Desde hace ya demasiados años, cuando oímos la palabra “reforma” se nos disparan las alarmas. Empleada eufemísticamente, “reforma” suele ser sinónimo de importantes recortes, pactados, impuestos o consentidos, de derechos sociales. La última andanada la padecemos desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió hace nueve meses abrazar definitivamente el catecismo neoliberal. Diríamos que con izquierdas así, no hacen falta derechas.
Zapatero se ha dedicado a castigar con saña a la mayoría de su propio electorado, haciendo el trabajo sucio hasta unos límites que difícilmente la derecha se hubiera atrevido a alcanzar. Entre otras medidas de recortes del gasto social, tres “reformas” se han implementado contra los intereses de la ciudadanía: La Reforma Laboral, La reforma de las Pensiones y la Reforma del Sistema Financiero.
Zapatero se ha dedicado a castigar con saña a la mayoría de su propio electorado, haciendo el trabajo sucio hasta unos límites que difícilmente la derecha se hubiera atrevido a alcanzar. Entre otras medidas de recortes del gasto social, tres “reformas” se han implementado contra los intereses de la ciudadanía: La Reforma Laboral, La reforma de las Pensiones y la Reforma del Sistema Financiero.
Como en su día denunciábamos, la “Reforma Laboral” ha demostrado su ineficacia para generar empleo (1), dejándonos con la herencia del abaratamiento del despido y la destrucción de la seguridad jurídica de los puestos de trabajo. De igual manera, la “Reforma de las Pensiones”, esta vez a través del pacto con la burocracia sindical cómplice de CCOO y UGT, lejos de garantizar el cobro de las mismas, supone una rebaja del 20% de las prestaciones totales, además de la exclusión de importantes sectores de trabajadores, en especial los precarios, del acceso al sistema público de pensiones. La tercera gran reforma, la llamada “del Sistema Financiero”, está centrada casi única y exclusivamente en el proceso de privatización de las Cajas de Ahorro.
Todas las “reformas” han necesitado de la creación previa de un “estado de opinión” que las favorezca. A la “reforma laboral” le precedió una campaña sobre la “rigidez del mercado laboral”, lo “caro” que resultaba despedir, o la criminalización de los sindicatos y de derechos como el de huelga.
La “reforma de las pensiones” se llevó a cabo tras una campaña de intoxicación sobre la supuesta inviabilidad del sistema público, a causa del aumento de esperanza de vida, aumento de la población pasiva, etc. La privatización de las Cajas también se efectúa, después de convencer a buena parte de la sociedad de la mala gestión que han padecido, y de rumores sobre potenciales peligros de quiebra. Medias verdades o mentiras que más pronto, o quizá cuando ya es tarde, quedan al descubierto.
Las Cajas de Ahorro han sido instituciones financieras, en teoría sin afán de lucro ni propietarios privados, al menos hasta ahora. Provienen de la evolución de los antiguos montes de piedad de los siglos XVIII y XIX. Se rigen por unos órganos de gobierno con participación de Instituciones públicas, depositantes y trabajadores de cada entidad. Una parte de sus beneficios, una vez pagados impuestos, son dedicados a proyectos sociales a través de la Obra Social.
En si mismas, estas entidades no constituyen una alternativa ética, al negocio de la banca privada, puesto que compiten en el mismo mercado con ella, en cuanto al rendimiento de depósitos, intereses de los créditos y precio de los servicios. Pero, dado que las Cajas de Ahorro poseen alrededor de un 49% de cuota del mercado financiero español, su privatización supone un bocado muy apetecible para el capital especulativo, objeto de su deseo desde hace mucho tiempo, y que ahora una clase política, enteramente a su servicio, le sirve en bandeja.
(…Seguiremos informando)
Sección Sindical de CGT-Ibercaja