
prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la
educación o las prestaciones sociales.
CGT-Generalitat
Valenciana, Gabinete de Prensa CGT-PV – Valencia, 20 enero 2012
Fuente: CGT-Generalitat Valenciana
