Esta sentencia, que declara la improcedencia del despido de uno de sus empleados, es el primer pronunciamiento judicial de una serie de irregularidades denunciadas ante la Inspección de Trabajo. CGT hace públicas algunas de las actuaciones de la Fundación a la que Bienestar Social destina 430.000 euros anuales y cuya presidenta es la Consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel.
a Fundación CeiM (Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes) cuenta en su patronato con miembros de la Compañía de Jesús y cargos de la Generalitat Valenciana. Además de los fondos públicos que percibe directamente de Bienestar Social (430.000 euros) y del SERVEF, se financia mediante acuerdos de colaboración con entidades como Bancaja y La CAM.
En definitiva, el volumen de fondos manejados por CeiM no es desdeñable, algo que contrasta con las partidas presupuestarias cada vez más recortadas destinadas a otras áreas. Sin embargo, tal y como afirma el ex trabajador afectado por el fraude en la contratación y posteriormente despedido de forma improcedente “el caos organizativo es absoluto. Desde el cambio de gerencia en el 2004, se da una situación de arbitrariedad en la toma de decisiones que afecta, por supuesto, a las 24 personas que están en nómina y al resto de personal como inmigrantes y becarios sin contrato”.
La Inspección de Trabajo ha visitado dos veces el CeiM (ubicado en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia). La primera de ellas no levantó acta de infracción pero avisó de la utilización desproporcionada y poco transparente de becarios. Esta semana, la Inspección ha acudido por segunda vez y, aunque al sindicato le consta que ha habido “huida” de personal para esquivar la presencia del inspector, se espera que, al menos, se sancione a la Fundación por alguna de las irregularidades que se producen como el empleo de profesores para dar cursos del SERVEF sin contratos de trabajo o los convenios con el SERVEF y otras entidades que sólo se cumplen en parte.
Tal y como declara Gumer Pardo, uno de los responsables del Àrea Pública de CGT-PV “Bajo la figura de entes colaboradores como el CeiM, se está privatizando la Administración Pública. Estas estructuras gestionadas por manos privadas e incluso la Iglesia son favorables a corruptelas de este tipo e inciden en el empeoramiento del servicio que debiera darse a sectores desfavorecidos y por supuesto en la precarización y violación de las condiciones legales de trabajo”.
Por último, cabe recordar que el CeiM trata de integrar y formar laboralmente a los inmigrantes en un intento de aunar todas las pequeñas organizaciones que en su día atendían al colectivo. Con semejante política del Partido Popular, subvencionando estas actuaciones pero gestionándolas una entidad privada, sólo se logra perjudicar a quien, hipócritamente, se dice proteger.
Fuente: Àrea Pública CGT-PV / Gabinete de Prensa CGT-PV
