El caso ’San Luis’ sigue dando que hablar. Ayer, la Confederación General del Trabajo (CGT) mostró su más enérgica repulsa a las declaraciones por parte del PP en las que se pedía el despido de los cinco trabajadores que habían denunciado malos tratos de las mojas a los ancianos en la residencia motrileña. « No vamos a consentir la caza de brujas y el acoso fascista de ningún grupo político a ningún trabajador de la residencia », dijo el sindicalista Fermín Tejero Mesa, que denunció el hecho de que « se vaya a por estos trabajadores simplemente porque no son afiliados del PP o el PA ».
Tejero Mesa recordó que « hubo un tiempo en el que a uno le podían echar del trabajo por no cantar el ’Cara al sol’, pero hoy no es de recibo que se pida el despido de un trabajador por motivos ideológicos ».
Para el sindicato, las luchas políticas entre partidos no deberían afectar jamás a la situación de los trabajadores y anunció su intención de acudir « al Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior o donde sea necesario » para parar el acoso a los trabajadores que denunciaron presuntos malos tratos en la residencia y porque « no estamos dispuestos a que se cierre en falso este proceso ».
Por su parte, la dirección del PSOE de Motril defendió ayer la actuación del equipo de gobierno « al hacer fija a una trabajadora de San Luis para evitar una ilegalidad », e indicó que apoya la estabilidad laboral en todas las empresas y patronatos municipales, además de en el Ayuntamiento.
Incoherencia
Según explicó el secretario general del PSOE de Motril, Manuel García Albarral, la oposición, con la denuncia al equipo de gobierno por haber hecho fija a una trabajadora « demuestra su incoherencia política, ya que en Limdeco pedían la readmisión de empleados y en San Luis solicitan que se expulse a cinco y que no se haga fija a otra ».
García Albarral explicó que se trata de un puesto de trabajo de naturaleza estructural, es decir, que siempre es necesario, por lo que « de no haber hecho fija a la trabajadora se habría incurrido en un delito de fraude de ley ».
En el mismo sentido se manifestó CGT, que quiso dejar claro que « durante la época de gobierno del PP y el PA » se hicieron contratos en fraude de ley para colocar en organismos públicos « a sus colegas, familiares, afiliados o correligionarios ». Según el sindicato, cuando el actual equipo de gobierno accedió al poder, se planteó regularizar todos los contratos existentes en San Luis de manera irregular. « La última trabajadora a la que se ha hecho un contrato indefinido tiene la misma antigüedad, los mismos contratos reiterados en fraude de ley (temporales para un puesto estructural) que el resto de trabajadoras a las que se les ha renovado para su continuidad », asegura Fermín Tejero, que recuerda que este proceso de contratación forma parte de un acuerdo municipal « para regularizar todas las situaciones en fraude ».
Fuente: J.M. CHICHARRO. Ideal Digital.
