El secretario general del sindicato CGT de Segovia ha exigido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que paralice de inmediato las actuaciones realizadas hasta el momento respecto del patrimonio sindical existente en Segovia, además de que se adopten « nuevas y consensuadas iniciativas que preserven los derechos de todas las partes ».
CGT se ha dirigido a la Subdirección General del Patrimonio Sindical para exponer que el Ministerio ha « favorecido alevosamente a unas organizaciones en detrimento y evidente perjuicio de los derechos de otras ».
Este sindicato considera que tiene « intereses legítimos tan indiscutibles como reconocidos » sobre el patrimonio sindical, que en el caso de Segovia capital se concreta en el edificio de la avenida de Fernández Ladreda, ocupado actualmente por la Federación Empresarial, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y el Juzgado de lo Social en virtud del denominado ’pacto de las Crujías’.
Incautación
CGT apunta en su escrito al Ministerio de Trabajo que rechaza la « incautación ilegal » de los espacios que van quedando libres en el edificio de Fernández Ladreda por las citadas organizaciones empresariales y sindicales a medida que han ido quedando vacías las dependencias que ocupaban Trabajo y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo.
La demanda de CGT se produce también después de que se haya anunciado el próximo traslado del Juzgado de lo Social a los locales propiedad de la Federación Empresarial de la calle Domingo de Soto.
« Hay que resaltar la desafortunada actuación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en todos sus niveles », señala el secretario general de CGT, Julio César Sanz Polo. En su opinión, la Administración laboral debe ser « responsable y garante último » de los principios democráticos, pero en este caso, « falazmente amparado por la legislación del Patrimonio Sindical, ha conculcado los derechos de los trabajadores y los de otras organizaciones, violando el principio de libertad sindical ».
Sanz Polo indica que ha intentado mantener comunicación con el Ministerio para denunciar « hechos y actuaciones claramente reprobables y preservar el equilibrio entre las partes afectas al patrimonio sindical », pero, añade, sólo ha obtenido « vaguedades y silencios que, a la vista de lo que está ocurriendo, no amparaban más que a la prepotencia y la ilegalidad de oscuros grupos de intereses, ajenos a los trabajadores ».
El primero en incumplir su responsabilidad « por acción u omisión », según Sanz Polo, porque ha tenido « tiempo y autoridad suficiente » para haber actuado de acuerdo con « la auténtica realidad social ». Sin embargo, añade, ha establecido « un sistema que sólo busca la instalación de oscuros grupos de poder » y que ha « usurpado los derechos de los trabajadores, depositarios últimos e indiscutibles del patrimonio sindical ».
