Durante la negociación del III ERE en Telefónica, a los sindicatos que finalmente lo firmaron (UGT, CCOO, STC-UTS), se les llenó la boca diciendo que no iba a suponer coste alguno para el Estado.
Sin
embargo, tras el cambio de Gobierno sigue
pendiente el desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional
16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que obliga a empresas como
Telefónica a correr durante dos años con el desembolso de las
prestaciones por desempleo y las cotizaciones sociales, de todas y
cada una de las personas acogidas a este expediente de regulación de
empleoSin
embargo, tras el cambio de Gobierno sigue
pendiente el desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional
16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que obliga a empresas como
Telefónica a correr durante dos años con el desembolso de las
prestaciones por desempleo y las cotizaciones sociales, de todas y
cada una de las personas acogidas a este expediente de regulación de
empleo, autorizado por la
administración anterior.
La Confederación
General del Trabajo (CGT) ha
reclamado en el Comité Intercentros de Telefónica, que ese importe
-de entre 2.718.000 y 3.494.575 euros cada mes, sólo en prestaciones
contributivas- si no es utilizado en beneficio de la sociedad, al
menos se traduzca en la creación de
empleo, que es otra forma de generar
riqueza en un país sacudido por las especulaciones financieras, y
gobernado realmente por instancias y personajes ajenos.
Lamentablemente,
las organizaciones sindicales
avalistas del ERE, mayoría en ese comité, han hecho oídos sordos
a una propuesta que ni debe ni puede estar sujeta a sectarismos o
siglas. Pensar sólo en primera persona deja sin futuro a nuestra
descendencia y a la suya. ¿Eso es lo que aceptan estos sindicatos?
En un momento
histórico importante con más de cinco millones de personas en paro,
los hijos e hijas de todas y de todos reclaman acciones solidarias y
compromisos reales de aquellas empresas que generan notables
beneficios a pesar de la crisis con la que, machaconamente, desde la
casta privilegiada, se sigue castigando e incluso culpando a quienes
tienen la condición más humilde y desprotegida.
El Estado y
especialmente el Gobierno tienen su cuota de responsabilidad, pero al
Partido Popular le es más sencillo imponer, a partir de febrero, un
incremento del IRPF que exigir a Telefónica que pague lo que por ley
le corresponde. El esfuerzo o es
solidario o se convierte en un acto autoritario.
Sind. Federal de Telefónica CGT
Fuente: SFT CGT
