http://www.cgtpv.org ¿Por qué será que son las grandes organizaciones políticas las que acaban accediendo a los gobiernos ? ¿Por qué será que a todas les da por lo mismo cuando han llegado al poder ? En el País Valenciano, como en otros sitios, los gobiernos tienen esa tendencia al aprovechamiento particular de los recursos públicos.
Benjamín Renovell
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¿Por qué será que son las grandes organizaciones políticas las que acaban accediendo a los gobiernos ? ¿Por qué será que a todas les da por lo mismo cuando han llegado al poder ? En el País Valenciano, como en otros sitios, los gobiernos tienen esa tendencia al aprovechamiento particular de los recursos públicos.
Un talante que, como hemos comprobado, se ve reforzado por las reelecciones y por las mayorías absolutas. De forma que en los últimos quince años estamos asistiendo a comportamientos extremos de absolutismo y apropiación : Reformas fiscales que solo favorecen al gran capital, presupuestos generales dirigidos al beneficio de unas pocas corporaciones privadas, recorte de los derechos sociales,… En el terreno de la Función Pública destacan las actuaciones dirigidas a la privatización de recursos públicos y a la destrucción de los principios constitucionales que podrían garantizar la independencia de las administraciones respecto al gobernador de turno. La Constitución Española, con todos los defectos que podamos verle, es en algunos aspectos un obstáculo más a las políticas neoliberales del capital. Por eso, los sucesivos Gobiernos se empeñan en minar sus principios más sociales. Sólo así se entiende que en sus veinticinco años no se haya desarrollado el Estatuto de la Función Pública. Sólo así se entiende el continuo deterioro al que se somete a la Ley de la Función Pública : caracterizado por un desprecio continuo a los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad que deberían regir el acceso a un empleo público.
El negocio de administrar lo público
Los sucesivos gobiernos han sacado un sustancioso beneficio con sus actos : Los procesos de privatización mueven mucho dinero a favor de quien los decide y sus amistades. Las contrataciones irregulares de empleados públicos permiten la recompensa personal, cuando no la docilidad de quienes sufren de una contratación temporal ; y también consiguen la división interna de la plantilla, consciente de los numerosos agravios comparativos y situaciones particulares que se dan entre sí.
El negocio de privatizar
En el terreno de las privatizaciones abundan los ejemplos que indican que, contrariamente a lo que se defiende desde el Gobierno, la gestión pública de recursos es menos cara, más social y, cuando menos, igual de eficaz. Pero desde el Consell se insiste en ir contra corriente y se aumentan los esfuerzos por decir lo contrario : Se incrementan las partidas presupuestarias para los centros docentes privados y se les permite establecer criterios de selección del alumnado impensables en un centro público ; para luego decir sin ningún rubor lo mal que funciona la enseñanza pública y el mal nivel de su alumnado. Se obvian los datos económicos y los casos dramáticos relacionados con el privatizado Hospital de Alcira y con las medidas de choque contra las listas de espera ; para seguir defendiendo, contra viento y marea, la extensión de este modelo al resto de centros de la red sanitaria pública. A veces los casos y sus implicaciones solo salen a la luz porque algunas organizaciones concienciadas – como es el caso de CGT – han logrado hacer público el daño que están causando estas políticas en las capas sociales más desprotegidas. Sirva de ejemplo la quiebra que del sistema social se está llevando a cabo con las política de la Conselleria de Bienestar Social : Desde la privatización de sus residencias de atención a mayores, hasta las de atención a menores tutelados. Todas estas medidas acaban teniendo afectados con nombres y apellidos, de forma que las actuaciones de esta Conselleria y sus Direcciones Territoriales, en especial la de Alicante, han acaparado muchas veces la atención de los medios de comunicación. Y la mecánica es siempre la misma : deteriorar el servicio público para apoyar su privatización. Unas veces los recursos públicos comparten un espacio sufriendo la competencia desleal de los privados. Otras veces sencillamente desaparecen, como desaparecieron, por ejemplo, las aulas con que contaba la Casa del Mar de Valencia, cuando en 1999 se transfirieron al País Valenciano las políticas activas de empleo de la gente del mar. Recientemente el SERVEF ha dado otra vuelta de tuerca cerrando las oficinas de empleo marítimo de las tres provincias.
El negocio de la inestabilidad laboral
En el terreno del empleo público, la mayoría de las administraciones ha optado por incrementar la inestabilidad laboral de sus empleados y empleadas. La Generalitat Valenciana no ha sido una excepción. En los últimos cuatro años ha incrementado su plantilla de funcionarios interinos un 50%. Prácticamente no ha habido ofertas regulares de empleo público desde que en el año 1995 el Partido Popular tomo el relevo en el Consell. ¿Por qué ? Nada más claro : habida cuenta de que el organigrama de la Generalitat Valenciana estaba prácticamente completo y que al personal fijo no se le puede despedir así como así, la única forma de colocar a quienes les ha interesado ha sido incrementar las plantillas – departamentos, direcciones, etcétera… – a la vez que rehuían el convocar procesos de selección de personal con garantías de igualdad, capacidad, mérito,… Con todo, este proceso también fue facilitado por la Administración Socialista y sus sindicatos, mediante el “estrangulamiento” de las bolsas de trabajo existentes. Esto no significa, ni mucho menos, que todos los contratados en la etapa Popular sean afines al Partido Popular ; puesto que la mecánica seguida ha sido la de camuflar al personal enchufado entre quienes no han recibido un trato de favor. Si bien es cierto que los últimos años la tendencia se está incrementando.
A su vez la precariedad del empleo público tiene más dimensiones que la de contratados temporales y funcionarios interinos : También están todos aquellos casos en los que el funcionario ocupa una plaza mediante comisión de servicios. Éste es un proceso que hace muchos años se diseñó para ser provisional – seis meses como mucho – y que hoy en día se quiere hacer cada vez más duradero – actualmente hemos llegado a los dos años por decreto -. El gobierno Popular ha aprovechado sus mayorías parlamentarias para ir aprobando normas que permitieran hacer legales situaciones de comisiones de servicio prolongadas ¡y aún así se quedan cortos ! Ahora mismo existe un importante número de comisiones de servicio que han sobrepasado su límite legal. Aunque identificarlas es una dura labor, debido al obstruccionismo de la información que ejerce el Consell y que ya le ha costado alguna sentencia judicial en su contra. Como los nombramientos en comisión de servicios son totalmente discrecionales y apetecibles para quien los acepta, hemos llegado a un nivel en el que se puede afirmar que la inestabilidad laboral del empleo en la Generalitat Valenciana se extiende a más de la tercera parte de su plantilla.
Es decir : en la Generalitat Valenciana estamos viviendo un continuo proceso de desregulación de las condiciones de trabajo y aumento de la flexibilidad, similar, en cierto sentido, a la tendencia que se vive en la empresa privada. Hay que recordar que el funcionario interino, cuando cesa, no percibe nunca una indemnización por despido, cosa que entre los contratados laborales sí puede darse el caso.
Esta situación causa notables problemas en la persona que quiere planificar y desarrollar su vida. Pero también tiene muchos beneficios para quien nos gobierna desde el absolutismo. Le sirve para crear una amplia red de favores y complicidades, y le sirve también para acobardar a quien plantee problemas. Es un hecho que el gobierno popular ha incrementado el nivel de escarmientos y de criminalización de quienes desde su puesto de trabajo público le han plantado cara. Entre los casos más llamativos están el del director de Instituto que permitió que en su centro se colocaran pancartas acusando al PP de mandarnos a la guerra de Iraq ; o el de nuestro compañero y delegado de CGT, José Santamaría, que participó en la lucha contra el desmantelamiento de la atención a menores desamparados en Alicante. Nadie se libra de la persecución. Si a un sindicato unido y coherente como es la CGT nos ha costado lo nuestro defender y salvar la imagen del compañero José Santamaría, qué no podrá hacer el PP desde el poder contra un empleado anónimo en situación de precariedad ?
Responsabilidad y complicidad
Estos hechos se dan en mayor o menor medida en muchas otras administraciones, y sus responsables, así como sus cómplices, son prácticamente los mismos en todas partes : Los gobiernos corruptos, sus empresarios afines y los sindicatos pactistas ; esto es : los institucionalizados, los que sólo defienden intereses corporativos y los claramente “amarillos”, entregados a las demandas de quien gobierna. En el ámbito del País Valenciano esto engloba a la casi totalidad de los sindicatos, con la honrosa excepción de la CGT.
En el campo de las privatizaciones, donde la oposición sólo se mantiene firme desde las posiciones de la izquierda más extrema, podemos encontrar a los sindicatos institucionales – CCOO, CSIF y UGT, principalmente – y a las patronales compartiendo la gestión de los recursos públicos, en lo que no deja de ser una maniobra privatizadora. Los ejemplos abundan, sobre todo si nos fijamos en la formación continua, en el SERVEF, y en las grandes empresas públicas desmanteladas. Incluso podemos verlos planificando y ofreciendo nuevas formas de privatización : como lo son la elaboración de planes de pensión complementarios, donde ellos se encargan de almacenar un dinero que escatiman del salario de cada empleado, en vez de organizar una lucha eficaz contra el desmantelamiento del sistema público de pensiones.
En el campo de las políticas de personal también participan activamente los sindicatos de menor tamaño. En este caso la mecánica consiste en decir una cosa y hacer otra, de forma que tanto el gobierno como estos sindicatos plantean la necesidad de reducir la inestabilidad laboral en el empleo público, llegando a fijar fechas y topes que se incumplen para después acordar nuevos plazos más dilatados. El propio Defensor del Pueblo reclamaba que se cumplieran las intenciones que la Mesa General negociadora acordó en el 2002 con el apoyo expreso de UGT, CCOO Y CSIF, donde el compromiso era el de extender e implantar medidas que redujeran la inestabilidad en el empleo público antes de que concluyera el año 2005. Este acuerdo contrasta totalmente con los acuerdos del 7 de octubre y del 23 de diciembre de 2003 suscritos a nivel de País Valenciano, que se conforman con conseguir que en el año 2007 la temporalidad en la Generalitat sea del 10%. ¡Sin compromiso alguno de sacar todas las vacantes a oferta pública, ni de dejar de contratar nuevos interinajes – muy al contrario : han establecido también la posibilidad de nombrar interinos en jefaturas !.
La oposición frontal desde la CGT
En una empresa como la Generalitat Valenciana, de carácter público – aunque cada vez menos -, compleja y extendida por las tres provincias, las secciones sindicales de CGT en las diferentes Consellerías han acabado por constituirse como una única sección sindical de empresa, para poder dar una respuesta coordinada a tantos problemas comunes. Un proceso especialmente decisivo fue la elaboración asamblearia del programa electoral. En este programa destaca la firme oposición a los procesos privatizadores y a la perversión del empleo público. Es muy interesante echarle un vistazo al informe que el Defensor del Pueblo elaboró en su monográfico del 2003 sobre políticas de personal en las administraciones públicas. Prácticamente la totalidad de recomendaciones que se hacían coincidían con las elaboradas por la sección sindical de CGT Generalitat :
• insistir en las ofertas de empleo público anuales ; • Insistir en la aplicación efectiva de los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso al empleo público ; • no consentir nuevas contrataciones irregulares ; • extender al personal interino garantías y derechos que les eran negados : como el cobro de trienios, la reserva del puesto en permisos y licencias tales como el de maternidad,… • considerar excesiva una interinidad del 10% ;
Pero en la CGT de Valencia hemos ido más allá, decidiendo combatir las privatizaciones desde la equiparación de las condiciones laborales de quienes están desempeñando servicios que corresponden a la administración en contratas privadas. Allá donde hemos conseguido introducirnos se están planteando estas equiparaciones : IVADIS, Centro Dona 24 Horas, META10, EULEN, TRAGSA, VAERSA,… Porque si estas trabajadoras y trabajadores cobran menos que los de Conselleria por el mismo trabajo ¿Dónde va a parar lo que se está pagando de más por esos servicios ? Al bolsillo del empresario privatizador, claro está. Esta reflexión es tan incómoda que supuso el ataque contra nuestra delegada Encarna Canet, de la Unión Temporal de Empresas “Centro Dona 24 Horas”, injustamente despedida y vuelta a admitir tras las concentraciones de protesta que realizamos la CGT. Detrás de la medida represiva se podían adivinar las manos tanto de los empresarios adjudicatarios como del entonces Conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, cuyo nombre aparecía vinculado día sí día no a estas empresas privadas. Recientemente se ha constituido en el seno del Área Pública de la CGT de Valencia el Sector de las Empresas de Servicios Públicos Privatizados. Un modelo de trabajo que se presenta y debate ahora mismo en el Pleno de la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública (FETAP) de este mes de mayo, con la intención de hacerlo extensivo al Conjunto de la CGT.
Los resultados electorales en las elecciones sindicales del 2003 han supuesto un problema en esta lucha. No es que fuera un retroceso con pérdida de votos, al contrario : CGT obtuvimos un ligero incremento de votos ; pero quedó eclipsado por un gran aumento del censo de trabajadores ¡Casi cuatro mil trabajadores más ! Principalmente contratados interinos. Y también influyó el incremento de participación que supuso la aparición de la candidatura del personal interino IGEVA, que se convirtió de golpe en la fuerza más votada. No alcanzar la representatividad necesaria para formar parte de la Mesa Negociadora de la Función Pública supone una limitación a la hora de enfrentar la rapiña del poder. Sobre todo porque no existe una alternativa similar a la CGT en la que complementarse : las fuerzas sindicales más representativas han llegado a un triste acuerdo con el Consell de Camps para que éste siga contratando a quien quieran y como quieran. Y las que no han firmado estos acuerdos lo han hecho en base a motivos poco relevantes. Esto nos obliga a afinar con más cuidado cada acción que emprendamos, tanto las judiciales como las de toma de la calle.
Las acciones Judiciales las dirigimos principalmente a frenar en lo posible los procesos privatizadores y, como no, los despropósitos de la política de personal. La reciente sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo número1 de Valencia ganada por C.G.T.-P.V. contra la introducción de la gestión privada en la Radio Televisión Valenciana, sería un buen ejemplo de lo primero. El recurso contra las Relaciones de Puestos de Trabajo publicadas el 2003 que planteamos desde CGT-Generalitat Valenciana otro ejemplo de lo segundo. Igualmente estamos estudiando jurídicamente la aplicación de los acuerdos citados antes, para evitar que puedan salir adelante acciones que vulneren los principios básicos de la Ley de la Función Pública.
Pero mientras las actuaciones jurídicas siguen el lento ritmo de los tribunales, hemos decidido presentar a la Mesa Negociadora las diferentes propuestas que constituyeron nuestro programa electoral, para que las haga suyas si quiere. Hemos comenzado este mes de abril con las propuestas de recuperación salarial (cláusula de revisión salarial, pagas extra, aumentos salariales lineales, trienio único,…) Y de tanto en tanto, seguimos ocupando la calle. Últimamente para defender la sanidad pública y el derecho a una escuela pública y laica ; aunque habremos de esforzarnos en hacer comprender a todas las trabajadoras y trabajadores públicos que hay que ejercer una oposición también desde el propio puesto de trabajo. Existen muchas posibles actuaciones ; pero todas pasan por un primer acto de darse cuenta : un acto de pensamiento crítico.
