El último de los tres recursos anula la convocatoria de concurso para la contratación del servicio de edición de los programas informativos de Canal 9 y el suministro de noticias. Las tres sentencias favorables cierran el círculo del proceso iniciado por el sindicato para evitar que la televisión pública valenciana pase a ser gestionada por el sector privado.
Finalmente, los intentos por parte de Villaescusa y el Partido Popular de privatizar RTVV han sido rechazados judicialmente.
Los juzgados de lo contencioso-administrativo uno y seis de Valencia han emitido sentencias favorables para la CGT que anulan las tres convocatorias de concurso. Las convocatorias significaban, según el propio fallo, la introducción de “una nueva forma de gestión, con entrada de iniciativa privada en la misma, proscrita por la normativa audiovisual vigente”.
De esta manera queda paralizada la privatización en los tres ámbitos que intentó el entonces director general de RTVV : gestión de los contenidos, venta de espacios publicitarios y de derechos de emisión de programas y edición de los programas informativos de Canal 9 junto a suministro de noticias.
Ante las tres impugnaciones presentadas por el sindicato, RTVV alegaba siempre falta de legitimidad de CGT para actuar como demandante. En este sentido, las sentencias fallan reconociendo el legítimo interés de la organización sindical y, en la última se puntualiza que no es difícil “vislumbrar un vínculo concreto entre la defensa de los intereses de los trabajadores de la mencionada empresa pública que ostenta el sindicato recurrente y el objeto del debate donde se está introduciendo una iniciativa privada dentro de la gestión pública de la radiotelevisión valenciana, y aun cuando no exista actualmente un perjuicio concreto y real sobre los derechos de los trabajadores, sí que existe un interés profesional en la estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de las condiciones y expectativas de trabajo de los trabajadores (…) que vienen cuanto menos “amenazados” con la descentralización hacia el sector privado de actividades (…)”.
Además, el texto judicial reconoce que la intención del legislador de la Ley del Tercer Canal es “constreñir la gestión de radiotelevisión valenciana al sector público” por lo que las convocatorias de concurso, el dictamen de la Comisión especial de estudio de nuevas formas de gestión de RTVV, la resolución aprobada por el Pleno de las Cortes en sesión del 12 de febrero de 2003 y el acuerdo del Consell de la Generalitat reunido el 4 de marzo de 2003 son contrarios al sentido de la Ley que han hecho valer CGT y los juzgados de lo contencioso-administrativo de Valencia.
CGT-PV se felicita del resultado del proceso de impugnación de la privatización y expresa públicamente la satisfacción ante lo que significa un paso adelante hacia la democratización del servicio público de información. Por otro lado, cabe recordar que toda privatización del sector público supone un grave perjuicio para los trabajadores, tanto para los empleados directamente por el sector (que ven mermados sus derechos laborales) como para los trabajadores como clase que ven menguados los servicios públicos y en, este caso, el derecho a recibir una información veraz y no interesada.
Para más información, 96 313 43 53, 96 383 44 40 y 618 48 22 13 (representante de CGT en RTVV)
Libertad Montesinos, Gabinete de Prensa de CGT-PV Valencia, 16 septiembre 2004
