El sindicato CGT ya comunicó en diciembre de 2019 al IASS diversas irregularidades que se estaban produciendo en el Centro UTE CAM de Ateca, relativas a deficiencias en la alimentación, vestimenta, control de las medicaciones y contratación de personal sin formación para realizar las tareas requeridas en el centro. Según CGT, lo ocurrido en el mencionado centro es producto de la externalización de estos servicios a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, y a la dejación de funciones del IASS en el control de lo que en estos centros ocurre.
CGT comunicó al IASS el 19 de diciembre de 2019 una serie de irregularidades observadas en el centro UTE CAM de Ateca que gestiona la Fundación Salud y Comunidad, dependiente del IASS tras denuncias de trabajadores y trabajadoras al mencionado sindicato. Estas irregularidades tenían que ver con la comida (escasa, personal sin carnet de manipulador de alimentos, ausencia de controles de calidad, menús insanos, no respeto de las creencias religiosas de muchos menores…), el suministro de medicaciones (sin registro), la ropa (escasa, no adaptada a las diferentes temperaturas del año…), a las contenciones físicas (excesivas, abusivas, y realizadas por personal sin formación), y de condiciones laborales de los y las trabajadoras, con horarios ilegales por excesivos, ausencia de formación para las tareas requeridas, exigencia de disponibilidad total y un ambiente de trabajo pésimo, condiciones laborales que generaban una renovación total del personal cada pocos meses.
Desde el sindicato quieren recalcar los problemas generados por la insistencia de la administración en gestionar el sistema de protección y reforma del Gobierno de Aragón externalizando el servicio, lo que lleva a una precarización de los trabajadores y trabajadoras del sector (cobran entre un 50% y un 60% de lo que cobrarían siendo empleados públicos) y a una insuficiente supervisión por parte del IASS de lo que ocurre en estos centros, que al parecer ni es consciente de la cualificación de los y las trabajadoras que se contratan.
Desde CGT recuerdan que para trabajar con estos menores se exige un grado superior de integrador social, o un grado universitario de educación secundaria social, y que tanto las empresas concesionarias como el IASS deben garantizar que todo el personal tiene esta formación. El problema, apuntan desde fuentes sindicales, es que “se trata de un sector muy mal pagado, lo que dificulta encontrar personas con la formación necesaria dispuestas a trabajar por 1,300€ en un trabajo tan exigente tanto fisica como emocionalmente”, por ello “insistimos en que es necesario regular el sector, tarea en la tanto las empresas como el Gobierno de Aragón y el IASS tienen mucho que decir, ya que pueden apoyar la firma de unos convenios autonómicos, el de protección y reforma y el de ocio educativo, que dignifiquen las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras, en lugar de bloquear ambos convenios como están haciendo en la actualidad.
Fuente: CGT-Enseñanza Zaragoza
