La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha dictado una Sentencia a favor de CGT en virtud de la cual se viene a poner fin al carácter exclusivo y excluyente que se pretendía dar a las conciliaciones laborales celebradas ante el Servicio de Relaciones Laborales – Serla de Castilla y León, ente que viene constituido por los intereses privados de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y de la representación empresarial que ostenta Cecale.
Con la demanda interpuesta por CGT hemos logrado que esa exclusividad, que se pretendía no fuera otro hecho consumado más de privatización de un servicio público, salpicado de intereses y beneficios ajenos al interés general.
Con la demanda interpuesta por CGT hemos logrado que esa exclusividad, que se pretendía no fuera otro hecho consumado más de privatización de un servicio público, salpicado de intereses y beneficios ajenos al interés general. Desde finales de julio de 2018, las y los trabajadores podrán optar por continuar utilizando la oficina pública de conciliaciones laborales, sin verse obligados a acudir a un organismo extraño y ajeno, que en ocasiones perjudicaba la actividad de otras organizaciones sindicales, al tener que desvelar ante los sindicatos mayoritarios y la patronal las acciones individuales de su afiliación.
Además, gracias a esta sentencia hemos conocido que 10 de los 36 conciliadores mediadores designados por las partes (a los que se paga por acto de conciliación), carecen de formación relacionada con las relaciones laborales y 3 de ellos solo ostentan el título de graduado escolar. Formación que, desde CGT, consideramos cuanto menos insuficiente para poder desarrollar una conciliación laboral. Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación ya cuenta con una plantilla de 18 funcionarios, 9 de ellos con titulación superior, que venían haciendo las conciliaciones sin coste adicional alguno. En los presupuestos de Castilla y León para 2018 la Fundación recibe 457.500 €.
La mencionada sentencia todavía no es firme, pero es clara en sus argumentos y en el contenido de su fallo: “ESTIMAMOS la demanda interpuesta (…) en nombre y representación de CONFEDERACIÓN TERRITORIAL C.G.T. DE CASTILLA Y LEÓN contra SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES (SERLA), CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEON (CECALE) y los sindicatos COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) y UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.), con intervención del M.FISCAL, sobre CONFLICTO COLECTIVO (impugnación de acuerdo interprofesional), y declaramos la nulidad parcial de la modificación del III Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León suscrita el 6 de abril de 2017 (Bocyl de 12-4-17), en concreto de sus art 2.3, 16.1 y 25.1, que quedaran sin efecto, y, por consecuencia, la validez y legalidad de las conciliaciones solicitadas y celebradas ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la respectiva Oficina Territorial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Catilla y León.”
La sentencia evidencia cuál es la intención de la última reforma: “[…] imponer como obligatorio el intento de conciliación previo ante el SERLA en los conflictos individuales, incluso en contra de la voluntad de las partes del conflicto, lo que supone asimismo de facto un desapoderamiento del órgano conciliatorio administrativo.”
En definitiva, y siguiendo en la lucha por la defensa de “lo público”, hemos alcanzado un resultado que, al menos, impedirá el monopolio y la gestión privada de las conciliaciones laborales individuales de todas y todos los trabajadores de Castilla y León que no quieran someterse a este sistema creado para un beneficio que no es el interés general.
¡¡CGT POR LO PÚBLICO, POR LO COMÚN!!
Fuente: CGT-Castilla y León
